Redacción Digital

Corrupción total, delincuencia en el Congreso Nacional, mala administración, demagogia, subsidios insostenibles e incumplimiento de fallos plantean un futuro muy oscuro para los actuales y los futuros jubilados.

La sangría de los fondos destinados a los jubilados no cesa, con el agravante de que ese dinero no va a parar a los bolsillos de quienes deberían ser sus únicos destinatarios, ni a inversiones para poder abonarles a los actuales aportantes y a los futuros beneficiarios del sistema. Como ocurre desde hace años, ese dinero lo pide prestado el Gobierno, mientras sigue demorando el pago de las sentencias ganadas por los jubilados para que les actualicen sus paupérrimos haberes.

Al mismo tiempo, el Gobierno se dio el lujo de lanzar una nueva moratoria, que estará abierta hasta septiembre del año próximo, que permite jubilarse a hombres y mujeres que no reúnen los 30 años de aportes mínimos. Una vez aprobada la jubilación por moratoria, los beneficiados tendrán que pagar la primera cuota, mientras que las restantes las deducirá la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) de los haberes previsionales. En total son 60 cuotas que se ajustan cada seis meses mediante el índice de movilidad.

Esta medida intenta otorgar cobertura a trabajadores que, por haberse desempeñado en negro, carecen de aportes. La finalidad es loable, y al terminar 2014 ya cobraban 140.000 personas y se habían presentado 650.000 solicitudes, pero la enorme duda que plantea esta política previsional es cuánto tiempo resistirá un sistema que ve saqueados sus fondos por quienes, en vez de administrarlos como corresponde, los destinan al proselitismo, cuando lo que en verdad deberían hacer es pagar en tiempo y forma montos acordes con los aportes realizados sin colocar a los jubilados en la angustiante situación de iniciar largos, costosos y engorrosos juicios para ajustar sus haberes.

Por medio de la Anses, el Gobierno ha contraído y sigue incrementando una monstruosa deuda interna que deberán afrontar las próximas administraciones y sufrir las futuras generaciones. En los primeros siete meses de 2014, la Anses tuvo que prestarle al Tesoro Nacional (llámese bolsillo de la presidente y secuaces), 23.503 millones de pesos provenientes de las arcas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El instrumento empleado fueron ocho Letras del Tesoro suscriptas por el organismo previsional. No es difícil imaginar su incobrabilidad frente a la creciente y proyectada insolvencia fiscal del gobierno nacional.

La otra cara de este largo, cruel y hasta ahora impune saqueo, son los dramas que padecen los jubilados y que constituyen un espejo de lo que les aguarda frente a ese drenaje del FGS.

Cuando estaba por cumplir 101 años, Federico Roller publicó una carta en el diario La Nación, en la que narró que hacía dos años había obtenido una sentencia que ordenaba ajustarle la jubilación. En esas líneas, le recordó a Diego Bossio, director ejecutivo de la Anses: "Fuimos los mayores quienes aportamos al país con nuestro trabajo durante muchos años. Por derecho, nos corresponde disfrutar en vida del dinero que se nos debe". Antes, planteó dos preguntas desgarradoras: "¿Qué debo esperar? ¿O es que espera que yo pase a mejor vida?".

El saqueo del dinero de la clase pasiva lleva ya mucho tiempo y se acrecienta cuanto más aumentan las urgencias financieras del Gobierno. Éste se apropia de fondos que no le pertenecen, empleándolos como un botín de guerra para financiar planes sociales, créditos baratos para empresas, emprendimientos de Energía Argentina SA (Enarsa), un programa de entrega de netbooks y la compra de bonos para cubrir el déficit del Tesoro. A lo largo de estos años se ha desvirtuado la función de la Anses al politizarla y malversar el dinero de los aportantes y las inversiones, que deberían estar exclusivamente destinadas al servicio previsional.

En 2012 un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), señaló que se observaba una "ausencia integral de gestión financiera" en el manejo del FGS, que comprende los fondos acumulados de las desaparecidas AFJP, títulos públicos, depósitos bancarios y acciones. Ese mismo año, el Gobierno anunció que emplearía dinero de la Anses para financiar un plan de créditos accesibles para construir viviendas, al tiempo que confirmaba que seguiría desobedeciendo a la Corte Suprema de Justicia, tribunal que le había reclamado no apelar las sentencias y pagarlas sin demora.

Ésa fue la política con la que el Gobierno llevó a cabo el saqueo: la permanente postergación de los ajustes de los haberes pese a los fallos que ordenan su actualización, los que a su vez contaban con la confirmación de la Cámara, y pese a que la propia Anses se había comprometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, a no apelar los juicios ganados por los jubilados por reajuste de haberes. No lo hizo.

Debido a la mala administración, a los subsidios insostenibles, al derroche de fondos en el mantenimiento de empresas crónicamente deficitarias, como Aerolíneas Argentinas, y a la imposibilidad de acceder al crédito externo, el Gobierno endeuda progresivamente al Estado consigo mismo, pues los principales tenedores de la deuda pública son el Banco Central, el Banco Nación y el FGS de la Anses.

Ninguna culpa tienen los jubilados actuales y los futuros de los desmanejos oficiales, pero por lo visto, su desamparo y su indefensión los han convertido en presa fácil de un gobierno que, en este como en otros campos, no puede esconder su prepotencia y su sadismo. Así, no debe extrañar que presos que cumplen condenas por graves delitos lleguen a cobrar más que los ex trabajadores que perciben una jubilación mínima.

Por Armando Maronese