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Un freno al borde del abismo
Por Joaquín Morales Solá - 20 de Mayo, 2013, 18:10, Categoría: Opinión
Nos
estábamos metiendo en un túnel y al final no había ninguna luz. Un funcionario
de Cristina Fernández de Kirchner explicó así por qué se frenó, en el
instante agónico, la intervención al Grupo Clarín. Un monumental escándalo
nacional e internacional estaba tomando forma. Mauricio Macri desafió a la Presidente por esas
horas, a enfrentarse con él por la libertad de prensa. El escándalo y la
redimensión de un adversario disuadieron al verdugo. ¿Se olvidaron de ese
proyecto o establecieron una tregua? La pregunta no tiene una respuesta
enfática en un país donde todo lo decide el variable humor de una sola persona. La
intervención al mayor grupo mediático del país, eclipsó las otras agresiones a
la libertad de expresión. Éstas tienen un ritmo propio y ninguna fue
suspendida. La expropiación de las acciones de Papel Prensa, que le darán al
Estado el monopolio de la distribución de papel para diarios; el cepo
publicitario que coloca a los periódicos al borde del estrangulamiento
económico, y la calumniosa campaña sobre un viejo pleito judicial que incluye al
diario La Nación,
pero no sólo a este diario, podrían terminar con el periodismo independiente
sólo de manera más lenta. La
Presidente parece haber elegido para el periodismo una muerte
paulatina en lugar del golpe de gracia. Por ahora, de todos modos. Durante
cuatro días de la semana que pasó, circuló sin ser desmentida la versión que
indicaba la inminente intervención del diario Clarín. Una docena de requerimientos
había llegado a esa empresa de medios desde la Comisión Nacional
de Valores, el organismo encargado de perpetrar la intervención. Dentro de la
propia CNV habían sido desplazado funcionarios de carrera renuentes a firmar
medidas arbitrarias. En las
covachas políticas del oficialismo, se preparaban el desembarco en la empresa y
las primeras decisiones. La intervención desplazaría al directorio y relevaría
al periodista Jorge Lanata y a los tres principales ejecutivos periodísticos del
multimedio. El Gobierno había decidido no despedir al resto de los periodistas
ni levantar los programas radiales y televisivos. Esperaba que cada uno de
ellos se fuera del multimedio por su propia decisión. Anunciaría también un
aumento masivo de salarios a sus empleados para asegurarse la continuidad del
diario y de las emisiones radiales y televisivas. La
indicación de preparar las necesarias cuestiones administrativas y las
decisiones políticas fue dada por la propia presidenta. Cristina Fernández K se
reservó la orden final de abrir fuego. En el mediodía del martes, el presidente
de la CNV,
Alejandro Vanoli, almorzó con más de 500 ejecutivos de finanzas que lo
ametrallaron con preguntas sobre la eventual intervención a Clarín. Vanoli
evadió las preguntas y no contestó ninguna. El estruendo mediático creció aún
más: ese silencio era la confirmación implícita de las versiones. En la
tarde del martes, Mauricio Macri firmó el decreto de necesidad y urgencia por
el que colocaba en jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, todos los
conflictos relacionados con la libertad de prensa y de expresión. El decreto
es, además, un compendio de todas las libertades y garantías individuales a las
que tienen derecho los ciudadanos de la Capital. El kirchnerismo se quedó sin discurso;
Macri lo corría por el costado del verdadero progresismo de las libertades.
Muchas horas después, el oficialismo sólo pudo crear una fantasía: el decreto
de Macri, argumentó, negaba el derecho de huelga al garantizar la circulación
de los medios periodísticos. Era una deducción forzada de un decreto que no
dice nada de eso. ¿Cómo voy a negarles el derecho de huelga a los periodista
si les estoy garantizando la libertad de su trabajo?, se ofendió Macri. En la
noche incipiente de ese día, Cristina Fernández K mandó frenar la embestida
final contra Clarín. Apretó el freno del camión, pero no se bajó del camión
ni lo estacionó, dijo un funcionario que la frecuenta. Nos hubiéramos
echado encima a la sociedad y el mundo, sintetizó ese colaborador que la
oye, y agregó: Además le hubiéramos dado a la oposición lo que no tiene: un
candidato. Al día siguiente, los funcionarios que siguen puntualmente las
indicaciones presidenciales, desmintieron lo que no habían desmentido durante
cuatro largos días. Vanoli habló, por fin, y fue más preciso que el resto: no
harán nada por ahora contra Clarín, pero tienen la ley preparada para aplicarla
en cualquier momento. La orden de abrir fuego sigue en poder de Cristina. Al
decreto de Macri se le sumó luego, en igual sentido, otro del gobernador de
Córdoba, José Manuel de la
Sota. La oposición que controla pedazos de poder le disputaba
a la Presidente
la definición de la democracia. No obstante, los decretos de Macri y De la Sota serán llevados
seguramente a la Justicia
por el gobierno nacional. La
Corte Suprema de Justicia ya debió decidir hace casi tres
años por un decreto similar de la provincia de San Luís. La Corte concedió entonces una
cautelar en beneficio del gobierno de Cristina Kirchner, que todavía está
vigente. La Presidente
nunca se quejó de esa cautelar. El caso
de San Luís se dio cuando el tema que estaba en boga era la nueva ley de medios
audiovisuales. En despachos del máximo tribunal de Justicia se escuchó decir
que los temas del espacio de radio y TV son cuestiones federales, es decir, las
provincias no tienen mucho que aportar a esos asuntos. En cambio, el caso del
periodismo gráfico (y, sobre todo, su libertad) sí podría ser entendido como
una cuestión de jurisdicción provincial. De
todos modos, es la misma Cristina K la que inició en los últimos tiempos una
difamatoria campaña contra el diario La Nación, por una cuestión que está en manos de la Justicia. Cinco
organizaciones, en representación de casi cuarenta medios gráficos, radiales y
televisivos del país, iniciaron hace mucho tiempo una causa judicial por
decisiones contradictorias de distintos gobiernos sobre el pago del IVA por los
productos periodísticos. El pago de ese impuesto por parte del periodismo,
cambió en las formas y en el fondo según cada gobierno que fue apareciendo. Entre
los medios nacionales están La
Nación y Perfil. Clarín no forma parte de ese expediente. La Corte Suprema de
Justicia abrió una instancia de conciliación entre las empresas periodísticas y
la AFIP, que es
el proceso que está ahora en marcha. En los agraviantes tuits de la Presidente y en el
discurso de sus voceros calificados, aparece sólo La Nación como un evasor
compulsivo de impuestos. A esa calumnia ha reducido el cristinismo una larga
disputa judicial entre decenas de medios periodísticos, y un Estado que usa la AFIP para perseguir a sus
enemigos y para salvar a sus amigos. En la Argentina no existe
monopolio de papel para diarios. Existe, sí, una sola fábrica nacional de ese
papel, Papel Prensa, pero desde la presidencia de Raúl Alfonsín el arancel de
importación es cero. Hoy, por los desequilibrios entre el dólar oficial y el
paralelo, el precio del papel importado es igual o menor que el del papel
nacional. De hecho, casi todos los diarios de provincias vecinas a la
cordillera de los Andes prefieren importar papel de Chile. Les es más barato y,
además, tienen la financiación que aquí Papel Prensa no les puede dar. El
proyecto de expropiación de una parte del paquete accionario de Papel Prensa,
propiedad mayoritaria de La
Nación y Clarín, pone en manos del Estado más del 50 por
ciento de las acciones de esa empresa crucial. El Estado tendrá el control de
Papel Prensa, entonces, y habrá creado de esa manera el monopolio que ahora no
existe. El Gobierno controlará la producción nacional del papel para diarios y,
al mismo tiempo, podrá decidir sobre la importación, sobre sus aranceles o si
habrá papel importado o no. El
ideólogo de este zafarrancho es Guillermo Moreno, el mismo que ya intervino a
la ex papelera Massuh, le cambió el nombre (Quilmes, la llamó) y la fundió.
Cientos de trabajadores quedaron en la calle. ¿Hará lo mismo con Papel Prensa,
empresa a la que le dispensa además su odio político? La
publicidad de algunos electrodomésticos ha vuelto, en parte, a la radio y la
televisión. Pero electrodomésticos y supermercados tienen prohibido publicar
publicidad en los grandes diarios del país, sobre todo en La Nación, Clarín y Perfil.
Las pérdidas son cuantiosas. No es una orden escrita; no hay resolución ni
decreto ni ley al respecto. Fue una orden verbal, directa y atemorizante de
Moreno, el mismo funcionario que autoriza si esas empresas deben vivir o morir. Esas
compañías, muchas de capital extranjero, consideraron riesgoso hace poco
concurrir a una audiencia convocada formalmente por los bloques opositores del
Congreso. Son legisladores que están en la oposición, es cierto, pero son
también funcionarios del Estado que fueron despreciados. Aunque
parezca otra cosa, el proyecto cristinista para fulminar lo poco que queda de
periodismo independiente sólo ha comenzado. Rápida o lenta, la muerte de éste
es el propósito final de una presidente con vocación de verdugo. Por Joaquín Morales Solá
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