Redacción Digital

El titular de la cartera de Justicia, Julio Alak, ha demostrado un total desprecio por la división de poderes y se ha erigido en comisario político de los jueces

Cuando Julio Alak asumió, en julio de 2009, como ministro de Justicia y Derechos Humanos, juró cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional. Resulta por ello escandaloso que quien debe velar desde su cargo por el mejoramiento del servicio de justicia se dedique en forma tan estentórea a repudiar los principios esenciales sobre los cuales se funda el Poder Judicial en una república.

La escalada de improperios, distorsiones y denuncias infundadas que el ministro formuló en las últimas dos semanas en el contexto de la disputa entre el Gobierno y el Grupo Clarín lo ha expuesto como alguien indigno del cargo que ocupa.

La dificultad para encontrar un magistrado imparcial que imparta justicia en la causa en la cual el Grupo Clarín, cuestiona la inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley de medios audiovisuales, y excede el terreno de una normal disputa entre litigantes.

La ciudadanía observa azorada que, luego de que el ministro Alak denunciara en ácidos términos la actuación de un juez subrogante, y que trascendidos periodísticos alertaran sobre amenazas de una persecución penal a su hermano, el magistrado haya renunciado a su cargo invocando su situación familiar, dando crédito a la existencia de maniobras extorsivas en el más alto nivel del Gobierno.

Previamente, el ministro de Justicia también había advertido al juez subrogante que un fallo a favor del Grupo Clarín constituiría un alzamiento contra la Constitución Nacional.

En paralelo, el ministro se embarcó en una campaña para la designación en esa causa de María Lorena Gagliardi, una funcionaria del Poder Ejecutivo, que vio mejorado su orden de mérito del puesto 15° al 6° mediante una irregular ponderación de sus antecedentes en el marco del concurso 258 para cubrir cinco juzgados de primera instancia en el fuero Civil y Comercial Federal. Como parte de la maniobra, se pergeñó la recusación del consejero Ricardo Recondo, instituto no previsto en las normas aplicables.

Cabe destacar, que el consejero Recondo encabezó en 2010 la lista que obtuvo la mayoría en representación de los jueces y había sido previamente presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación.

Al no lograr la exclusión de Recondo y fracasar en la obtención de la mayoría calificada necesaria para seleccionar a su candidata en la terna en cuestión, Alak se apersonó en la propia sala del plenario del Consejo de la Magistratura y presidió una conferencia de prensa en la que acusó de conspiración a los consejeros que no habían querido votar con el Poder Ejecutivo. Posteriormente, trascendieron nuevas descalificaciones y presiones sobre los consejeros disidentes.

El desvarío culminó con la denuncia penal por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra los cinco consejeros que se manifestaron por la anulación del concurso 258. Esta denuncia, anticipada por Alak, lleva la firma del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y la procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona. La lógica detrás de la denuncia resulta abominable: quien no vote como el oficialismo está delinquiendo.

Como bien señalaron ayer representantes de la oposición en una declaración conjunta, se trata de signos evidentes de un Poder Ejecutivo que ignora la prohibición constitucional de involucrarse en causas judiciales, y que no vacila en menoscabar la independencia de criterio e imparcialidad de los tribunales.

Al mismo tiempo, la mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura dio curso a un sumario sobre las subrogancias en el fuero Civil y Comercial Federal, y dispuso una inédita citación como imputados a la totalidad de los camaristas del fuero y la comparecencia como testigos de los jueces de primera instancia. Es imposible no leer en estas rápidas citaciones un mensaje a todos los magistrados con jurisdicción en la problemática audiovisual y de telecomunicaciones. Como si fuera poco, Alak envió al Senado un listado de conjueces subrogantes para esa Cámara, varios de ellos cercanos al oficialismo.

Son lejanos los días en que Alak, como intendente de La Plata, hacía gala de autonomía frente al menemismo y al duhaldismo. Hoy, ante la lógica del gobierno nacional, no hay lugar para la prudencia y la moderación. El ministro Alak se ha erigido en comisario político de los jueces de la república y, demostrando un desprecio total por la división de los tres poderes del Estado y la independencia del Poder Judicial, ha difamado, amenazado y denunciado penalmente a quienes no consintieron los dictados del oficialismo.

Al poner la voluntad del Gobierno por encima de la Constitución, las leyes y los reglamentos, y al pretender convertir en delito el disenso, el ministro de Justicia ha deshonrado la democracia, el cargo que desempeña y su trayectoria política.

Por Roberto J. Wilkinson