Redacción Digital

Sufrimos sistemáticamente “corrupción e impunidad activa”. Cristina K apenas supo de la novedad del allanamiento a la sede de la empresa que administra sus Hoteles, se subió a un avión rumbo a El Calafate, “su lugar en el mundo”; estaba en reposo por el episodio de la “sigmoiditis” que la tuvo internada en el “Sanatorio Otamendi y Miroli S.A.” Trascendió desde la Rosada, que Cristina K tiene información de que un grupo de Jueces Federales, redoblarían en los próximos meses la velocidad de sus investigaciones contra ella y sus funcionarios, lo que habría provocado una crisis en la Primer Mandataria.

Creería que estos allanamientos ordenados por una denuncia que lleva apenas unos días, indicarían que hay algo en su contra, ya que es extraño que Cristina K se altere tanto por pesquisas judiciales, ya que el avance del Gobierno estos últimos meses con las reformas al Código Civil y al Código Procesal Penal, le otorgarían amplia protección por este tipo de imputaciones. También que la Justicia Suiza realizara su propia investigación sin necesidad de una sentencia previa, y confiscara alrededor de quince millones de dólares en cuentas pertenecientes a una Fundación del empresario “amigo del poder” Lázaro Báez, habría hecho lo propio.

Entre “operaciones” y “contraoperaciones”, siguió la embestida del Gobierno Nacional en torno a la Justicia. El viernes pasado el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, abogado personal de la titular de la “Fundación Madres de Plaza de Mayo” Hebe de Bonafini, denunció por “sedición” a los Senadores Nacionales Juan Carlos Romero, Gerardo Morales, Carlos Reuteman, Fernando Solanas, Gabriela Michetti, Ernesto Sanz y Luís Juez; donde los acusa de negarse a tratar la designación del nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los Jueces y Fiscales que se atreven con sus investigaciones al Poder, son el Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral, el Fiscal Guillermo Marijuán y el Fiscal Cesar Augusto Troncoso, en el marco de la investigación a la Procuración General de la Nación por supuesto espionaje a Fiscales. La Jueza Federal María Romilda Servini de Cubría, y el Fiscal Eduardo Taino por la investigación en el “Tráfico de Efedrina” y en “Fútbol para Todos”. El Juez Federal Claudio Bonadío y el Fiscal Carlos Stornelli, por la investigación y allanamiento a “Hotesur SA”; por mencionar algunos de los más importantes.

Veamos de qué se tratan las denuncias a “Hotesur SA”, “Espionaje a Fiscales”, “Tráfico de Efedrina”, “Fútbol para Todos” y a Senadores Nacionales por “Sedición”.

Hotesur SA

El Juez Federal Claudio Bonadío y el Fiscal Carlos Stornelli llevan adelante la investigación de los Hoteles de Cristina, lo que provocó distintas reacciones de funcionarios públicos, y en algún caso como la que instó Luís D’Elia, absolutamente repudiable, al decir en su cuenta de Twitter, "Debemos dejar clavada en una pica la cabeza de Bonadío, en la vereda de Comodoro Py”. Estos días el Jefe de Gabinete de Ministros Jorge Capitanich, había hablado de un "golpismo activo" del Poder Judicial. "Destitución ya" también apuntó el piquetero como latiguillo a tono con la postura oficial, pidió decirle "no al golpe de la mafia judicial”.

Es un intento del ex funcionario kirchnerista, para fortalecer las declaraciones que hizo el jefe de Gabinete Jorge Capitanich contra la pesquisa judicial sobre el patrimonio de la Presidente Cristina Kirchner, en particular, a la investigación y el allanamiento a “Hotesur SA”, una empresa hotelera de la Presidente investigada por no presentar balances y por supuestas contrataciones ficticias, que podrían implicar el delito de lavado de dinero y que consisten en que el empresario Lázaro Báez reservó y pagó en el Hotel “Alto Calafate” -uno de los tres de la mencionada empresa- más de un millar de habitaciones que nunca se ocuparon entre 2010 y 2011, por un monto de varios millones de pesos. El activista y “barra brava oficialista” fue más allá, calificándolos de “mafia” y de buscar un supuesto “golpe destituyente”.

El Gobierno “convencido” de que hay Jueces y Fiscales que tienen lazos políticos con la oposición, acusó a la Justicia de llevar adelante una "estrategia de golpismo activo" por allanar una firma que le atribuyen a Cristina K. Capitanich fue el primero en defenderla, la instrucción presidencial en un intento de politizar las causas judiciales que pudieren afectar a Cristina K siguió con el Ministro de Defensa Agustín Rossi, quien sostuvo que “es inexplicable y no tiene razón de ser, está asociada a una fuerte propagandización por parte de los medios de comunicación opositores”; siguió con la participación del Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, que dijo “el propósito perseguido es dañar la investidura de la Presidenta y bastardear la opinión pública”.

La Presidente del bloque de Diputados del FPV Juliana Di Tullio, hizo lo propio al decir “la oposición recurre a sus Jueces para intentar voltear a Cristina”; el Gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri lo refirió “como un apriete liso y llano”, en tanto que el Diputado kirchnerista Edgardo Depetri mas llanamente cruzó con un “armaron esta operación infame y mentirosa para ensuciar la figura de Cristina”; el Senador Nacional por Santa Cruz Pablo González, completa la disposición presidencial diciendo “hay Fiscales y Jueces a los que les gusta mediatizar sus decisiones y son funcionales a las corporaciones o sectores que están en contra del gobierno”.

Espionaje a Fiscales

El Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral, ordenó procedimientos en la Procuración General de la Nación que cuya titular es Alejandra Gils Carbó. La diligencia fue ordenada por pedido del Fiscal Guillermo Marijuán, donde se realizó un allanamiento con personal de la Policía Federal en la Sede de Belgrano al 900, por supuesto espionaje a Fiscales, iniciando la causa la denuncia del Fiscal Cesar Augusto Troncoso a Romina Pzellinsky, funcionaria vinculada a Gils Carbó; el supuesto espionaje habría sido sobre dos dictámenes, uno radicado en la Fiscalía 5 y otro en la 23, las dos a cargo del Fiscal Troncoso.

Romina Pzellinsky, según la denuncia, "abusó de las funciones propias de su cargo" ya que no estaba autorizada a acceder al sistema FISCALNET -pone en red a todos los Fiscales-, ni a obtener copias de los dictámenes. "No descarto que el acceso haya sido más amplio e involucre y perjudique a otras dependencias, tanto Fiscalías Nacionales de instrucción como Fiscalías Federales", dijo el Fiscal Troncoso en su denuncia.

Tráfico de Efedrina

La Jueza Federal María Servini de Cubría, citó a declaración indagatoria a los hermanos Miguel y Máximo Zacarías, el 11 de diciembre y el 17 del mismo mes respectivamente, ambos ex funcionarios del Gobierno Nacional; en la causa que se investiga el trafico de efedrina, en la que está procesado el ex titular del SEDRONAR (Secretaria de programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico) Ramón Granero.

Ramón Granero es oriundo de Santa Cruz y era hombre de suma confianza del fallecido ex Presidente Néstor Kirchner, había sido también en su gestión Director del PAMI y Director de ENARSA, cargo al que renunció al ser procesado en esta causa. Miguel Zacarías fue secretario de Granero y Máximo Zacarías fue Jefe de ceremonial del PAMI.

Uno de los lideres de “La Cámpora”, el Diputado Nacional Eduardo “Wado” de Pedro, apareció fotografiado esta semana pasada en un acto en la provincia de Santa Cruz con Miguel Zacarías, lo que obligó a de Pedro a brindar explicaciones públicas.

Fútbol para Todos

La Jueza Federal Servini de Cubría también intervino en esta causa, donde ordenó allanar 25 Clubes de Fútbol de Primera A y de la B Nacional. Es por el reparto de millones de Pesos que la Jefatura de Gabinete de Ministros paga desde 2009 a la Asociación del Fútbol Argentino -AFA- por los derechos de televisión. La Jueza procura establecer la ruta de los 12 cheques que año a año, la AFA entrega a los Clubes para pagarles su parte de los derechos televisivos. También investiga los contratos de las empresas que son proveedoras del servicio de “Fútbol para Todos”, entre ellas están “La Corte”, “Farolito International Entertainment”, “Wayson”, “Video 4”, “VTS”, y “Recordvisión” entre otras.

La causa Judicial tiene como imputados al Jefe de Gabinete Jorge Capitanich y sus dos antecesores en el cargo, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal Fernández, lo estuvo el Presidente de AFA Julio Grondona hasta su muerte. La investigación de Servini de Cubría, busca determinar si los funcionarios cometieron malversación de caudales públicos, entre otros delitos.

Jorge Capitanich en su habitual “conferencia de prensa” matutina en la Casa de Gobierno, se apresuró a sostener que “no recibió ninguna notificación formal desde el punto de vista de la imputación”, tras los allanamientos realizados en los 25 Clubes de Fútbol.

Las denuncias a Senadores Nacionales por "sedición"

28 Senadores Nacionales sobre un total de 72, acordaron “rechazar el tratamiento de cualquier solicitud de acuerdo para la designación de Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta tanto finalice el próximo proceso electoral en virtud del cual, se elegirá el nuevo Presidente de la Nación y se renovarán parcialmente ambas Cámaras del Congreso”.

Resolvieron en consecuencia, con mucho sentido común y las potestades que legítimamente les otorga ser Senadores de la Nación Argentina, no facilitar el acuerdo para cubrir la vacante con motivo de la renuncia del Juez Eugenio Raúl Zaffaroni en el alto Tribunal de Justicia, quieren interpretando quien esto escribe un acertado criterio, que la designación vacante se haga con el próximo Gobierno.

Los Senadores que firmaron el compromiso son los Radicales Gerardo Morales (Jujuy); Blanca Monllau y Oscar Castillo (Catamarca); Ernesto Sanz y Laura Montero (Mendoza); Eugenio “Nito” Artaza (Corrientes); Marta Borello (Córdoba); Silvia Elías de Pérez (Tucumán); Mario Cimadevilla (Chubut); Alfredo Martínez (Santa Cruz); Ángel Rozas (Chaco); Luís Naidenoff (Formosa), y Juan Carlos Marino (La Pampa). Por el FAP se sumaron Giustiniani (PS-Santa Fe); Jaime Linares (GEN-Buenos Aires); Luís Juez y Norma Morandini (Frente Cívico-Córdoba); Fernando Solanas (UNEN-Capital), y Magdalena Odarda (CC-Río Negro). Del Pro: Gabriela Michetti y Diego Santilli (Capital), y Alfredo De Ángeli (Entre Ríos). El Interbloque Federal, que reúne a peronistas disidentes y provinciales, apoyó casi en pleno. Pusieron su firma Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luís), Jorge Garramuño (Mopof-Tierra del Fuego), Graciela Di Perna (PJ-Chubut), Carlos Reutemann (PJ-Santa Fe) y Juan Carlos Romero (PJ-Salta)

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar, ya que la denuncia que formuló en consecuencia Eduardo Barcesat a 8 Senadores Nacionales, Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Carlos Reutemann, Fernando Solanas, Juan Carlos Romero, Gabriela Michetti, Diego Santilli y Luís Juez, por el supuesto delito de “sedición”, no podría haberla realizado sin su aprobación.

Conclusión

La corrupción sigue al hombre como la sombra al cuerpo, necesita de la impunidad para sobrevivir en un Gobierno que en retirada intenta por cuanto medio tiene, evitar la judicialización de sus funcionarios.

El Dr. Luís María Cabral, ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y actual Presidente de la Asociación de ex Magistrados, dijo por estas horas “es un atropello no respetar la división de poderes, reclama a Capitanich para que cese en este tipo de actitudes, y demanda el respeto y la no injerencia en el accionar del Poder Judicial”.

Apenas presentada la denuncia del Juez Bonadío, el Jefe de Gabinete de Ministros Jorge Capitanich respondió que el Gobierno no tiene nada que ocultar y que se pone a disposición de la Justicia.

Ahora, podrá cumplir con su promesa.

Será Justicia

Por Oscar Dufour