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La Presidente se fue a la guerra
Por Joaquín Morales Solá - 3 de Noviembre, 2012, 14:49, Categoría: Opinión
La Presidente es la
comandante en jefe de la guerra. Ella ordenó personalmente a Julio Alak,
ministro de Justicia, que echara a jueces a golpes de micrófonos. Ella quebró
cualquier intento de negociación entre la mayoría y la minoría en el Consejo de
la Magistratura
para designar un juez en la causa más sensible para el Gobierno. Ella volvió a
usar la cadena nacional de medios audiovisuales (que había soslayado desde el
13 de septiembre), sólo para recordar el tercer aniversario de la ley de
medios. En un país con crecientes problemas económicos y sociales, Cristina
Kirchner ha hecho de su conflicto contra el Grupo Clarín el centro de su vida y
de su poder. El fragor de esa guerra, como en cualquier guerra, no tiene
códigos ni medidas. En su último sermón sobre el 7 de
diciembre, la Presidente
dio por descontado que la
Justicia no hará nada antes de ese día de provocadores
presagios. ¿Cómo lo sabe? ¿Quién se lo aseguró? La Justicia tiene tiempo todavía
para dictar una sentencia, en primera instancia, sobre el fondo de la cuestión
o para ampliar la cautelar que protege las propiedades de Clarín. El fondo de
la cuestión es la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del artículo 161
de la ley de medios, que obliga a ese multimedio a una rápida desinversión.
Cualquier decisión en primera instancia sobre el fondo del planteo podría ser
apelado ante la Cámara
Federal Civil y Comercial y, por lo tanto, quedaría en
suspenso la aplicación de ese artículo. Los jefes de una guerra no piensan en la
adversidad o, al menos, no transmiten esa alternativa. El problema se agrava,
sin embargo, cuando las cosas pasan de las palabras optimistas a los hechos
agresivos. Cristina Fernández mandó a su jefe de operaciones, Alak, a
cuestionar brutalmente a un juez en la propia sede del Consejo de la Magistratura y en la
misma sala donde se reúne formalmente ese cuerpo. La función institucional del
Consejo es ser independiente del Poder Ejecutivo, aunque en su composición
exista, como existe, una mayoría oficialista y una minoría opositora. El juez atacado fue Raúl Tettamanti, que
estaba interinamente a cargo del juzgado que tiene la causa del Grupo Clarín.
Tettamanti no responde al Gobierno, y ése fue, en síntesis, su pecado. Renunció
denunciando que él y su familia habían sufrido "violencia moral".
Nadie explicó si esa referencia a su familia fue la confirmación de una versión
que dice que su hermano, un almirante retirado, recibió la amenaza de que sería
querellado por presuntos delitos de lesa humanidad. Ese militar está retirado
desde hace más de 20 años y nunca fue acusado de nada. El juez Tettamanti se
fue. La Cámara Federal sorteó la
designación de otro juez interino y el crucial juzgado cayó en manos del
magistrado Roberto Torti. Alak recusó también a Torti porque alguna vez, ya
lejana, había sentenciado a favor de un planteo hecho por la proveedora de Internet
Fibertel, propiedad de Clarín. Ese viejo asunto no tiene ninguna vinculación
con la ley de medios. La causa se quedará un tiempo sin juez, porque la actual
recusación deberá resolverla la Cámara Federal. Desde hace muchas décadas, la Justicia recurre al mismo
método para cubrir un juzgado vacante: sortea la designación de un juez
subrogante hasta que se designe a su titular. Ahora, casi diez años después, el
kirchnerismo ha descubierto que es un método injusto sólo para una causa cuyo
control reclama obsesivamente. Cantidades enormes de causas contra
adversarios del cristinismo fueron resueltas en los últimos años por jueces
interinos. ¿Un ejemplo? Oyarbide era juez subrogante en la causa que procesó a
Mauricio Macri por una escucha telefónica a su cuñado. Ningún kirchnerista se
alarmó por eso. El centro del conflicto quedó expuesto
en el discurso de Cristina Fernández cuando decidió volver a propinar a los
argentinos sus innecesarias cadenas nacionales. Se manifestó fastidiada porque
no estaba en vigencia total, tres años después, una ley aprobada por el
Congreso. Fue aprobada por senadores y diputados, es cierto. Pero la Presidente ignoró
raudamente el papel de la
Justicia como crucial instancia revisora de la
constitucionalidad de los actos de los otros poderes del Estado. También se molestó porque la
"minoría" del Consejo de la Magistratura está trabando la designación de un
juez. El rol de las minorías es, precisamente, cuestionar las decisiones de las
mayorías. Si la mayoría fuera incuestionable, ¿para qué existiría un Consejo de
la Magistratura
integrado por oficialistas y opositores? El Consejo está atado de pies y manos:
la minoría se niega a darle los votos que la mayoría necesita para nombrar a un
juez propio en el caso Clarín. Todos los candidatos que hay son kirchneristas,
aseguró el diputado opositor Oscar Aguad. El oficialismo amagó varias veces con
negociar un candidato de consenso, pero el intento fue abortado en el acto por
la propia Cristina Fernández . Será el juez que ella quiere o no será ninguno. En su notable giro político hacia el
autoritarismo, la Presidente
está cayendo en la denegación de justicia. El juzgado del caso Clarín podría
quedarse por default sin juez. Obstruida la primera instancia, es muy difícil
para las partes llegar a la segunda y, más aún, a la última, la Corte Suprema. El
Gobierno podría aplicar, en tal caso, su propia interpretación del 7 de
diciembre, fecha en la que, según una sentencia de la Corte, deberá caer la medida
cautelar que protege los bienes de Clarín. Eso sucedería si antes no hubiera
una decisión sobre el fondo de la cuestión o si no mediara una decisión
judicial para prorrogar la cautelar. La denegación de justicia se agravó,
además, cuando la jefa del Estado se manifestó públicamente interesada en una
causa judicial y en una determinada resolución de esa causa. Fue también una
manera directa y feroz de presionar sobre todas las jerarquías de la Justicia, incluida la Corte Suprema. El 7-D ha sido interpretado como una
alusión al Día D; así se llamó el día del desembarco aliado en Normandía, que
dio un vuelco decisivo a la
Segunda Guerra. Por esas casualidades que la historia busca y
encuentra, el 7 de diciembre es el aniversario de otro combate: el del ataque
de la aviación japonesa, aliada de Hitler, a la base naval estadounidense de
Pearl Harbor, que empujó a los Estados Unidos a la guerra. El final fue un
desastre para Japón y sus aliados. Sea cual fuere la referencia histórica que
valga, lo cierto es que la
Presidente está personalmente en guerra. En Normandía o en
Pearl Harbor. Su reciente discurso fue una manera indirecta de sugerir en público
lo que dice brutalmente en privado: A matar o morir. No es una orden correcta
en boca de una líder democrática, pero es la orden que hay. La historia, en efecto, está llena de
casualidades. El mismo día en que la Presidente anunciaba la batalla final, Daniel
Hadad se despedía de su multimedio, que vendió al empresario Cristóbal López,
un viejo amigo de los Kirchner. Esa operación de compraventa no se ajusta, se
la mire por donde se la mire, a la ley de medios. Hadad sólo podía vender el 50
por ciento de sus licencias y vendió el 70 por ciento. Cristóbal López no podía
comprar ningún medio audiovisual porque tiene concesiones del Estado, como el
juego, y porque es licenciatario de servicios públicos, como el petróleo y el
gas. Hadad debió desinvertir antes de vender, además, pero le dejó esa tarea al
comprador, Cristóbal López. Un privilegio. El kirchnerismo miró para otro lado. La guerra de Cristina Fernández tiene,
por ahora, un solo enemigo. La temprana derrota de la Justicia es la primera
consecuencia de cualquier guerra. Por Joaquín Morales Solá
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