Redacción Digital

El dislate devaluatorio de Moreno, la vieja receta de Cristina F. de Kirchner y la ausencia de república.

Fue una demostración de una impericia increíble. Pero así son las cosas en muchas áreas de la administración de Cristina Fernández de Kirchner. No crea el lector que estamos hablando del ministro de Defensa, Arturo Puricelli –a quien nadie respeta ya dentro del Gobierno– y el penoso episodio del Santísima Trinidad.

Estamos hablando del inefable secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. El hecho: su vaticinio de un dólar a fin de año de seis pesos. Es decir, habló de una devaluación. Alguien debería haberle dicho que una devaluación nunca se anuncia; se instrumenta. ¿Quién se va a desprender de un dólar que ahora vale cinco cuando sabe que a fin de año valdrá seis?

¿Piensa alguien en el Gobierno que los dólares de las exportaciones agrícolas se liquidarán así nomás sabiendo que quien lo haga ahora, o en los próximos meses, estará perdiendo dinero? Además, la declaración de Moreno implica un reconocimiento de que los números del Indek sobre la inflación son una mentira.

El problema que tiene la administración de Fernández de Kirchner con sus mentiras lo genera, como siempre, la realidad. He ahí, como botón de muestra, la discusión salarial. Es una espina que perturba al Gobierno. Y cada vez más ya que desde un punto de vista político, al Gobierno lo complica su relación no con Moyano u otros opositores –con quienes no la tiene ni la tendrá–, sino con los que son de su mismo palo. Un ejemplo es la CGT Balcarce; otro, la actual conducción de la Unión Industrial Argentina y un tercero, los gobernadores e intendentes K.

La CGT oficialista enfrenta una encrucijada, dado que hay allí quienes no quieren saber nada con cualquier cosa que signifique tener que compartir algo con Moyano. Sin embargo, la realidad los lleva a abordar una agenda con temas que no le permiten despegarse de la del camionero; ahí está, pues, el reclamo de aumento del mal llamado “mínimo no imponible”.

Los aumentos en las paritarias no tienen sentido si ese techo no se eleva. Cualquier nuevo beneficio que reciban los trabajadores será devorado por la AFIP. “No sé cómo la Presidente no se da cuenta de esto”, señala un hombre que comparte el mismo espacio gremial que Caló, y agrega: “Para la tribuna estamos obligados a decir que el Gobierno modificará esto, pero la verdad es que hasta ahora nadie nos dijo; estamos dibujados”.

El "Aló Presidenta" del viernes, no ayudó a calmar mucho a las bases de muchos sindicatos. El consejo presidencial –de hacerles vacío a las empresas y a los comercios que aumentan los precios–, tuvo olor a receta vieja. Lo han dicho mucho otros que pasaron por la Casa Rosada antes que Fernández de Kirchner. A ninguno le funcionó. Tampoco funcionará ahora. Si la Presidente cree que ésa es la solución al problema de la inflación, se equivoca. La razón es muy simple: los aumentos no son exclusivos de un comercio o un rubro en particular, sino generalizados.

Las complicaciones no afectan sólo a los consumidores. También comprometen las cuentas fiscales y eso es lo que muestran las economías de las provincias, cuyo deterioro es difícil de ocultar. Por eso el espinoso asunto de la coparticipación, ítem clave para la supervivencia de las gestiones de los gobiernos provinciales, hizo su aparición en la agenda.

La propuesta de rediscutir los porcentajes que han hecho esta semana Scioli y Fellner, surge de una necesidad cada vez más apremiante. Para paliar eso a algunas provincias –a cuyos mandatarios Fernández de Kirchner considera amigos–, se les abre el chorro a través del cual distribuyen fondos extras con generosidad, alternativa que no comparten los que no gozan del privilegio de la simpatía presidencial.

En consecuencia, en estas últimas los problemas se notan y mucho, algo que desde la Casa Rosada se encargan de resaltar. Un último ejemplo lo representa San Carlos de Bariloche. Al intendente removido le negaron hasta el saludo; a su reemplazante la recibió ni más ni menos que el jefe de Gabinete, quien le aseguró la ayuda que el destituido no tuvo.

Hasta ahora, esta situación de ahogo la venían expresando públicamente cuatro gobernadores: el cordobés De la Sota, el santacruceño Peralta, el correntino Colombi y el santafesino Bonfatti. Esta semana se les han agregado Scioli y Fellner. A Scioli salieron a “matarlo” su vice, Gabriel Mariotto, y Amado Boudou. Es para lo que están.

Es improbable que los gobernadores logren abrir la discusión por la coparticipación. En cuanto la Presidente aceptara hacerlo, sabe que se queda sin caja y, por ende, sin poder para someter a los mandatarios.

A propósito, en la semana se adoptó una decisión destinada a reducir al mínimo el poder de los ejecutivos provinciales. Fue la resolución por la que se habilitó a los intendentes a recibir fondos desde la Nación sin la participación de los gobernadores. Ha sido ésta la oficialización de una práctica que supo usar mucho Néstor Kirchner.

Más allá de las consecuencias prácticas que vaya a producir, esta determinación del Gobierno implica un avasallamiento no sólo de la autoridad de los gobernadores, sino también del concepto republicano y federal sobre el que descansa la estructura institucional de nuestro país.

Con actitudes como éstas, la Presidente no hace más que reafirmar el perfil absolutista de su gestión, que se asemeja más a un unicato que a una república.

Por Nelson Castro