Redacción Digital

Tan fluida y contradictoria es la situación política, que surgieron dudas acerca de la realidad del estado de salud de la presidente de la ex República Argentina. Tal como lo dijimos, algunos analistas llegaron a sospechar que se trataba de versiones impulsadas desde los aparatos de inteligencia que posee el oficialismo, a los efectos de crear una suerte de aureola alrededor de Cristina W. Fernández, con el hipotético objetivo de generar un sentimiento de compasión sustentado en el grave problema que la aqueja y así, obtener una simpatía en la sociedad que hoy la rechaza.

La sospecha tenía sus razones, habida cuenta de la experiencia recogida a lo largo de la actual etapa cristinista, que tanto jugó psicológicamente para obtener réditos políticos. La contradicción ha sido la norma y las mentiras reiteradas u olvidadas, según las mediciones que constantemente se hacen sobre la opinión pública.

Sin embargo, con el correr de las horas y en fuentes incuestionables por su seriedad y ubicación en el esquema de poder en vigencia, se pudo comprobar que no sólo son ciertos los comentarios que circulan sobre este importante asunto, sino que el problema es progresivo, con un plazo preciso, mensurable y cada vez más perceptible.

El 31/10 la Presidente tenía previsto participar en un acto para volver a inaugurar obras públicas, pero quienes la asisten resolvieron que era conveniente demorar su exposición pública. Lo cierto es que la enfermedad que se comenta ha modificado el ánimo de Cristina Fernández y su comportamiento respecto de los temas que debe tratar por su alta investidura. En pocas palabras -y es inevitable reiterar las consecuencias-, el problema posee un íntimo contenido político que a esta altura de las circunstancias comenzó a modificar el escenario y por qué no decirlo, el devenir institucional del país.

Esto viene a ocurrir en momentos especialmente importantes para el futuro de la actual administración que debe afrontar, entre otras dificultades de particular incidencia, el acoso judicial de bienes argentinos en el exterior a raíz de la deuda externa impaga, un tema que hoy se ha convertido en un lógico motivo de inquietud.

Al respecto, podemos señalar que entre otros efectos de este escenario plagado de tensiones -el caso de la Fragata Libertad es una demostración palpable de lo que mencionamos-, es que las obligaciones cuyo pago mensual ha sido pactado, existe el peligro de que, si la correspondiente liquidez es girada a su destino, puede ser interceptada por las demandas de bonistas que poseen un excelente mecanismo jurídico para lograr su embargo.

Este asunto puede parecer simple y hasta ajeno al tema central de nuestro informe, pero el hecho es que Cristina Fernández, sin profundizar o sin buscar alternativas viables, puede cambiar bruscamente de opinión y resolver que esos pagos se hagan únicamente en el país para evitar que queden bloqueados, generándose así una complicación adicional para el desenvolvimiento administrativo.

Por supuesto, ésta no es la única cuestión que está en juego, razón que convierte a la enfermedad que altera las pautas de su comportamiento, en una cuestión de Estado de difícil resolución. En la práctica, Cristina Fernández ordenó que nada importante puede resolverse sin su intervención, lo que no es nada simple si se tiene en cuenta que sus decisiones suelen modificarse o suspenderse de manera inesperada, según su estado de ánimo.

¿Qué decidirán los asesores más amigos de la Presidente? ¿Cómo se solucionarán las limitaciones que ya existen para el ejercicio del cargo? Lo cierto es que hasta los más fieles seguidores del kirchnerismo no atinan a dar una respuesta a lo que ya es un conflicto inocultable.

Específicamente, lo que podemos llamar como “el caso Clarín”, o “la obsesión de Cristina”, es un hecho “portador de futuro” y según sea su desarrollo y final, dependerá la vida política e institucional. ¿A quién recurrirá el gobierno si la suerte le resulta adversa en el terreno jurídico? ¿A las Fuerzas de Seguridad que, inquietas, consultan qué deberían hacer si se les imparten órdenes ilegales o simplemente discutibles, o apelará a la organización de activistas para ocupar las plantas de la empresa?

Obviamente, el 7 de diciembre no está en juego únicamente el concepto de propiedad o de la libertad de opinión, sino algo más profundo, que a esta altura de las circunstancias toma en cuenta a los gobernadores y a otro de los componentes del Estado: la Suprema Corte de Justicia.

Por Carlos Manuel Acuña