Redacción Digital

La Presidente es la comandante en jefe de la guerra. Ella ordenó personalmente a Julio Alak, ministro de Justicia, que echara a jueces a golpes de micrófonos. Ella quebró cualquier intento de negociación entre la mayoría y la minoría en el Consejo de la Magistratura para designar un juez en la causa más sensible para el Gobierno. Ella volvió a usar la cadena nacional de medios audiovisuales (que había soslayado desde el 13 de septiembre), sólo para recordar el tercer aniversario de la ley de medios. En un país con crecientes problemas económicos y sociales, Cristina Kirchner ha hecho de su conflicto contra el Grupo Clarín el centro de su vida y de su poder. El fragor de esa guerra, como en cualquier guerra, no tiene códigos ni medidas.

En su último sermón sobre el 7 de diciembre, la Presidente dio por descontado que la Justicia no hará nada antes de ese día de provocadores presagios. ¿Cómo lo sabe? ¿Quién se lo aseguró? La Justicia tiene tiempo todavía para dictar una sentencia, en primera instancia, sobre el fondo de la cuestión o para ampliar la cautelar que protege las propiedades de Clarín. El fondo de la cuestión es la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del artículo 161 de la ley de medios, que obliga a ese multimedio a una rápida desinversión. Cualquier decisión en primera instancia sobre el fondo del planteo podría ser apelado ante la Cámara Federal Civil y Comercial y, por lo tanto, quedaría en suspenso la aplicación de ese artículo.

Los jefes de una guerra no piensan en la adversidad o, al menos, no transmiten esa alternativa. El problema se agrava, sin embargo, cuando las cosas pasan de las palabras optimistas a los hechos agresivos. Cristina Fernández mandó a su jefe de operaciones, Alak, a cuestionar brutalmente a un juez en la propia sede del Consejo de la Magistratura y en la misma sala donde se reúne formalmente ese cuerpo. La función institucional del Consejo es ser independiente del Poder Ejecutivo, aunque en su composición exista, como existe, una mayoría oficialista y una minoría opositora.

El juez atacado fue Raúl Tettamanti, que estaba interinamente a cargo del juzgado que tiene la causa del Grupo Clarín. Tettamanti no responde al Gobierno, y ése fue, en síntesis, su pecado. Renunció denunciando que él y su familia habían sufrido "violencia moral". Nadie explicó si esa referencia a su familia fue la confirmación de una versión que dice que su hermano, un almirante retirado, recibió la amenaza de que sería querellado por presuntos delitos de lesa humanidad. Ese militar está retirado desde hace más de 20 años y nunca fue acusado de nada. El juez Tettamanti se fue.

La Cámara Federal sorteó la designación de otro juez interino y el crucial juzgado cayó en manos del magistrado Roberto Torti. Alak recusó también a Torti porque alguna vez, ya lejana, había sentenciado a favor de un planteo hecho por la proveedora de Internet Fibertel, propiedad de Clarín. Ese viejo asunto no tiene ninguna vinculación con la ley de medios. La causa se quedará un tiempo sin juez, porque la actual recusación deberá resolverla la Cámara Federal. Desde hace muchas décadas, la Justicia recurre al mismo método para cubrir un juzgado vacante: sortea la designación de un juez subrogante hasta que se designe a su titular. Ahora, casi diez años después, el kirchnerismo ha descubierto que es un método injusto sólo para una causa cuyo control reclama obsesivamente.

Cantidades enormes de causas contra adversarios del cristinismo fueron resueltas en los últimos años por jueces interinos. ¿Un ejemplo? Oyarbide era juez subrogante en la causa que procesó a Mauricio Macri por una escucha telefónica a su cuñado. Ningún kirchnerista se alarmó por eso.

El centro del conflicto quedó expuesto en el discurso de Cristina Fernández cuando decidió volver a propinar a los argentinos sus innecesarias cadenas nacionales. Se manifestó fastidiada porque no estaba en vigencia total, tres años después, una ley aprobada por el Congreso. Fue aprobada por senadores y diputados, es cierto. Pero la Presidente ignoró raudamente el papel de la Justicia como crucial instancia revisora de la constitucionalidad de los actos de los otros poderes del Estado.

También se molestó porque la "minoría" del Consejo de la Magistratura está trabando la designación de un juez. El rol de las minorías es, precisamente, cuestionar las decisiones de las mayorías. Si la mayoría fuera incuestionable, ¿para qué existiría un Consejo de la Magistratura integrado por oficialistas y opositores? El Consejo está atado de pies y manos: la minoría se niega a darle los votos que la mayoría necesita para nombrar a un juez propio en el caso Clarín. Todos los candidatos que hay son kirchneristas, aseguró el diputado opositor Oscar Aguad. El oficialismo amagó varias veces con negociar un candidato de consenso, pero el intento fue abortado en el acto por la propia Cristina Fernández . Será el juez que ella quiere o no será ninguno.

En su notable giro político hacia el autoritarismo, la Presidente está cayendo en la denegación de justicia. El juzgado del caso Clarín podría quedarse por default sin juez. Obstruida la primera instancia, es muy difícil para las partes llegar a la segunda y, más aún, a la última, la Corte Suprema. El Gobierno podría aplicar, en tal caso, su propia interpretación del 7 de diciembre, fecha en la que, según una sentencia de la Corte, deberá caer la medida cautelar que protege los bienes de Clarín. Eso sucedería si antes no hubiera una decisión sobre el fondo de la cuestión o si no mediara una decisión judicial para prorrogar la cautelar.

La denegación de justicia se agravó, además, cuando la jefa del Estado se manifestó públicamente interesada en una causa judicial y en una determinada resolución de esa causa. Fue también una manera directa y feroz de presionar sobre todas las jerarquías de la Justicia, incluida la Corte Suprema.

El 7-D ha sido interpretado como una alusión al Día D; así se llamó el día del desembarco aliado en Normandía, que dio un vuelco decisivo a la Segunda Guerra. Por esas casualidades que la historia busca y encuentra, el 7 de diciembre es el aniversario de otro combate: el del ataque de la aviación japonesa, aliada de Hitler, a la base naval estadounidense de Pearl Harbor, que empujó a los Estados Unidos a la guerra. El final fue un desastre para Japón y sus aliados. Sea cual fuere la referencia histórica que valga, lo cierto es que la Presidente está personalmente en guerra. En Normandía o en Pearl Harbor. Su reciente discurso fue una manera indirecta de sugerir en público lo que dice brutalmente en privado: A matar o morir. No es una orden correcta en boca de una líder democrática, pero es la orden que hay.

La historia, en efecto, está llena de casualidades. El mismo día en que la Presidente anunciaba la batalla final, Daniel Hadad se despedía de su multimedio, que vendió al empresario Cristóbal López, un viejo amigo de los Kirchner. Esa operación de compraventa no se ajusta, se la mire por donde se la mire, a la ley de medios. Hadad sólo podía vender el 50 por ciento de sus licencias y vendió el 70 por ciento. Cristóbal López no podía comprar ningún medio audiovisual porque tiene concesiones del Estado, como el juego, y porque es licenciatario de servicios públicos, como el petróleo y el gas. Hadad debió desinvertir antes de vender, además, pero le dejó esa tarea al comprador, Cristóbal López. Un privilegio. El kirchnerismo miró para otro lado.

La guerra de Cristina Fernández tiene, por ahora, un solo enemigo. La temprana derrota de la Justicia es la primera consecuencia de cualquier guerra.

Por Joaquín Morales Solá