Redacción Digital

Nos estábamos metiendo en un túnel y al final no había ninguna luz. Un funcionario de Cristina Fernández de Kirchner explicó así por qué se frenó, en el instante agónico, la intervención al Grupo Clarín. Un monumental escándalo nacional e internacional estaba tomando forma. Mauricio Macri desafió a la Presidente por esas horas, a enfrentarse con él por la libertad de prensa. El escándalo y la redimensión de un adversario disuadieron al verdugo. ¿Se olvidaron de ese proyecto o establecieron una tregua? La pregunta no tiene una respuesta enfática en un país donde todo lo decide el variable humor de una sola persona.

La intervención al mayor grupo mediático del país, eclipsó las otras agresiones a la libertad de expresión. Éstas tienen un ritmo propio y ninguna fue suspendida. La expropiación de las acciones de Papel Prensa, que le darán al Estado el monopolio de la distribución de papel para diarios; el cepo publicitario que coloca a los periódicos al borde del estrangulamiento económico, y la calumniosa campaña sobre un viejo pleito judicial que incluye al diario La Nación, pero no sólo a este diario, podrían terminar con el periodismo independiente sólo de manera más lenta. La Presidente parece haber elegido para el periodismo una muerte paulatina en lugar del golpe de gracia. Por ahora, de todos modos.

Durante cuatro días de la semana que pasó, circuló sin ser desmentida la versión que indicaba la inminente intervención del diario Clarín. Una docena de requerimientos había llegado a esa empresa de medios desde la Comisión Nacional de Valores, el organismo encargado de perpetrar la intervención. Dentro de la propia CNV habían sido desplazado funcionarios de carrera renuentes a firmar medidas arbitrarias.

En las covachas políticas del oficialismo, se preparaban el desembarco en la empresa y las primeras decisiones. La intervención desplazaría al directorio y relevaría al periodista Jorge Lanata y a los tres principales ejecutivos periodísticos del multimedio. El Gobierno había decidido no despedir al resto de los periodistas ni levantar los programas radiales y televisivos. Esperaba que cada uno de ellos se fuera del multimedio por su propia decisión. Anunciaría también un aumento masivo de salarios a sus empleados para asegurarse la continuidad del diario y de las emisiones radiales y televisivas.

La indicación de preparar las necesarias cuestiones administrativas y las decisiones políticas fue dada por la propia presidenta. Cristina Fernández K se reservó la orden final de abrir fuego. En el mediodía del martes, el presidente de la CNV, Alejandro Vanoli, almorzó con más de 500 ejecutivos de finanzas que lo ametrallaron con preguntas sobre la eventual intervención a Clarín. Vanoli evadió las preguntas y no contestó ninguna. El estruendo mediático creció aún más: ese silencio era la confirmación implícita de las versiones.

En la tarde del martes, Mauricio Macri firmó el decreto de necesidad y urgencia por el que colocaba en jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, todos los conflictos relacionados con la libertad de prensa y de expresión. El decreto es, además, un compendio de todas las libertades y garantías individuales a las que tienen derecho los ciudadanos de la Capital. El kirchnerismo se quedó sin discurso; Macri lo corría por el costado del verdadero progresismo de las libertades. Muchas horas después, el oficialismo sólo pudo crear una fantasía: el decreto de Macri, argumentó, negaba el derecho de huelga al garantizar la circulación de los medios periodísticos. Era una deducción forzada de un decreto que no dice nada de eso. ¿Cómo voy a negarles el derecho de huelga a los periodista si les estoy garantizando la libertad de su trabajo?, se ofendió Macri.

En la noche incipiente de ese día, Cristina Fernández K mandó frenar la embestida final contra Clarín. Apretó el freno del camión, pero no se bajó del camión ni lo estacionó, dijo un funcionario que la frecuenta. Nos hubiéramos echado encima a la sociedad y el mundo, sintetizó ese colaborador que la oye, y agregó: Además le hubiéramos dado a la oposición lo que no tiene: un candidato. Al día siguiente, los funcionarios que siguen puntualmente las indicaciones presidenciales, desmintieron lo que no habían desmentido durante cuatro largos días. Vanoli habló, por fin, y fue más preciso que el resto: no harán nada por ahora contra Clarín, pero tienen la ley preparada para aplicarla en cualquier momento. La orden de abrir fuego sigue en poder de Cristina.

Al decreto de Macri se le sumó luego, en igual sentido, otro del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. La oposición que controla pedazos de poder le disputaba a la Presidente la definición de la democracia. No obstante, los decretos de Macri y De la Sota serán llevados seguramente a la Justicia por el gobierno nacional. La Corte Suprema de Justicia ya debió decidir hace casi tres años por un decreto similar de la provincia de San Luís. La Corte concedió entonces una cautelar en beneficio del gobierno de Cristina Kirchner, que todavía está vigente. La Presidente nunca se quejó de esa cautelar.

El caso de San Luís se dio cuando el tema que estaba en boga era la nueva ley de medios audiovisuales. En despachos del máximo tribunal de Justicia se escuchó decir que los temas del espacio de radio y TV son cuestiones federales, es decir, las provincias no tienen mucho que aportar a esos asuntos. En cambio, el caso del periodismo gráfico (y, sobre todo, su libertad) sí podría ser entendido como una cuestión de jurisdicción provincial.

De todos modos, es la misma Cristina K la que inició en los últimos tiempos una difamatoria campaña contra el diario La Nación, por una cuestión que está en manos de la Justicia. Cinco organizaciones, en representación de casi cuarenta medios gráficos, radiales y televisivos del país, iniciaron hace mucho tiempo una causa judicial por decisiones contradictorias de distintos gobiernos sobre el pago del IVA por los productos periodísticos. El pago de ese impuesto por parte del periodismo, cambió en las formas y en el fondo según cada gobierno que fue apareciendo.

Entre los medios nacionales están La Nación y Perfil. Clarín no forma parte de ese expediente. La Corte Suprema de Justicia abrió una instancia de conciliación entre las empresas periodísticas y la AFIP, que es el proceso que está ahora en marcha. En los agraviantes tuits de la Presidente y en el discurso de sus voceros calificados, aparece sólo La Nación como un evasor compulsivo de impuestos. A esa calumnia ha reducido el cristinismo una larga disputa judicial entre decenas de medios periodísticos, y un Estado que usa la AFIP para perseguir a sus enemigos y para salvar a sus amigos.

En la Argentina no existe monopolio de papel para diarios. Existe, sí, una sola fábrica nacional de ese papel, Papel Prensa, pero desde la presidencia de Raúl Alfonsín el arancel de importación es cero. Hoy, por los desequilibrios entre el dólar oficial y el paralelo, el precio del papel importado es igual o menor que el del papel nacional. De hecho, casi todos los diarios de provincias vecinas a la cordillera de los Andes prefieren importar papel de Chile. Les es más barato y, además, tienen la financiación que aquí Papel Prensa no les puede dar.

El proyecto de expropiación de una parte del paquete accionario de Papel Prensa, propiedad mayoritaria de La Nación y Clarín, pone en manos del Estado más del 50 por ciento de las acciones de esa empresa crucial. El Estado tendrá el control de Papel Prensa, entonces, y habrá creado de esa manera el monopolio que ahora no existe. El Gobierno controlará la producción nacional del papel para diarios y, al mismo tiempo, podrá decidir sobre la importación, sobre sus aranceles o si habrá papel importado o no.

El ideólogo de este zafarrancho es Guillermo Moreno, el mismo que ya intervino a la ex papelera Massuh, le cambió el nombre (Quilmes, la llamó) y la fundió. Cientos de trabajadores quedaron en la calle. ¿Hará lo mismo con Papel Prensa, empresa a la que le dispensa además su odio político?

La publicidad de algunos electrodomésticos ha vuelto, en parte, a la radio y la televisión. Pero electrodomésticos y supermercados tienen prohibido publicar publicidad en los grandes diarios del país, sobre todo en La Nación, Clarín y Perfil. Las pérdidas son cuantiosas. No es una orden escrita; no hay resolución ni decreto ni ley al respecto. Fue una orden verbal, directa y atemorizante de Moreno, el mismo funcionario que autoriza si esas empresas deben vivir o morir.

Esas compañías, muchas de capital extranjero, consideraron riesgoso hace poco concurrir a una audiencia convocada formalmente por los bloques opositores del Congreso. Son legisladores que están en la oposición, es cierto, pero son también funcionarios del Estado que fueron despreciados.

Aunque parezca otra cosa, el proyecto cristinista para fulminar lo poco que queda de periodismo independiente sólo ha comenzado. Rápida o lenta, la muerte de éste es el propósito final de una presidente con vocación de verdugo.

Por Joaquín Morales Solá