Redacción Digital

En un duro comunicado sin firma de ninguno de sus accionistas o directivos, la sociedad hotelera de la familia Kirchner, Hotesur SA, admitió ayer que incurrió en "fallas formales" y "demoras" para cumplir con las exigencias legales que impone la Inspección General de Justicia (IGJ), aunque afirmó que inició "un proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable".

Hotesur relativizó esas falencias y criticó a los medios. Los acusó de "presentar como delictivo, sin sorteo de por medio. Días después, Bonadío allanó la IGJ y una sede "fantasma" de la empresa.

Pese a que Hotesur es una empresa privada, su comunicado se difundió a través de tres canales oficiales: la agencia Télam, la programación de Fútbol para Todos y la cuenta de la Casa Rosada en Twitter. Ocurrió horas después de que la prensa revelara múltiples faltantes, irregularidades e inconsistencias de esa sociedad ante la IGJ. Para la empresa de Cristina Kirchner, fueron "notas aparecidas en forma maliciosa, sistemática y coordinada en medios hegemónicos claramente opositores al Gobierno".

Con sus explicaciones, sin embargo, Hotesur confirmó que adeuda el pago de tasas, no presenta los balances y varios otros trámites ante la IGJ, como impone la ley, y dejó al descubierto nuevas contradicciones y faltantes.

Entre otras, al sostener que en marzo de 2010 se decidió mudar el domicilio legal a la provincia de Santa Cruz con la firma de uno de sus socios, el ex presidente Néstor Kirchner. Pero tanto su hijo, Máximo Kirchner, durante una asamblea celebrada en 2011, como el presidente del directorio, Osvaldo Sanfelice, al firmar una declaración jurada en 2012, reafirmaron el domicilio social en la calle Lavalle 975 de la ciudad de Buenos Aires, que la Justicia ya verificó que para entonces ya no ocupaban ¿Ambos presentaron documentos ante la IGJ con un domicilio falso, según el propio comunicado de Hotesur?

Con respecto a los balances, la firma indicó que está en un "proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable de los períodos 2011, 2012 y 2013", que de todos modos aclaró que fue presentada "en tiempo y forma ante otro organismo del Estado como es, nada menos, que la AFIP-DGI".

Pero ambos organismos cumplen distintas funciones dentro de la administración pública, con regulaciones y prácticas distintas. Mientras los documentos presentados ante la AFIP quedan protegidos por el "secreto fiscal" -sin que terceros puedan acceder a ellos-, la IGJ actúa por ley como un Registro Público de Comercio y cualquier particular podría pedir copia de la documentación, aun cuando el "cepo" informativo que se montó desde el "caso Ciccone" lo impide en la práctica.

En esa línea, tanto el comunicado como el cable de Télam, profundizaron el cono de sombras en torno a Hotesur. En ninguno de los dos se detalló si alguien firmó ese texto, ya fuera un accionista -de la familia Kirchner o un tercero-, un integrante del directorio o un apoderado legal.

Hotesur también lanzó sospechas sobre la diputada Stolbizer -a quien no aludió por su nombre en el comunicado- y Bonadio, hasta el punto de sostener que la legisladora radicó una denuncia "que por extraña casualidad se formula ante el juez", cuando en realidad la radicación de las denuncias se define por sorteo.

La firma presidencial también cargó contra Bonadio al recordarle que, antes de asumir como juez, trabajó junto a Carlos Corach, ministro del Interior durante la presidencia de Carlos Menem. También le enrostró que afronta "nueve causas" en el Consejo de la Magistratura, en línea con las críticas que expuso el secretario de Justicia, Julián Álvarez, al diario Página/12.

Hotesur también apeló a otro argumento para defenderse por las omisiones que arrastra. Expuso que "los estados contables por los ejercicios económicos cerrados al 31/10/2009; 31/10/2010; 31/10/2011; 31/10/2012, y 31/10/2013 han sido confeccionados, auditados y legalizados ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las disposiciones emergentes de la ley de sociedades comerciales y normas contables".

Sin embargo, los cerrados en 2011, 2012 y 2013 no los presentó ante la IGJ, como se descubrió, en contraposición con lo dispuesto por las leyes 19.550 y 22.315. Y peor aún, los anteriores balances que sí se presentaron ante el organismo no se entregaron en el formato exigido, ni en originales -fueron sólo fotocopias-, ni con las firmas del presidente del directorio, ni certificados por del contador.

En cuanto a los montos adeudados, Hotesur también remarcó que cumplió con "todas sus obligaciones impositivas", a tal punto que "inclusive, a la fecha, hizo el pago del anticipo del impuesto a las ganancias del año 2014. En pocas palabras, Hotesur SA no adeuda impuestos a la AFIP".

Sin embargo, y tal como reveló el diario La Nación en diciembre de 2013 y profundizó en su edición de ayer, la sociedad hotelera de los Kirchner adeuda sus obligaciones con la IGJ, como las tasas que dispone la ley, desde 2009 y hasta este año, inclusive.

En su comunicado, Hotesur también abordó otras aristas vinculadas con su domicilio legal, al exponer que decidió cambiar su jurisdicción, "ya que en la provincia de Santa Cruz es el lugar donde se desarrollan las actividades económicas de la empresa. Asimismo es en esta provincia donde la empresa tiene su domicilio fiscal, el cual es de público conocimiento desde la página Web de la AFIP". Es decir, que pasó a rendir cuentas tributarias ante la Regional de Río Gallegos de la AFIP, que lidera la cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García.

Vale aclarar que el domicilio fiscal de cualquier empresa puede o no coincidir con su sede social. De ese modo, el establecimiento comercial puede estar en otra jurisdicción, pero la sede social -es decir, donde se desarrolla la administración y se encuentran los libros- puede estar en otra. En cualquier caso, ambos domicilios deben ser reales, no falsos.

De hecho, el comunicado de Hotesur incluyó una confusa declaración. "Lo que aquí pretenden presentar como delictivo es un trámite de inscripción ante la IGJ., que es el «domicilio de la sociedad», domicilio que determina la jurisdicción en la cual queda sometida la sociedad, no siendo dicho domicilio donde habrá de funcionar la dirección y administración de la sociedad. Concepto legal que ningún abogado puede ignorar, y menos aún, un juez." En rigor, es al revés. La dirección y administración, como así también los libros de la sociedad, deben ubicarse en la sede social, cualquiera sea la jurisdicción.

Comunicado oficial de Hotesur S.A. - En relación a distintas notas aparecidas en forma maliciosa, sistemática y coordinada en medios hegemónicos claramente opositores al gobierno, lo que originó a continuación también en forma sistemática como viene sucediendo desde hace años, la inmediata denuncia de un miembro de la oposición partidaria. Denuncia que también, por "extraña" casualidad, se formula ante el juez de Comodoro Py Claudio Bonadío, ex Secretario de Carlos Corach, ampliamente conocido por las múltiples denuncias que desde su nombramiento se vienen acumulando. Sin ir más lejos, hoy tiene más de nueve causas en el Consejo de la Magistratura. Algunas vinculadas a hechos acaecidos en la década de los ´90 y otros más contemporáneos, es conveniente realizar las siguientes consideraciones:

1) Hotesur SA ha efectuado el cumplimiento de todas sus obligaciones contables y fiscales en tiempo y forma. Los estados contables por los ejercicios económicos cerrados al 31/10/2009; 31/10/2010; 31/10/2011; 31/10/2012; y 31/10/2013 han sido confeccionados, auditados y legalizados ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos conforme a las disposiciones emergentes de la ley de Sociedades Comerciales y normas contables.

2) Asimismo, la sociedad ha dado cumplimiento al pago de todas sus obligaciones impositivas por dichos períodos, cumplimentando inclusive, a la fecha, el pago del anticipo del impuesto a las ganancias del año 2014. En pocas palabras, Hotesur S.A. no adeuda impuestos a la AFIP.

3) Al momento de la adquisición del paquete accionario de la sociedad, la misma tenía domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho domicilio, se decidió modificar a la Provincia de Santa Cruz por Asamblea de Accionistas realizada en el mes de Marzo de 2010. Estando en trámite la cancelación de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4) Hotesur S.A. decidió realizar este cambio de jurisdicción, ya que en la Provincia de Santa Cruz es el lugar donde se desarrollan las actividades económicas de la empresa. Asimismo es en ésta Provincia donde la empresa tiene su domicilio fiscal, el cual es de público conocimiento desde la página Web de la AFIP.

5) Queremos destacar que lo que aquí pretenden presentar como delictivo es un trámite de inscripción ante la IGJ. Que es el "domicilio de la sociedad", domicilio que determina la jurisdicción en la cual queda sometida la sociedad, no siendo dicho domicilio donde habrá de funcionar la dirección y administración de la sociedad. Concepto legal que ningún abogado puede ignorar, y menos aún, un juez.

6) Resulta más que evidente que nuestro domicilio está en la provincia de Santa Cruz como es de conocimiento general: desde la publicación fotográfica en la página oficial del hotel Alto Calafate, único inmueble propiedad de Hotesur S.A., está ubicado en la provincia de Santa Cruz, como también el domicilio de sus accionistas.

7) La demora en la formalización de trámites administrativos cuyo incumplimiento podría llegar como máximo a una multa de hasta pesos tres mil ($3.000) conforme ordena la Resolución 267/90 de la Secretaría de Justicia desenmascara la operación de prensa que se ha montado por esto, y lo que es peor, revela groseramente la actitud desmedida de un juez federal que manda a allanar dos organismos del estado por este supuesto incumplimiento. Confirmando lo que constituye una operación mediática-judicial con la infaltable complicidad de sectores de la oposición partidaria y vaya a saber con que otra apoyatura externa, contra la Presidente y sus hijos.

8) En síntesis, resulta absurdo que fallas formales en los procesos administrativos legales de inscripción del cambio de domicilio de una sociedad, dentro del propio país, la quieran transformar en materia de sospechas y de denuncias.

9) Comunicamos asimismo que estamos en un proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable ante IGJ de los períodos 2011, 2012 y 2013, aclarando también que dicha documentación fue presentada en tiempo y forma ante otro organismo del estado como es, nada menos, que la AFIP-DGI. Inclusive con copias de nuestros estados contables auditados, certificados y legalizados. Por ende, no hay una maniobra de ocultamiento de nuestra situación económica y financiera, toda vez que si hubiera existido la misma, entonces no se habrían presentado en ningún organismo, cosa que no fue así.

10) Por último, se demuestra la real malicia de la operación mediática-judicial cuando se pone en duda la deuda que declara la Dra. Cristina Fernández de Kirchner con Hotesur S.A., que corresponde a su participación como parte de la Sucesión de Néstor Carlos Kirchner, en su condición de cónyuge supérstite. Resulta insólito que ésta práctica legítima, legal y habitual en cualquier sociedad de familia, donde sus accionistas retiran a cuenta de dividendos los fondos obtenidos, quiera ser presentada como una maniobra delictiva.

Por Hugo Alconada Mon