Redacción Digital

En escasas dos carillas, con menos de 500 palabras, el máximo Tribunal Constitucional argentino acaba de ponerle fecha de vencimiento a una de las batallas político-periodísticas más impactantes de la historia nacional.

El escrito firmado por los siete jueces de la Corte es poco frecuente. Por unanimidad rechaza toda dilación procesal en la causa, reconoce que el paso del tiempo transcurrido y las medidas cautelares configuran denegación de justicia y genera, implícitamente, que cesen las interpretaciones desde los atriles del poder y de los micrófonos de los multimedios de una ley que fue sancionada hace tres años.

Ahora se sabrá si Clarín tiene una posición dominante monopólica en los medios de comunicación, o si los diputados y senadores atropellaron el derecho de propiedad privada con el sistema de “desinversión” que desguazaría al conglomerado Noble. Blanco o negro. Y eso, en un país que muchas veces ha olvidado el carril republicano, es facultad exclusiva de los jueces que interpretan las normas a la luz de los casos concretos.

El juez Horacio Alfonso, del fuero Civil y Comercial de la Capital Federal, tiene que decir cuanto antes (“inmediato dictado de sentencia definitiva”, dice la Corte), no si Martín Sabbatella puede llamar a licitación de frecuencias y propiedades que él considera excedidas según la ley o si Clarín elige quedarse con Cablevisión y desprenderse de TN y Canal 13. Lo que el vértice último de la Justicia le dice es que se pronuncie sobre si la Ley de Medios respeta la Constitución o no. Con sabiduría, la Corte demuele uno de los vicios más extendidos en el foro: las chicanas.

A primera vista, no aparecen vencedores netos. Clarín podría pensar que es gananciosa porque en el pedido de “privación de justicia” parecen darle razón. La Corte reclama una sentencia urgente y de fondo y usa la expresión “denegación de justicia”. Es un punto también a favor del multimedios, pues gana certeza respecto de los jueces competentes según el criterio de la Corte: el fuero es el Civil y Comercial y, por las dudas, el tribunal supremo manda reordenar la descabezada Cámara Civil y Comercial. Eso cae muy bien en los apoderados del diario.

Respecto de lo que pueda ocurrir, el multimedios quiere ilusionarse con un fallo favorable de primera instancia, aunque le quede una cuesta arriba posterior por la vía recursiva en la Cámara y con el recurso extraordinario en la Corte. Allí, es cierto, gana tiempo. Si pierde, también podría invocar el paso del tiempo si consigue apelaciones con efectos suspensivos. Eso no es para nada posible ni factible a la luz de la jurisprudencia.

Del lado del Gobierno es evidente que el no prorrogar la medida cautelar que vence el 7D, es un triunfo inmediato a tono con los dichos de ministros del Poder Ejecutivo que denunciaron pretensión de “cautelares eternas”. Sin embargo, le pone una valla (más moral que jurídica, quizá) para que no mueva ninguna pieza hasta que el magistrado dicte sentencia. ¿Se va a animar el AFSCA a licitar licencias que deben ser analizadas con inminencia por un juez según ordenó la Corte? Legalmente podría. ¿Puede leerse por los jueces como un desafío por apresuramiento si así lo hace?

La Corte usó su inteligencia para marcar el terreno de la pelea. A todos, Incluso a los jueces inferiores a los que ha citado personalmente para informarles lo que ha resuelto y dejarles ver con el tradicional lenguaje no escrito del tribunal, hasta dónde están dispuestos ellos a ir.

Por Armando Maronese

Fte Liberal