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La Justicia de Perón
Por Hugo Gambini - 16 de Octubre, 2012, 19:13, Categoría: Peronismo: régimen, caída e historia
Por esa época hubo dos especialistas en
arrancar confesiones por medios cruentos: los hermanos Luís Amadeo y Juan
Carlos Cardoso. No es extraño que los trágicos episodios
del 15 de abril de 1953 generen polémica. Ella surge del interés por conocer la
verdad sobre una violencia política que, aunque de raíces históricas, alcanzó
niveles de sadismo a partir del golpe militar de 1930. Fue el general golpista José Félix
Uriburu quien designó jefe de policía a Leopoldo Lugones hijo, un tétrico
personaje que restauró el método de los tormentos para hacer confesar a los
presos. Dicho sistema sería institucionalizado en 1934 cuando otro general,
Agustín P. Justo, autorizó la creación de una "Sección Especial" destinada
a aplicar torturas a los detenidos por actividades comunistas. La perfección llegó en 1946 a través de un tercer
general, Juan Domingo Perón, que instaló en la Casa Rosada una nueva
oficina, Control de Estado, cuya jefatura confió a otro siniestro sujeto, el gendarme
Guillermo Solveyra Casares, autor de las instrucciones de aniquilamiento de
opositores e introductor de la picana eléctrica portátil. Y aquí lamento
rectificar al amigo Antonio Cafiero -por el que siento una antigua estima-,
pues no es exacto que los acusados por las bombas del 53, fueran
"detenidos y procesados por la
Justicia ante los jueces competentes, con todas las garantías
de la Constitución
y de la ley, y nadie sufrió agravio o condena otra que la dispuesta por la Justicia", como él
dice. Tal vez por haber integrado el gabinete nacional de aquel gobierno,
Cafiero aceptó esa versión oficial y nunca llegó a enterarse de la verdad.
Es cierto que la Justicia actuó, pero
veamos de qué manera. Primero fue allanada la imprenta de Chascomús donde se
editaban El Imparcial, de Domingo Catalino, y Patria Libre, del dirigente radical Arturo Mathov. El encargado de dicho
taller, Alberto E. Blach, fue preso junto con el periodista Ernesto Bonasso
(padre del escritor Miguel Bonasso), acusados ambos de "propalar versiones
alarmistas". Hasta fines de mayo de ese año la
policía no cesó de hacer allanamientos. La redada empezó con los socialistas
Emilio Carreira, Juan Antonio Solari e Isidro Gabriel. Otro celular cargó a los
doctores Carlos Sánchez Viamonte, Alfredo L. Palacios y al octogenario Nicolás
Repetto. Poco les costaría capturar luego en sus domicilios a Arturo Orgaz,
Federico Pinedo, Pablo Dellepiane, Alfredo Hermitte, Hilmar Digiorgio, Luís
Acuña, Francisco Elizalde, Vicente Centurión, Patricio Cullen, Marcelo y Emilio
de Álzaga, Guillermo Sansot, Alberto Rómulo Lanusse, Adolfo Ernesto Holmberg,
Jorge Raúl Fauzón Sarmiento, Hernán Tulio Davel, Enrique Alippi, Leonor Juana
F. de Alippi, Luís Pujol, Germán Sánchez, Otto Carlos Franchi, Alfredo Bernardo
Estrabou, Luís Audubert, los hermanos Aldo, Horacio y Miguel Lombardero, María
Teresa González, Elena Carazza de Lobato y el aviador Macedo. Al no poder
hallar a Mathov, se llevaron a su amiga Yolanda J. V. de Uzal. Puestos todos a disposición del Poder
Ejecutivo, se los distribuyó en la cárcel de mujeres, la Penitenciaría Nacional
y el penal de Villa Devoto. En este último se toparon con un prisionero
ilustre, el diputado laborista Cipriano Reyes (nada menos que el factótum del
17 de octubre de 1945), que, además de haber sido torturado, llevaba cinco años
de reclusión por desobedecer a su líder. Sumados a los centenares de presos
políticos y gremiales que venían poblando las celdas desde la huelga
ferroviaria de 1951, puede decirse que en 1953 casi no quedaban militantes
opositores sueltos. O vivían en el exilio o estaban encerrados. A ellos se
agregarían los centenares de almaceneros de barrio acusados de agiotistas. La mayoría sufrió largos meses en
prisión, pero los acusados de "autores materiales del hecho",
tuvieron otro destino y quedaron sin registro de entrada en las comisarías. Fue
el caso del radical Roque Carranza y del demo progresista Carlos Alberto
González Dogliotti, a los que se atribuía la colocación de aquellas bombas.
Carranza contó una vez que durante su militancia universitaria conoció los
laboratorios donde se armaban los explosivos: "Los cartuchos eran
fabricados en Ingeniería, aunque sólo se trataba de bombas de humo o de
petardos estruendosos". Sobre ese atentado, González Dogliotti explicó que
"a consecuencia no de las bombas sino de las avalanchas del público
murieron siete personas y sufrieron heridas casi un centenar". (ver diario
La Nación,
11/5/92). De todos modos, la responsabilidad por los muertos y heridos era la misma. Sin fiorituras - El trato a los acusados del 53 no sería mejor del que habían
recibido entre 1949 y 1951 las huelguistas telefónicas, el abogado radical Juan
Ovidio Zavala, el estudiante comunista Ernesto Mario Bravo y el socialista Luís
Vila Ayres, que no habían colocado ninguna bomba ni matado a nadie, y lo mismo
fueron puestos "en la parrilla" de los policías Cipriano Lombilla y
José F. Amoresano, especialistas en arrancar confesiones. Tras ser condecorados
por su contracción al trabajo, estos dos niños mimados de Solveyra Casares
serían sustituidos en la
Sección Especial por los hermanos Juan Carlos y Luís Amadeo
Cardoso, que formaron un binomio tan eficiente como el anterior en esa
repugnante faena. En mayo de 1953 la policía salió a
buscar a González Dogliotti; al no encontrarlo, se llevó a sus hermanos María
Teresa y Jorge Alfredo. Éste contó que en la comisaría 3ª lo hicieron desnudar,
le vendaron los ojos y lo tendieron sobre dos escritorios: "Con unas
bandas de goma me amarraron brazos y piernas. Oí que decían: "No tirés
tanto, que lo vas a desarmar". Fui interrogado sobre el paradero de mi
hermano y como no sabía nada, alguien ordenó: "¡Diez puntos!".
Enseguida sentí descargas eléctricas en el vientre y en las piernas, que me
sacudían todo el cuerpo. Para que no gritara tanto, uno me tapó la boca con un
trapo mientras entonaba el aire mejicano Canta y no llores. Los demás se
reían a carcajadas. Dijeron que si quería hablar moviera las manos. Lo hice
porque no podía soportar el dolor. Al volver las preguntas y decirles que no
sabía nada, de nuevo oí: "¡Diez puntos!". Otra vez las descargas
eléctricas, ahora en los labios. Empecé a tener convulsiones, mi respiración se
hizo entrecortada, me desmayé y me tiraron en un calabozo". Su hermana María Teresa sufrió un trato
parecido, hasta que ambos fueron blanqueados apenas la policía encontró a
Carlos Alberto. A éste lo colocaron en la "parrilla" de la comisaría
46ª y de allí lo pasaron a la 17ª, donde le tomaría declaración el juez Miguel
Vignola. Fue peor, porque al contarle que lo habían torturado, Su Señoría lo
devolvió a la seccional anterior para que los especialistas siguieran con el
tratamiento. A Otto Carlos Franchi, además de patadas
y puñetazos, le pasaron la picana por la boca, los testículos, las orejas y el
cuello: "Quedé con quemaduras en los labios, me vino taquicardia, tenía
convulsiones y sentía calambres. Esa noche me calmaron los otros presos, pero
volvieron a mandarme al sótano. Allí bajaron también a Dellepiane, a Estrabou y
a Macedo, a quienes les hicieron lo mismo delante de mí". El relato de
Estrabou incluye su intento de cortarse las arterias con un vidrio, por lo que
recibió un martillazo en la clavícula. Lo llevaron al hospital con la mano
herida, lo curaron, lo afeitaron, le cortaron el pelo, le dieron ropa limpia,
le hicieron firmar una declaración falsa y lo dejaron en Tribunales para que
"actuara la Justicia". Dellepiane no la pasó mejor:
"Cardoso me bajó al sótano, me hizo vendar los ojos y estaquear sobre la
mesa. Como no le podía decir nada, ordenó: "¡Diez puntos!". Fue
terrible. Después me revisó un médico y me llevaron a declarar ante el juez.
Jamás me olvidaría de esa valijita gris de la que asomaban los cables de la
picana eléctrica". Para capturar en Encarnación del
Paraguay a Horacio Lombardero, sus hermanos Aldo y Miguel fueron llevados por
Cardoso hasta Posadas y ablandados en la Gobernación: "Allí descubrimos el
espeluznante contenido de ese maletín gris que tanto cuidaban". Tampoco lo
olvidaría Yolanda J. V. de Uzal, que estuvo siete meses a disposición del Poder
Ejecutivo, "con noches sin poder dormir, lavándome con el agua del inodoro
y soportando golpes e interrogatorios bestiales en Orden Político, donde supe
lo que era la picana eléctrica". Hacía cinco años que las Naciones Unidas
habían aprobado la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establecía
que "nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes" (artículo 5°). En cambio, Perón pensaba que "si para
alcanzar la victoria el conductor tiene que echar mano a ciertos recursos, debe
hacerlo, porque ser conductor es una tarea extremadamente difícil para querer
todavía hacerla con extremadas fiorituras o figuras retóricas". Así habló
durante una entrega de sables, el 4 de enero de 1952. Sin fiorituras. Por Hugo Gambini Periodista. Autor de Historia del peronismo (Planeta): 1. El poder total (1943-1951), 2. La obsecuencia (1952-1955).
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