Redacción Digital

Es curioso que en la polémica reabierta sobre la Triple A, se insista en que ese siniestro organismo sólo comenzó a actuar después de la muerte de Juan Domingo Perón y en que su único inspirador fue José López Rega.

Algunos se atreven a mencionar a la tercera esposa de Perón. Enojados, los gremialistas pegaron carteles que decían: "No jodan con Perón".

Es decir: mejor no investiguen, a ver si se descubre otra cosa. Sin embargo, como dijo Joaquín Morales Solá, "tuvo razón Alfonsín cuando afirmó ante el juez que la Triple A precedió al gobierno de Isabel, y fue Perón el que precedió a Isabel" (La Nación, 28/1/2007).

Primero nos remitiremos al 25 de septiembre de 1973. Mientras celebraba el abrumador triunfo que dos días antes lo había consagrado presidente por tercera vez, Perón se enteró de que una ráfaga de ametralladora acababa de liquidar a su amigo José Rucci, titular de la CGT y se puso furioso.

Sabía que eran los Montoneros -su "juventud maravillosa"- y, como buen militar, comenzó a planear su destrucción.  Los consideró el enemigo; dijo que hacía falta un somatén.

Como nadie conocía esa palabra, el general explicó que somatén es una reserva del ejército que actúa por cuenta propia, que los catalanes lo usaban en el siglo XI y que el general Miguel Primo de Rivera lo reflotó durante su golpe de Estado de 1923.

Según la Real Academia, el somatén es un cuerpo de gente armada que no pertenece al ejército y se dedica a perseguir al enemigo.  En otras palabras: es un organismo paramilitar que usa las armas para matar gente. 

Perón recordaba sus charlas en Madrid con el coronel franquista Enrique Herrera Marín, quien le acercó un proyecto de represión basado en la experiencia de la Guerra Civil Española.  "Eso era, ni más ni menos, que el diseño de lo que muy pocos meses después conoceríamos como la Triple A", explica Marcelo Larraquy en su libro sobre López Rega.

Perón hizo llamar a todos para una reunión privada muy importante. Estaban invitados el presidente provisional, Raúl Lastiri; el secretario general del PJ, senador Humberto Martiarena; los miembros del gabinete nacional y los gobernadores con sus vices. 

No faltó nadie. En esa reunión confidencial, realizada en Olivos el 1° de octubre, el general explicó que había que "terminar con los marxistas infiltrados, para evitar que destruyan al Movimiento Nacional Peronista". 

Se puso a consideración un documento reservado, en el que se ordenaba a los militantes a "participar activamente en las acciones que se planifiquen para llevar adelante esta lucha".

El documento no tenía fisuras. Perón, máxima autoridad y presidente electo, había aprobado un texto que ordenaba a sus seguidores: "Deberán acatar estas directivas". 

Por si existían dudas sobre lo que debía hacer el Gobierno, se mencionaba con claridad que "todos deberán participar en la lucha iniciada, haciendo actuar todos los elementos de que dispone el Estado para impedir los planes del enemigo y para reprimirlo con todo rigor". (Tres veces se utilizaba la palabra "todos": en los que participan, en los elementos del Estado y en el rigor de la represión.)

Como Perón no era aún presidente, no lo firmó -solamente lo bendijo-, pero requirió el aval del Consejo Superior Peronista, donde estaban Lorenzo Miguel, Jorge Camus, Norma Kennedy y Julio Yessi, para darle mayor efectividad.

Alarmado, Antonio J. Benítez -ministro de Cámpora, de Perón y de Isabel-, le reveló al peronista disidente Eduardo Luis Duhalde que, durante la presidencia de Juan Perón, había presenciado reuniones de gabinete en las que se mostraban diapositivas de personas de ideología marxista y se elaboraban listas de futuras víctimas o se decidía en ese momento su asesinato. 

"Al parecer, reuniones de este tipo suelen realizarse en el comedor de la Casa Rosada", dice Eduardo Gurucharri, en su biografía del mayor Bernardo Alberte. Y añade: "Benítez refiere que López Rega y el comisario Villar exhibieron fotografías y nombraron personalidades políticas que deben ser depuradas de la infiltración marxista. 

Entre los nombrados están el propio Duhalde, el abogado Mario Hernández y Alberte. Benítez dijo que Perón se limitó a escuchar, sin aprobar ni desaprobar a quienes aludieron a la necesidad de operar por izquierda". 

Duhalde, secretario de Derechos Humanos, le contó hace poco todo esto al juez Norberto Oyarbide, que sigue la causa de la Triple A.

Están también los que creen que los atentados ocurrieron después de la muerte de Perón. Como los gremialistas, por ejemplo, que tienen mala memoria. Pero se puede demostrar lo contrario, con nombres y apellidos, lugares y fechas. 

Hay una interesante cronología, entre julio de 1973 y junio de 1974, publicada en agosto de 2005 en la revista-libro "Lucha armada", que figura en la nota Perón y la Triple A, de Sergio Bufano. 

Se dice allí que "Perón, cansado de proponer a los jóvenes que se sumaran al justicialismo y abandonaran el uso de la violencia, sucumbió a la tentación de estimular una maquinaria de represión, que inició sus actividades antes de que asumiera como presidente, continuó durante su gestión y mucho después de su muerte".

A los tres días de conocido el documento reservado, un chico de la JP, afiliado a la unidad básica Héroes de Trelew, de la villa San Pablo, era asesinado en General Pacheco. Se llamaba Nemesio Aquino. Esa noche también estalló una bomba en la unidad básica Mártires de Trelew, causando graves daños. En Córdoba reventaron otros tres artefactos en el domicilio de los diputados provinciales Fausto Rodríguez y Miguel Marcattini, del Frejuli, y una más casi destruye la casa del senador Tejada, titular de la Cámara de Senadores de esa provincia. 

Perón aún estaba por asumir su tercer mandato. Al día siguiente, en San Nicolás, caía asesinado el periodista José Colombo, del diario El Norte, que según los atacantes "estaba plagado de comunistas".

Cuando Perón ya era presidente, dos días después del 12 de octubre, en Rosario, caía acribillado Constantino Razetti, un joven bioquímico. 

El 17, en Mar del Plata, se incendiaban las casas de Andrés Cabo y de Alfredo Cuestas. Los tres eran dirigentes de la JP.

El día 21, en Santos Lugares, el fuego empezó a consumir el ateneo peronista Heroica Resistencia, y al día siguiente estallaba una bomba en el despacho de Alberto Martínez Baca, gobernador de Mendoza.

El 21 de noviembre, cuando el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen puso en marcha su coche se salvó por milagro, porque estalló una bomba que sólo le hirió un pie. Por medio de un comunicado se hizo responsable el grupo denominado Alianza Antiimperialista Argentina (AAA). 

La novedad de atacar a un legislador radical puso esa sigla en boca de todos y, a partir de allí, la Triple A, que venía asesinando a jóvenes militantes, pasó a ser la identidad de los nuevos atentados.

Perón seguía siendo presidente -por más que Solari Yrigoyen no se acuerde- y, aunque todos sospechaban del Gobierno, en diciembre el general dijo: "Muchas veces me han dicho que creemos un batallón de la muerte, como el brasileño, o que formemos una organización policial para hacerle la guerrilla a la guerrilla. Pienso que eso no es posible ni conveniente". 

Sabía que las Tres A estaban funcionando desde hacía tres meses. Días después, el 23 de enero se ametralló el frente de la casa del dirigente peronista Manuel Héctor Delgado, y a los cinco días, tras un secuestro, apareció en un baldío el cadáver de José Contino, militante de la JP.

La desmentida de Perón no hizo más que confirmar las sospechas, pues la Triple A difundió, el 29 de enero, una lista negra de futuras víctimas. 

Figuraban en ella Silvio Frondizi, Mario Hernández, Gustavo Roca, Mario Santucho, Armando Jaime, Raimundo Ongaro, René Salamanca, Agustín Tosco, Rodolfo Puiggrós, Manuel Gaggero, Ernesto Giudice, Roberto Quieto y Julio Troxler.  Estaban también los coroneles Luis Perlinger y Juan Jaime Cesio, y el obispo Luis Angelelli, de La Rioja.

En una reunión de prensa, el 8 de febrero, Ana Guzzetti, del diario El Mundo, le confirmó a Perón que en dos semanas hubo 25 unidades básicas voladas y doce militantes muertos o desaparecidos. Y le preguntó qué medidas iba a tomar para investigar estos atentados fascistas de grupos parapoliciales ultraderechistas.  Ofuscado, Perón se dirigió a uno de los edecanes: "¡Tomen los datos necesarios para que el Ministerio de Justicia inicie la causa contra esta señorita!".

Pero la orgía no se detuvo, pues el 19 de ese mes fueron secuestrados Jorge Antelo y Reynaldo Roldán, militantes del ERP, de quienes nunca más se supo.

En San Nicolás, fue asesinado el 16 de marzo el médico radical Rogelio Elena. El 30 lo mataron a balazos, en Lomas de Zamora, a Pedro Hanssen, dirigente de la JP, y al otro día asesinaron a Héctor Félix Petrone, en Lanús. 

El 9 de abril fue secuestrado Ricardo José González, de la JUP. Esa misma noche le hicieron un simulacro de fusilamiento a Antonio Iglesias, militante de Vanguardia Comunista, en el parque Pereyra Iraola.

Aunque sabía todo esto por su militancia, el diputado Carlos Kunkel le aseguró, hace poco, a los periodistas Alberto Amato y Walter Curia, de Clarín, que "Perón ni remotamente tuvo que ver con la Triple A".  No pensaba lo mismo el 17 de abril de 1974, al ser detenido en el Chaco cuando iba a copar la colonia aborigen de Resistencia, junto con los sacerdotes Joaquín Núñez y Gianfranco Testa. 

Kunkel se salvó por un pelo de ser torturado. Acababa de renunciar, en enero, a su banca de diputado, después de que Perón amenazara en Olivos al grupo de peronistas de izquierda donde él estaba: "En una semana se termina todo esto -escuchó de labios del líder-, porque formo una fuerza suficiente, lo voy a buscar a usted y lo mato.

"Kunkel sintió el dedo acusador del general; sabía que esa fuerza estaba en funciones. No ignoraba que era Perón quien la había organizado, sobre todo cuando le oyó decir: "Puestos a enfrentar la violencia con la violencia, tenemos más medios posibles para aplastarla. Y lo haremos a cualquier precio, porque no estamos aquí de monigotes". 

Kunkel admite ahora que ellos eran "unos loquitos" y dice no conocer el documento reservado. Es raro que no haya hojeado La Opinión del 2 de octubre de 1973, ni leído La voluntad, de Eduardo Anguita y Martín Caparrós, donde se lo reproduce íntegramente.

El 25 de abril, en Monte Grande, era asesinada Liliana Ivanoff, militante de la Agrupación Evita. Uno de los principales episodios ocurrió en Mataderos, cuando el sacerdote Carlos Mujica fue acribillado el día 11, al salir de la iglesia San Francisco Solano.  Nadie puede olvidarse de este crimen, perpetrado por Rodolfo Almirón, uno de los jefes de la Triple A.

Esto también ocurrió bajo la presidencia de Perón. Pero habría más, pues el secuestrado Bidegorry iba a aparecer con signos de torturas. El 28 se hallaron los cadáveres de Oscar Dalmacio Mesa, Antonio Moses y Carlos Domingo Zila, secuestrados de un local del PST, en General Pacheco, y fusilados en un descampado de Pilar.

El 2 de junio, el asesinado a balazos fue el joven Rubén Poggioni, por pegar carteles del Partido Comunista. El día 6, Gloria Moroni, de Tendencia Estudiantil Revolucionaria Socialista, sería secuestrada y torturada. El 14 se denunció la desaparición de Juan de Dios Odriozola, cuya madre fuera muerta en la batalla campal de Ezeiza.

Perón murió el 1° de julio y, en los nueve meses de su gobierno, los parapoliciales de la Triple A actuaron en zonas liberadas para secuestrar, torturar y matar a jóvenes de izquierda. Se identificaron quince cadáveres, sin contar los secuestros. Luego, con su esposa en la presidencia, la cifra se elevaría casi al millar. 

Por Hugo Gambini

(La segunda tiranía)