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Las mafias políticas
Por Aleardo F. Laría - 12 de Junio, 2013, 16:26, Categoría: Opinión
Mafia es un término acuñado para
referirse al crimen organizado. Si bien existen dudas acerca de la etimología
del término, algunos sostienen que la palabra mafia hace referencia a "los
hombres de honor". En este caso el honor consistiría en respetar los
denominados "códigos de honor" –como la omertá o ley del silencio–,
inviolables para los integrantes de los clanes mafiosos. Una práctica que, como
se verá a continuación, en nuestro país se extiende a vastos colectivos
humanos. Toda organización que busca
capturar rentas de modo ilegal, acudiendo a comercios ilícitos, entra dentro de
la categoría de mafia. De este modo se habla, por ejemplo, de la "mafia
china", para hacer referencia a grupos organizados que venden un servicio
de protección de los pequeños y medianos comerciantes de esa nacionalidad.
Operan a través de procedimientos extorsivos, de modo que el comerciante que se
niega a pagar la cuota establecida, puede ser objeto de robos o actos de
vandalismo sobre los locales en que desarrolla su actividad. En Argentina se ha hecho habitual
mencionar la "mafia sindical" para referirse a aquellos dirigentes
gremiales que se han enriquecido mediante la apropiación de retornos pagados
por las clínicas médicas, que son contratadas para prestar servicios a los
afiliados de las obras sociales. Como el dirigente sindical tiene el poder para
elegir la empresa encargada de prestar el servicio de salud, esa contratación
se concede a los que están dispuestos a abonar una compensación o participación
en los beneficios obtenidos. Otra práctica que indudablemente
está dentro de la categoría mafiosa, consiste en el retorno que encumbrados
dirigentes políticos –gobernadores de provincia o ministros del Poder Ejecutivo
Nacional– obtienen por la concesión de obra pública a empresarios amigos. En
sus orígenes se consideró un modo no lícito pero consentido, de financiar la
actividad de los partidos políticos. Sin embargo, con el tiempo, dada la
práctica desaparición de los partidos, se convirtió en el método de
enriquecimiento del dirigente político con mayor poder en el área geográfica
bajo su competencia. Todos los indicios apuntan a que
parte de la extraordinaria fortuna acumulada por el matrimonio Kirchner, se
obtuvo por estos procedimientos. Los empresarios amigos, como Lázaro Báez, en
este esquema de reparto de sobreprecios, operarían como socios o meros
testaferros. Otra fuente de ingresos ilegales del matrimonio pareciera estar
vinculada con la apropiación de las rentas financieras generadas por fondos
públicos, es decir, los famosos 600 millones de dólares recibidos por Santa
Cruz como premio por el apoyo brindado por su gobernador a la privatización de
YPF. Debemos reconocer, en honor a la
verdad, que estas prácticas no han sido inauguradas por los Kirchner y se
remontan a tiempos anteriores, habiendo proliferado en muchas otras provincias
sin distinción de banderías políticas. La novedad que ofrece el asunto de Santa
Cruz, en todo caso, reside en el enorme caudal de recursos que fueron
apropiados por esta vía. Es esta especial circunstancia la que permite usar el
término "mafia política" para englobar este fenómeno. Algunos
pensarán que se trata de un calificativo un tanto exagerado, pero el acto de denominar
cumple una función pedagógica y permite tomar conciencia de que estas prácticas
se sitúan en la misma franja moral de otras que no dudamos en considerar
repudiables. Si, como parece evidente, la
condición humana es demasiado proclive a introducirse por estos oscuros
senderos, resta analizar cuáles deberían ser los mecanismos para evitar estas
masivas apropiaciones de recursos públicos. En realidad no hace falta inventar
nada novedoso ni descubrir remedios excepcionales. Basta simplemente con
conseguir que las instituciones, diseñadas para ejercer el control de los
hombres que gobiernan, funcionen adecuadamente. La referencia a la calidad
institucional ha sido siempre objeto de comentarios escépticos. Las
instituciones parecen reservadas para los países nórdicos u otras raras avis.
Sin embargo, el avance impetuoso de la corrupción en nuestro país es la
consecuencia inevitable de la pérdida de institucionalidad, concebida ésta en
un sentido muy amplio. La mayor pérdida de
institucionalidad, se produce cuando las estructuras de la administración
pública son colonizadas por una determinada fuerza política. Si las
licitaciones públicas son amañadas por militantes de la causa, si las obras
públicas son luego otorgadas y ejecutadas por empresarios de la causa, si los organismos
de auditoría interna están copados por otros militantes y, finalmente, fiscales
y jueces ocupan esos lugares por responder a las necesidades de la causa, el
resultado final es previsible. Hasta tanto los partidos
políticos argentinos y la sociedad en su conjunto, no alcancen un firme y
formal compromiso de acabar con el spoil system (sistema de expolio), es decir
la autorización implícita en nuestro sistema político de que la fuerza política
que gana las elecciones tiene derecho a colonizar las estructuras de las
administraciones públicas, la corrupción seguirá campando a sus anchas. Como señalaba James Madison en la
tantas veces recordada frase de "El Federalista", "si los
hombres fueran ángeles, no sería necesario ningún gobierno. Si los ángeles
gobernaran a los hombres, no sería necesario ningún control externo ni interno
sobre el gobierno". Por consiguiente, añadía, considerando que sólo
contamos con un gobierno que va a ser administrado por hombres sobre hombres,
se deben facilitar los controles del pueblo y, además, tomar precauciones
auxiliares. En Argentina, está visto, todas las precauciones, por el momento,
se han revelado insuficientes. Por Aleardo F. Laría
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