Redacción Digital

La Presidente está complicando a propósito el legado que entregará a quien la reemplace en el cargo, y complicando en un sentido más amplio todo el panorama político y económico con que tendrán que lidiar la sociedad, las instituciones y la dirigencia argentinas desde 2016.

La Presidente explicó falsamente su renuencia a “firmar cualquier cosa que le pongan delante” dijo, para evitar se prolongue y agrave el nuevo default de deuda en que incurrió nuestro país como un gesto de sacrificada responsabilidad frente a las futuras generaciones, y los futuros gobiernos: "según ella", le convendría "firmar cualquier cosa" porque así podría endeudarse y evitarse más problemas con la justicia estadounidense y los financistas internacionales, pero los costos los pagarían los que la sucedan en el poder y los contribuyentes durante años.

En cambio “no firmar”, es decir no ceder,  no le conviene porque la lleva a chocar con esos intereses poderosos, que no tienen reparo en ahogar a la economía argentina justo cuando su gobierno es más débil, porque está haciendo las valijas para dejar el poder, ni dudarán, a coro con los irresponsables y oportunistas que pueblan las filas opositoras, en culpabilizarla personalmente a ella por la situación y sus consecuencias.

La verdad, sin embargo, es exactamente la opuesta: la Presidente está complicando adrede el legado que entregará a quien la reemplace en el cargo, y complicando en un sentido más amplio todo el panorama político y económico con que tendrán que lidiar la sociedad, las instituciones y la dirigencia argentinas desde 2016.

No lo hace simplemente por ceguera ideológica o por mezquindad, sino por un frío cálculo de costos y beneficios; si todavía existe alguna posibilidad de que su liderazgo sobreviva al final de su mandato es una que depende por un lado de que la situación económica no se siga deteriorando, lo que exige postergar costos y barrer problemas bajo la alfombra, lo que como se sabe viene haciendo desde hace tiempo, pero como eso funciona cada vez menos, depende por sobre todo y en medida creciente de que la situación se complique lo más posible apenas ella deje su cargo, de manera que los malos recuerdos que hayan dejado sus últimos años en él enseguida se diluyan por el peso de otros peores.

Dicho más simplemente: una de las consecuencias de que la transición hacia un nuevo gobierno se haya empiojado terriblemente debido al problema de la deuda externa, contradiciendo la expectativa sintéticamente expresada en su momento por Daniel Scioli, y que por añadidura era y sigue siendo la de la enorme mayoría del país, que “Cristina K termine lo mejor posible su mandato”, es que a ella ya no le alcanza con postergar costos, tiene que colaborar a aumentarlos, para asegurarse de que por más mal que termine su gestión eso se olvide pronto bajo el ominoso efecto de un nuevo estallido argentino.

La destrucción de la moneda, el agravamiento de los desequilibrios fiscal y externo y de la distorsión en los precios relativos en la economía, la acumulación de deuda oculta en el sistema previsional y entre distintas agencias del estado, la multiplicación de las regulaciones discrecionales, cada vez más difíciles de remover y racionalizar, igual que la de empleados adictos, de productividad nula o negativa para la administración, la fragmentación de las fuerzas políticas, incluida la oficial, para desactivar cualquier posibilidad de coordinación en contra de las iniciativas presidenciales, son todos instrumentos ya largamente conocidos en este ciclo que concluye y que sirven al objetivo de armar la bomba de tiempo que el kirchnerismo dejará como legado.

Pero nada de eso es ya suficiente. Así que el gobierno está recurriendo a su inventiva y se dedica, en particular en relación al manejo de la deuda, a sembrar el terreno con minas antipersonales, dispositivos explosivos cuya única finalidad es causar el mayor daño posible a quienes se topen con ellos en el futuro.

El proyecto denominado “de deuda soberana” para cambiar la sede de pago de los bonos tanto reestructurados como holdouts que se rigen por la ley estadounidense es un buen ejemplo de ello. Supuestamente está orientado a escapar al fallo de Thomas Griesa y evitar que el default se prolongue y extienda. Pero eso sólo en apariencia.

Si asumimos que el gobierno está bien informado y sabe perfectamente que la eficacia que tendrá para seducir a los bonistas será muy limitada, habrá que reconocer que sus funciones esenciales son otras muy distintas. En primer lugar, extender el “impedimento legal” a acordar más allá de la fecha de caducidad de la cláusula RUFO, de manera de poder seguir burlando a Griesa después de enero de 2015.

Y en segundo lugar y lo más importante, introducir una suplementaria fuente de confusión y trabas legales a la disputa judicial, de modo de asegurarse que los costos y plazos para arreglar el entuerto se amplíen y se vuelva políticamente muy difícil para los que se decidan a cerrar el tema imponer una solución, cualquiera sea.

El próximo gobierno, en concreto, deberá elegir entre seguir desconociendo fallos de la justicia de los EE.UU o derogar esta ley, para lo cual necesitará reunir una mayoría legislativa con la sola meta de “pagarle a los buitres”, que a esa altura serán seguramente muchos más que ahora.

Algunos análisis de la táctica oficial señalan que éste y otros instrumentos, como la misma cláusula RUFO o la continuidad de la ley cerrojo, consisten en recursos de auto atamiento: el gobierno no quiere pagar y entonces se limita a sí mismo, tanto frente a su base de apoyo, los peronistas, como a los demandantes, el juez y la sociedad local y la comunidad internacional más en general, como para impedirse pagar.

De ese modo fortalecería su capacidad de imponer sus preferencias, porque los demás deberían acomodarse en algún momento al hecho de que no va a ceder, y buscar alguna vía alterna para lograr algo de sus objetivos, por ejemplo los bonistas aceptar cobrar menos o hacerlo en Buenos Aires, la sociedad y los peronistas apoyar la salida que el gobierno propone, y la Justicia estadounidende mirar para otro lado y dejarle pasar su desprecio por el derecho y los procedimientos. Podría incluso compararse en este sentido la ley de “deuda soberana” con la de convertibilidad: el gobierno argentino, recordemos, se prohibió a sí mismo en 1991 volver a devaluar, para convencer a los actores económicos de que no siguieran fugándose al dólar y alimentando la inflación.

Pero si es cierto que el gobierno no ignora la eficacia limitadísima de la ley ahora propuesta, tendrá para que los bonistas, Griesa y demás actores externos se acomoden a sus deseos, entonces habrá que reconocer que lo que él quiere atar con esta norma no es su propia y eventual voluntad de ceder a las presiones, y que la ley en cuestión no plantea precisamente una promesa que aspira a vincular al estado argentino, los consensos y compromisos que asume nuestra sociedad y los actores externos, sino todo lo contrario: lo que se propone es atar de pies y manos a todos ellos para que no puedan llegar a un acuerdo y cooperar, ni ahora ni en el futuro próximo. Más que auto atamiento lo que tenemos entonces es, como diría Cristina Kirchner, un fenomenal instrumento de extorsión, que ella se reserva para usar en su beneficio con total irresponsabilidad.

El antecedente más parecido a esto no sería entonces la convertibilidad, si no la tablita de Martínez de Hoz: igual que ahora, los gobernantes de entonces sabían que era imposible en 1981 que esa regla funcionara, pero les aseguraba que quienes los sucedieran serían incinerados cuando intentaran desmontarla. Y creyeron que cuando eso sucediera sus ideas promercado serían reivindicadas, y ellos mismos entronizados por la sociedad. Como se sabe eso no fue lo que sucedió. Y en verdad no había ninguna chance de que sucediera. Pero para cuando ello se hizo evidente ya era tarde para evitar el daño que el gobierno, en su desesperado esfuerzo por lograr que sus ideas los sobrevivieran, le había hecho al país, a sí mismo y a esas mismas ideas.

Por Marcos Novaro (*)

(*) Marcos Novaro - Es licenciado en Sociología y doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente es director del Programa de Historia Política del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, del Archivo de Historia Oral de la misma universidad y del Centro de Investigaciones Políticas. Es profesor titular de la materia “Liderazgos, representación y opinión pública” y adjunto regular de la materia “Teoría Política Contemporánea”. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Entre sus libros más recientes se encuentran “Historia de la Argentina 1955/2010” (Editorial Siglo XXI, 2010) e “Historia de la Argentina Contemporánea” (Editorial Edhasa, Buenos Aires, 2006)