Redacción Digital

El haber incursionado en el tema de la represión política durante los primeros gobiernos peronistas, no solamente produjo sorpresa en los lectores de mediana edad. Estos descubrieron una versión diferente de la leyenda angelical construida para reivindicar políticamente aquellos años, y eso era lo esperado. Pero resulta que un viejo artículo "Hace cincuenta años se dio una orden de represión feroz, hoy poco conocida" despertó la curiosidad de muchos ciudadanos que se mostraron interesados en conocer la procedencia del documento que allí se mencionaba.

Se trata del memorándum Orden General n° 1 (Prevención-Represión), firmado por el presidente Juan Domingo Perón el 18 de abril de 1952, en el cual encargaba a los poderes nacionales y provinciales, más la CGT y las ramas masculina y femenina de su partido, "la misión de aniquilar a las fuerzas adversarias, dirigentes y perturbadoras, con todos los medios y con la mayor energía y decisión, ante cualquier preparativo o intento de alteración del orden público".

Es importante advertir que ese documento ya no era un texto inédito. Pero antes vale la pena reiterar que, del original, hace cincuenta años se hicieron suficientes copias mimeográficas para ser distribuidas, en forma reservada, a las máximas autoridades de entonces. Las recibieron gobernadores, ministros y secretarios de Estado; jefes de reparticiones oficiales, de centrales sindicales y de organismos partidarios oficialistas. Como es obvio, dichas copias fueron celosamente guardadas por sus receptores, pues, llegado el caso, podrían servirles como certificados de órdenes superiores. Algo así como la obediencia debida, pero en el ámbito político.

Tras el derrocamiento de Perón, la mayoría de esas copias desaparecieron, del mismo modo que se evaporaron tantos papeles y fotografías comprometedoras. Algunos las pusieron a buen recaudo, previendo que con el tiempo adquirirían carácter de piezas históricas. Y lo eran. La única excepción de entonces fue la del contralmirante Alberto Teisaire, que en vez de esconderlas las usó de escudo protector.

Teisaire era un ladero de Perón de la primera hora, desde que ambos habían compartido el poder en la dictadura militar de 1943-1946. Su fidelidad le iba a reportar las más altas jerarquías: primero fue elegido senador nacional por la Capital, tras un fraude interno en perjuicio del laborista Luís F. Gay; luego, presidente de la cámara alta, y más tarde, ungido vicepresidente de la Nación, en los comicios de 1954. Simultáneamente, Perón lo pondría al frente del Partido Peronista, lo que en la práctica significaba convertirlo en su número dos.

Apenas asilado Perón, Teisaire protagonizó uno de los más increíbles episodios de deslealtad, pues enseguida se ofreció al bando triunfante para revelar públicamente todo lo que sabía de los entretelones de aquel gobierno. Hasta apareció en un film documental relatando detalles de persecuciones políticas, de corrupción administrativa y otras miserias por el estilo, siempre alegando en su descargo que "Perón nos obligaba a todo eso".

Esa imagen repelente haría estallar las plateas de los cines de barrio, donde los antiperonistas le gritaban "¡Caradura!"; los peronistas, "¡Traidor!", y ambos bandos coincidían, por primera y única vez, en vociferar un mismo calificativo frente a las pantallas: "¡Alcahuete!" Fue tanta la bronca que, como bien recuerda Miguel Bonasso en El presidente que no fue (Planeta, 1997), "el ingenio popular lo bautizó Antonio Tormo, por el folclorista a quien llamaban "el cantor de las cosas nuestras".

Esa obsecuencia -tan abominable cuando sirvió al peronismo como cuando lo hizo con el antiperonismo-, fue la que lo impulsaría a solicitar aquella presentación espontánea ante el gobierno de la Revolución Libertadora. A la semana de instalado el presidente Eduardo Lonardi, en la mañana del 1° de octubre de 1955, Teisaire entró en la Casa Rosada con una carpeta llena de papeles. Los había encabezado con un Memorándum para información del presidente provisional, y lo que pondría en sus manos era nada menos que los documentos confidenciales, firmados por Perón, que aún tenía en su poder. Lo hizo, según expresó, porque "no tengo por qué guardar consideraciones para quien no las tuvo con nadie".

Pero la Orden General n° 1 ya había sido detectada en el Ministerio de Defensa Nacional, pues apareció archivada entre los papeles de su titular, el general José Humberto Sosa Molina. Al ser girada al Tribunal Superior de Honor del Ejército, el juez de instrucción militar, general Benjamín Rattenbach, debió verificar su autenticidad porque se trataba de una de las tantas copias mimeografiadas. Hasta que se comprobó que el texto coincidía con una orden similar del ministro Sosa Molina, firmada de puño y letra el 23 de abril de 1952, cinco días después que la de Perón.

Incitación a la violencia - También apareció entre los papeles un folleto titulado Plan Político 1952 - Situación Subversiva. Apreciación y Resolución, concebido por el abogado Román A. Subiza, otro perverso funcionario de aquel gobierno, que estaba al frente del ministerio de Asuntos Políticos. El plan de Subiza proyectaba la destrucción de los partidos opositores -iniciada en 1951 con el cambio tramposo de circunscripciones electorales- y la sumisión política de los empleados públicos, bajo la amenaza del despido. Este folleto, que Teisaire había enviado a los gobernadores, dirigentes partidarios y sindicales de todo el país, era similar hasta en la fecha a la Orden General n° 1 y fue reconocido por Sosa Molina, lo que también les sirvió a los jueces militares para demostrar la autenticidad de la Orden.

Finalmente, la Orden sería calificada de "incitación a la violencia" e incluida en las consideraciones del tribunal castrense para emitir el fallo del 27 de octubre de 1955, que aconsejaba que se le quitaran a Perón el grado militar y el uso del uniforme. El escrito resaltaba dos aspectos fundamentales de la mencionada Orden. Uno, cuando advierte que "en caso de atentado contra el Presidente de la Nación se debía contestar con miles de atentados, cuya ejecución quedaba librada a la CGT y al Partido Peronista". El otro, la revelación que emana del propio texto, al confirmar que "se confeccionaron listas de entidades y personas opositoras que deben ser suprimidas".

Ratificada la sanción por decreto 2034/55, una copia de la Orden quedaría incorporada al expediente como anexo al capítulo III, de "consideraciones previas". Para mayores datos, "a fojas 42 a 46", como dicen los abogados. Y se la menciona especialmente en el punto A, referido a la imputación de "sembrar el odio en la familia argentina e incitar a la violencia y al crimen" (fojas 119-120). Así surge de la lectura del fallo, cuyo texto se autorizó a publicar al año siguiente, por disposición del decreto 14.988/56. Como se ve, estamos ante la existencia de un documento público y -como veremos- publicado.

Aquellos ejemplares de la temible orden confidencial conservados por los ex funcionarios, fueron heredados por sus familiares hasta ir desapareciendo. Pero, como siempre ocurre, no iba a faltar quien tuviera el original y lo deslizara hacia las manos de un periodista. Felizmente en este caso, fue a parar al cuidadoso archivo de Félix Luna, que hace diecisiete años decidió darlo a conocer en el apéndice de Perón y su tiempo. Tomo II. La comunidad organizada (Sudamericana, 1985), una de las investigaciones más serias y documentadas sobre tan discutido período.

Suprimir a los opositores - "Falucho" Luna incluyó, además, varias reproducciones facsimilares, entre ellas la carátula de la Orden con el sello "secreto confidencial y personal"; la página con la firma autógrafa de Perón y un fragmento de las listas de opositores que debían ser "suprimidos" encabezado por los siguientes, nominados en orden alfabético: Andrés A. Amil, Gerardo Andújar, Luís Antón, Juan Carlos Arias, Armando Balbín, Ricardo Balbín, Clotilde Sabattini de Barón Biza, Germinal Russo, Lorenzo Blanco, Roberto Cabiche, Enrique Calot. Estos son los únicos nombres que Falucho reprodujo en el libro, pero se supo que al revisar la letra ele descubrió que se encontraba incluido él también, debido a su militancia juvenil en el radicalismo (aunque por pudor no lo consignó).

De manera que no hay ningún misterio sobre la procedencia del memorándum reservado, el que hace ya mucho tiempo dejó de ser un secreto confidencial. Sólo carecía de la merecida difusión para un conocimiento correcto de nuestra historia contemporánea, y eso es lo que ahora se le ha otorgado, por aquello de que los lectores de diarios son muchos más que los devoradores de libros.

Pero hay más, porque la investigación de Luna revelaría, asimismo, la existencia de otro memorándum parecido, que se denomina Directiva para la prevención y represión de posibles actos de perturbación o alteración del orden público en la Semana de Represión (13 al 18 del corriente mes). Se trata de un cuadernillo, esta vez de diez páginas mimeografiadas, del cual se imprimieron 66 ejemplares marcados con la leyenda "Estrictamente Confidencial y Secreto", los que fueron distribuidos en agosto de 1951 (ocho meses antes de la Orden), y cuyo original quedó a buen resguardo en poder de Falucho Luna.

Si bien eran todas directivas secretas, las sospechas de una represión violenta quedarían en descubierto cuando Perón, que escribía con el seudónimo "Descartes" en uno de los tantos diarios de la cadena oficial, estampó esa vez el siguiente párrafo: "El pueblo debe saber la verdad. Si se altera el orden, si hay atentado o asesinato, su reacción ha de dirigirse sobre los verdaderos culpables y dar un escarmiento que, por ejemplar, se recuerde por varios siglos" (Democracia, 16/VIII/1951).

Eran indicaciones bien claras de lo que, llegado el caso, podrían hacer los partidarios del gobierno con el respaldo de las fuerzas policiales. La represión sonaba terrorífica, a juzgar por los siglos de recordación que presuponía y se encuadraba, como siempre, en una repulsiva ilegalidad, pues no se la decretaba oficialmente sino a través de órdenes secretas.

Lo que nadie imaginó fue que el hábito castrense de la prolijidad les jugaría una mala pasada a los autores de tantos mensajes confidenciales. Preparados cuidadosamente por un comandante de la Gendarmería (Guillermo Solveyra Casares), certificados con la firma de un general del Ejército (Juan Domingo Perón) y custodiados por otro general (José Humberto Sosa Molina) y un almirante de la Armada (Alberto Teisaire), fueron conservados con un esmero del que se jactaría el propio entregador, cuando aclaró que "los había guardado bajo siete llaves".

Sesenta años después, esos papeles duermen en el segundo piso del Superior Tribunal de Honor del Ejército. Y como son documentos públicos, pueden ser consultados por cualquier ciudadano que se interese en investigar esta parte de nuestra historia.

Por Hugo Gambini

Periodista. Autor de Historia del peronismo (Planeta): 1. El poder total (1943-1951), 2. La obsecuencia (1952-1955)