Redacción Digital

Sin ninguna vergüenza Cristina K negocia un pacto de impunidad con los radicales, a cambio de nombrar a Mónica Pinto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Presidente quiere a cambio vía libre para cubrir las cuatro vacantes de Casación, claves para frenar causas por corrupción. Corrupción del gobierno y sus secuaces en Senadores y Diputados y otros allegados a su entorno y asociados.

La ofrecida es la prestigiosa decana de la Facultad de Derecho (UBA), Mónica Pinto, a cambio de los votos en el Consejo de la Magistratura para cubrir las cuatro vacantes de la Cámara de Casación Penal. Esas cuatro vacantes son clave para frenar causas por corrupción del propio gobierno y sus secuaces.

Las conversaciones la llevan adelante el presidente de la UCR y senador nacional Ernesto Sanz y el ex diputado Ricardo Gil Laveedra. Vamos a ver ahora como se comporta la oposición, si son leales al pueblo que los eligió o si en cambio se venden al gobierno corrupto de Argentina.

La estrategia de nombrar a un juez afín al partido centenario ya la dejó entrever Diana Conti, cuando sugirió que el elegido podría ser León Arslanian, de buena llegada al Gobierno y la UCR por su recordada participación en el juicio a las juntas militares. Pero la elegida sería Mónica Pinto. Se trata de una muy respetada académica, con prestigio internacional por su actuación en el ámbito de los Derechos Humanos, que acaso desconozca que su eventual designación está atada y vendida a la colonización por parte del kirchnerismo de la Cámara de Casación. De hecho, allegados a la Decana aseguraron que "Mónica Pinto no está al tanto de ninguna negociación y nadie le propuso un cargo en la Corte".

El acuerdo que se está negociando, también incluiría el voto de los bloques radicales al nuevo Código Procesal Penal, en especial el oscuro anexo dos. Pero el interés neurálgico del gobierno es el control de la Cámara de Casación. Se trata nada menos que de la máxima instancia penal antes de la Corte Suprema, que hace tiempo decidió que sólo tomará juicios penales para definir cuestiones de derecho pero no de prueba, donde se define la culpabilidad de los imputados. Si el kirchnerismo se asegura el control de Casación tendría la mayor garantía posible de impunidad de sus oscuros actos de corrupción.

Todas las acusaciones de corrupción que enfrenten los funcionarios al dejar el poder, eventualmente terminarán luego de sucesivas apelaciones en ese tribunal, que podría desestimarlas.

El nuevo Código Procesal Penal, le dará al kirchnerismo la posibilidad de controlar a los fiscales que lleven adelante la investigación, pero un próximo presidente podría reemplazarlos con una ley o un decreto, porque a diferencia de los jueces no tienen garantía constitucional. Por eso los camaristas son el freno necesario que necesita Cristina K para dejar tranquila –cuando cese su mandato- la Casa Rosada.

El proceso de selección de estos camaristas quedó envuelto en una polémica, luego que la sospechosa selección de jurados encargados de elegirlos, en la que resultaron favorecidos entre otros el camarista Alejandro Slokar, reconocido militante kirchnerista y Julio Virgolini, abogado de Julio de Vido, el oscuro integrante de Montoneros y corrupto en la actualidad desde su puesto en el gobierno.

La selección de los jurados que evalúan los concursos para camaristas fue tan groseramente manipulada, que se pudo confirmar que ya se presentó al menos una denuncia en los Tribunales de Comodoro Py impugnando el procedimiento. Por otro lado ahora se entiende el sugestivo silencio de los radicales, ante el escándalo de la manipulación de los jurados que definan a los nuevos camaristas de Casación. 

De hecho, tan grande es el interés del Gobierno de garantizarse el control de la Cámara de Casación, que fuentes judiciales confirmaron que los concursos que suelen demorar años, se están desarrollando con una velocidad récord, nunca vista en Tribunales.

Como el Gobierno no tiene los dos tercios necesarios en el Consejo de la Magistratura para nombrar jueces y camaristas, necesita el acuerdo con la UCR, que además de los representantes por las minorías parlamentarias, tiene llegada al representante de los abogados, Miguel Piedecasas.

Si este pacto se concretara, los votos radicales también sumarían en el Senado, donde se define el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema a propuesta del Presidente. Para designar un juez de la Corte se requieren dos tercios del Senado, un total de 48 votos, 8 ó 9 menos que lo que junta el kirchnerismo en cada sesión. La UCR es la primera minoría con 11 propios y 2 aliados.

Por eso, la negociación por la UCR la lleva adelante Ernesto Sanz, el más experimentado de los senadores del partido centenario. Los radicales habían anticipado públicamente que preferían esperar a un nuevo Gobierno para cubrir las vacantes. Sin embargo, la información confirma que los tiempos podrían acelerarse si se termina de cerrar este pacto global de los radicales con el kirchnerismo, que sería otra traición.

Ahora veremos si los radicales son leales a sus bases, a sus dichos, a sus promesas… al pueblo, o si traicionan a todos sus seguidores como lo hizo Balbín con Perón y Alfonsín con Menen.

Por Armando Maronese