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En carne propia
Por Oscar Dufour - 24 de Noviembre, 2014, 20:34, Categoría: Corrupción - Violencia
Sufrimos
sistemáticamente “corrupción e impunidad activa”. Cristina K apenas supo de la novedad del
allanamiento a la sede de la empresa que administra sus Hoteles, se subió a un
avión rumbo a El Calafate, “su lugar en el mundo”; estaba en reposo por el
episodio de la “sigmoiditis” que la tuvo internada en el “Sanatorio Otamendi y
Miroli S.A.” Trascendió desde la Rosada, que Cristina K tiene información de
que un grupo de Jueces Federales, redoblarían en los próximos meses la
velocidad de sus investigaciones contra ella y sus funcionarios, lo que habría
provocado una crisis en la Primer Mandataria. Creería que estos allanamientos ordenados por una denuncia que lleva
apenas unos días, indicarían que hay algo en su contra, ya que es extraño que
Cristina K se altere tanto por pesquisas judiciales, ya que el avance del
Gobierno estos últimos meses con las reformas al Código Civil y al Código
Procesal Penal, le otorgarían amplia protección por este tipo de imputaciones.
También que la Justicia Suiza realizara su propia investigación sin necesidad
de una sentencia previa, y confiscara alrededor de quince millones de dólares
en cuentas pertenecientes a una Fundación del empresario “amigo del poder”
Lázaro Báez, habría hecho lo propio. Entre “operaciones” y “contraoperaciones”, siguió la embestida del
Gobierno Nacional en torno a la Justicia. El viernes pasado el abogado
constitucionalista Eduardo Barcesat, abogado personal de la titular de la
“Fundación Madres de Plaza de Mayo” Hebe de Bonafini, denunció por “sedición” a
los Senadores Nacionales Juan Carlos Romero, Gerardo Morales, Carlos Reuteman,
Fernando Solanas, Gabriela Michetti, Ernesto Sanz y Luís Juez; donde los acusa
de negarse a tratar la designación del nuevo integrante de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. Los Jueces y Fiscales que se atreven con sus investigaciones al
Poder, son el Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral, el Fiscal Guillermo
Marijuán y el Fiscal Cesar Augusto Troncoso, en el marco de la investigación a
la Procuración General de la Nación por supuesto espionaje a Fiscales. La Jueza
Federal María Romilda Servini de Cubría, y el Fiscal Eduardo Taino por la
investigación en el “Tráfico de Efedrina” y en “Fútbol para Todos”. El Juez
Federal Claudio Bonadío y el Fiscal Carlos Stornelli, por la investigación y
allanamiento a “Hotesur SA”; por mencionar algunos de los más importantes. Veamos de qué se tratan las denuncias a “Hotesur SA”, “Espionaje a
Fiscales”, “Tráfico de Efedrina”, “Fútbol para Todos” y a Senadores Nacionales
por “Sedición”. Hotesur SA El Juez Federal Claudio Bonadío y el Fiscal Carlos Stornelli llevan
adelante la investigación de los Hoteles de Cristina, lo que provocó distintas
reacciones de funcionarios públicos, y en algún caso como la que instó Luís
D’Elia, absolutamente repudiable, al decir en su cuenta de Twitter,
"Debemos dejar clavada en una pica la cabeza de Bonadío, en la vereda de
Comodoro Py”. Estos días el Jefe de Gabinete de Ministros Jorge Capitanich,
había hablado de un "golpismo activo" del Poder Judicial.
"Destitución ya" también apuntó el piquetero como latiguillo a tono
con la postura oficial, pidió decirle "no al golpe de la mafia judicial”. Es un intento del ex funcionario kirchnerista, para fortalecer las
declaraciones que hizo el jefe de Gabinete Jorge Capitanich contra la pesquisa
judicial sobre el patrimonio de la Presidente Cristina Kirchner, en particular,
a la investigación y el allanamiento a “Hotesur SA”, una empresa hotelera de la
Presidente investigada por no presentar balances y por supuestas contrataciones
ficticias, que podrían implicar el delito de lavado de dinero y que consisten
en que el empresario Lázaro Báez reservó y pagó en el Hotel “Alto Calafate”
-uno de los tres de la mencionada empresa- más de un millar de habitaciones que
nunca se ocuparon entre 2010 y 2011, por un monto de varios millones de pesos.
El activista y “barra brava oficialista” fue más allá, calificándolos de
“mafia” y de buscar un supuesto “golpe destituyente”. El Gobierno “convencido” de que hay Jueces y Fiscales que tienen
lazos políticos con la oposición, acusó a la Justicia de llevar adelante una
"estrategia de golpismo activo" por allanar una firma que le
atribuyen a Cristina K. Capitanich fue el primero en defenderla, la instrucción
presidencial en un intento de politizar las causas judiciales que pudieren
afectar a Cristina K siguió con el Ministro de Defensa Agustín Rossi, quien
sostuvo que “es inexplicable y no tiene razón de ser, está asociada a una
fuerte propagandización por parte de los medios de comunicación opositores”;
siguió con la participación del Presidente de la Cámara de Diputados de la
Nación, Julián Domínguez, que dijo “el propósito perseguido es dañar la
investidura de la Presidenta y bastardear la opinión pública”. La Presidente del bloque de Diputados del FPV Juliana Di Tullio,
hizo lo propio al decir “la oposición recurre a sus Jueces para intentar
voltear a Cristina”; el Gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri lo refirió
“como un apriete liso y llano”, en tanto que el Diputado kirchnerista Edgardo
Depetri mas llanamente cruzó con un “armaron esta operación infame y mentirosa
para ensuciar la figura de Cristina”; el Senador Nacional por Santa Cruz Pablo
González, completa la disposición presidencial diciendo “hay Fiscales y Jueces
a los que les gusta mediatizar sus decisiones y son funcionales a las
corporaciones o sectores que están en contra del gobierno”. Espionaje a Fiscales El Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral, ordenó procedimientos en la
Procuración General de la Nación que cuya titular es Alejandra Gils Carbó. La
diligencia fue ordenada por pedido del Fiscal Guillermo Marijuán, donde se
realizó un allanamiento con personal de la Policía Federal en la Sede de
Belgrano al 900, por supuesto espionaje a Fiscales, iniciando la causa la
denuncia del Fiscal Cesar Augusto Troncoso a Romina Pzellinsky, funcionaria
vinculada a Gils Carbó; el supuesto espionaje habría sido sobre dos dictámenes,
uno radicado en la Fiscalía 5 y otro en la 23, las dos a cargo del Fiscal
Troncoso. Romina Pzellinsky, según la denuncia, "abusó de las funciones
propias de su cargo" ya que no estaba autorizada a acceder al sistema
FISCALNET -pone en red a todos los Fiscales-, ni a obtener copias de los
dictámenes. "No descarto que el acceso haya sido más amplio e involucre y
perjudique a otras dependencias, tanto Fiscalías Nacionales de instrucción como
Fiscalías Federales", dijo el Fiscal Troncoso en su denuncia. Tráfico de Efedrina La Jueza Federal María Servini de Cubría, citó a declaración
indagatoria a los hermanos Miguel y Máximo Zacarías, el 11 de diciembre y el 17
del mismo mes respectivamente, ambos ex
funcionarios del Gobierno Nacional; en la causa que se investiga el trafico
de efedrina, en la que está procesado el ex titular del SEDRONAR (Secretaria de
programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico) Ramón Granero. Ramón Granero es oriundo de Santa Cruz y era hombre de suma
confianza del fallecido ex Presidente Néstor Kirchner, había sido también en su
gestión Director del PAMI y Director de ENARSA, cargo al que renunció al ser
procesado en esta causa. Miguel Zacarías fue secretario de Granero y Máximo
Zacarías fue Jefe de ceremonial del PAMI. Uno de los lideres de “La Cámpora”, el Diputado Nacional Eduardo
“Wado” de Pedro, apareció fotografiado esta semana pasada en un acto en la
provincia de Santa Cruz con Miguel Zacarías, lo que obligó a de Pedro a brindar
explicaciones públicas. Fútbol para Todos La Jueza Federal Servini de Cubría también intervino en esta causa,
donde ordenó allanar 25 Clubes de Fútbol de Primera A y de la B Nacional. Es
por el reparto de millones de Pesos que la Jefatura de Gabinete de Ministros
paga desde 2009 a
la Asociación del Fútbol Argentino -AFA- por los derechos de televisión. La
Jueza procura establecer la ruta de los 12 cheques que año a año, la AFA
entrega a los Clubes para pagarles su parte de los derechos televisivos.
También investiga los contratos de las empresas que son proveedoras del servicio
de “Fútbol para Todos”, entre ellas están “La Corte”, “Farolito International
Entertainment”, “Wayson”, “Video 4”,
“VTS”, y “Recordvisión” entre otras. La causa Judicial tiene como imputados al Jefe de Gabinete Jorge
Capitanich y sus dos antecesores en el cargo, Juan Manuel Abal Medina y Aníbal
Fernández, lo estuvo el Presidente de AFA Julio Grondona hasta su muerte. La
investigación de Servini de Cubría, busca determinar si los funcionarios
cometieron malversación de caudales públicos, entre otros delitos. Jorge Capitanich en su habitual “conferencia de prensa” matutina en
la Casa de Gobierno, se apresuró a sostener que “no recibió ninguna
notificación formal desde el punto de vista de la imputación”, tras los
allanamientos realizados en los 25 Clubes de Fútbol. Las denuncias a Senadores Nacionales por "sedición" 28 Senadores Nacionales sobre un total de 72, acordaron “rechazar el
tratamiento de cualquier solicitud de acuerdo para la designación de Jueces de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta tanto finalice el próximo
proceso electoral en virtud del cual, se elegirá el nuevo Presidente de la
Nación y se renovarán parcialmente ambas Cámaras del Congreso”. Resolvieron en consecuencia, con mucho sentido común y las
potestades que legítimamente les otorga ser Senadores de la Nación Argentina,
no facilitar el acuerdo para cubrir la vacante con motivo de la renuncia del
Juez Eugenio Raúl Zaffaroni en el alto Tribunal de Justicia, quieren
interpretando quien esto escribe un acertado criterio, que la designación
vacante se haga con el próximo Gobierno. Los Senadores que firmaron el compromiso son los Radicales Gerardo
Morales (Jujuy); Blanca Monllau y Oscar Castillo (Catamarca); Ernesto Sanz y
Laura Montero (Mendoza); Eugenio “Nito” Artaza (Corrientes); Marta Borello
(Córdoba); Silvia Elías de Pérez (Tucumán); Mario Cimadevilla (Chubut); Alfredo
Martínez (Santa Cruz); Ángel Rozas (Chaco); Luís Naidenoff (Formosa), y Juan
Carlos Marino (La Pampa). Por el FAP se sumaron Giustiniani (PS-Santa Fe);
Jaime Linares (GEN-Buenos Aires); Luís Juez y Norma Morandini (Frente
Cívico-Córdoba); Fernando Solanas (UNEN-Capital), y Magdalena Odarda (CC-Río
Negro). Del Pro: Gabriela Michetti y Diego Santilli (Capital), y Alfredo De
Ángeli (Entre Ríos). El Interbloque Federal, que reúne a peronistas disidentes
y provinciales, apoyó casi en pleno. Pusieron su firma Liliana Negre de Alonso
(PJ-San Luís), Jorge Garramuño (Mopof-Tierra del Fuego), Graciela Di Perna
(PJ-Chubut), Carlos Reutemann (PJ-Santa Fe) y Juan Carlos Romero (PJ-Salta) La respuesta del Gobierno no se hizo esperar, ya que la denuncia que
formuló en consecuencia Eduardo Barcesat a 8 Senadores Nacionales, Ernesto
Sanz, Gerardo Morales, Carlos Reutemann, Fernando Solanas, Juan Carlos Romero,
Gabriela Michetti, Diego Santilli y Luís Juez, por el supuesto delito de
“sedición”, no podría haberla realizado sin su aprobación. Conclusión La corrupción sigue al hombre como la sombra al cuerpo, necesita de
la impunidad para sobrevivir en un Gobierno que en retirada intenta por cuanto
medio tiene, evitar la judicialización de sus funcionarios. El Dr. Luís María Cabral, ex Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, y actual Presidente de la Asociación de ex
Magistrados, dijo por estas horas “es un atropello no respetar la división de
poderes, reclama a Capitanich para que cese en este tipo de actitudes, y
demanda el respeto y la no injerencia en el accionar del Poder Judicial”. Apenas presentada la denuncia del Juez Bonadío, el Jefe de Gabinete
de Ministros Jorge Capitanich respondió que el Gobierno no tiene nada que
ocultar y que se pone a disposición de la Justicia. Ahora, podrá cumplir con su promesa. Será Justicia Por Oscar Dufour
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