Redacción Digital

La presidente siempre consagró en sus monólogos, un reinado de falacias. Desde su tono catedrático y ante una audiencia que sólo asiste para aplaudir cuando ella habla, desplegó un conjunto de sofismas, uno peor que el otro, en el intento por disimular bajo palabras democráticas lo que es un copamiento absoluto de la Justicia para que termine por responder definitivamente a su sola voluntad.

Veamos una por una esas falacias…

La primera es querer atornillar en la mente de las personas, la idea de que la “democracia” y las “mayorías electorales” son unos sinónimos intercambiables. Pues bien, Sra. presidente, no son unos sinónimos intercambiables. “Democracia” es el sistema por el cual pueden convivir civilizadamente ideas diferentes y opiniones distintas. “Voluntad mayoritaria” es precisamente eso: el sentido en el que se ha expresado una mayoría circunstancial para elegir un gobierno, no para discernir la razón.

La segunda falacia, (directa consecuencia de la primera) es que para ser “democrática” la Justicia debe fallar en el mismo sentido que se expresan los poderes políticos votados en las elecciones. Todo fallo de la Justicia que vaya en contra de lo que quieren o de lo que son los pareceres de las autoridades electas, se reputa como “no-democrático”. La Justicia debe fallar por la verdad probada en los expedientes, no según quiénes sean las partes, si de la “mayoría” o de las “minorías”.

La tercera, claramente, es que lo que son las opiniones y  -fundamentalmente- los intereses personales de los funcionarios electos son las opiniones y los intereses del pueblo. Ésta probablemente sea la falacia más fantástica y más “conveniente” de todas. Consiste en generar una especie de “carácter transitivo de la igualdad” por el cual, la voluntad del “todo” es la voluntad de la mayoría y la voluntad de la mayoría la represento yo (por lo que mi voluntad es la voluntad de la mayoría), ergo, mi voluntad es la voluntad del todo.

La cuarta falacia (directa consecuencia de la conjunción de la segunda y la tercera) es que, fallando de acuerdo a las opiniones e intereses de los funcionarios, la Justicia respeta la voluntad popular. Como la voluntad de los funcionarios (léase de la presidente), es la voluntad de la mayoría y ésta es la voluntad “popular” (en el sentido del “todo”); la Justicia solo puede respetar la voluntad popular si falla en el mismo sentido de la voluntad del todo, es decir de la voluntad de la presidente.

La quinta falacia (derivada también de la primera) es que la Justicia, aun siguiendo este criterio, puede seguir siendo “imparcial” (como se supone que debe serlo) aunque se sepa de antemano que cuando los intereses particulares se opongan a los del Estado (en realidad a los de la presidente), la Justicia deberá fallar a favor del Estado, porque sólo de esa manera su fallo se alineará con las opiniones e intereses de la presidente que, de acuerdo a este criterio y por carácter transitivo, son las opiniones y los intereses del pueblo.

Esta falacia es probablemente la más elaborada de todas y la que esconde la falla más grosera de todo este razonamiento, si es que se le puede dar ese nombre a esta farsa.

La Justicia jamás podría alinearse con la voluntad mayoritaria, porque la voluntad mayoritaria es parcial por definición. Como existe una voluntad mayoritaria que expresa un criterio, también existe una voluntad minoritaria que expresa otro. La vida en democracia sólo es posible donde los dos criterios pueden convivir. Obviamente que la Justicia pueda darle la razón a la voluntad minoritaria forma parte de esa convivencia.

Este principio, se deriva naturalmente de que en las elecciones no se vota por quien tiene razón sino quien gobierna. El que gobierna puede no tener siempre razón y para decírselo, es que existe precisamente la Justicia. Si se eliminara esa posibilidad bajo el argumento de “democratizarla” se eliminaría la razón de su existencia y, para el caso, convendría directamente hacerla desaparecer.

Desde que comenzó la discusión de la ley de medios y los particulares desesperados por defenderse de la arbitrariedad, comenzaron a interponer medidas cautelares, y la presidente se enfureció contra ellas. En uno de sus tuits iniciales dijo textualmente “La Justicia le ata las manos al Estado”, cuando los jueces concedieron esas protecciones a los particulares atacados.

Fuera de sí, la Sra. de Kirchner no llegó a entender el alcance de aquellas, sus propias palabras. Se trataba de una confesión tácita de varias de sus convicciones más íntimas. Una, claramente, es que la presidente cree que el Estado es ella y que le molesta soberanamente no ver materializada su voluntad.

Otra, es que ignora olímpicamente que, efectivamente, la Justicia fue creada para entre otras cosas, atarle las manos no al Estado, sino a ella, cuando ella intente avasallar los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Y por último, con esa frase, la presidente nos dice que no sabe que la Justicia es tan “Estado” como ella, y que en tanto poder independiente del Estado, está no sólo facultado sino obligado a balancear el ejercicio del poder.

Resulta muy difícil que un país funcione institucionalmente como marca su Ley Fundamental cuando la figura que preside el sistema ignora los palotes más rudimentarios de sus mecanismos. Aunque permítasenos dudar si la presidente no los conoce o le conviene no conocerlos.

Por Carlos Mira