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El miedo como política del Estado
Por Joaquín Morales Solá - 1 de Septiembre, 2012, 20:44, Categoría: Opinión
El arte de Guillermo Moreno ha hecho
escuela. Su destreza consiste en meter miedo a sus interlocutores de cualquier
procedencia o envergadura. Moreno tiene ahora mucho menos influencia que Axel Kicillof, pero su original doctrina se ha impuesto en
todos los rincones del Estado. Cristina Kirchner preside un Estado que
atemoriza. El método no se estableció como un secreto de logia; por el
contrario, es el propio gobierno el que hace saber que puede haber
represalias para todos los díscolos, conocidos o desconocidos. Hay amenazas,
seguidas de represalias. El cristinismo actúa con una lógica
histórica. Es una construcción política cada vez más dura en la medida en que
peor le va. Varias encuestas coincidentes, la mayoría de ellas hechas para el
propio gobierno, marcaron en los últimos días una notable caída de la imagen
presidencial en la opinión pública del país. El lugar geográfico del derrumbe que más
sorprendió a los encuestadores es el conurbano bonaerense. Ahí estaba la fuerza
del peronismo y, en especial, del kirchnerismo. La
inflación y la inseguridad son los principales motivos de una general
decepción social. Y del pesimismo. Otras cuestiones (desde la corrupción a
partir del caso Boudou hasta el creciente autoritarismo) influyen también, pero
en sectores sociales más específicos. Sobresalen por momentos los trazos del
peronismo de los años 40 y 50, que impuso políticas de adoctrinamiento y
persecución. Esto es lo mismo que entonces, dice un viejo intelectual que vivió
aquellos años. La historia corrobora su certeza. También aparecen, en otros
momentos, los rasgos del peronismo de los años 70, influido por una juventud
que descreía de la democracia burguesa. Todo estaba permitido, por lo tanto, en
nombre de un sistema político plebiscitario y violento. El cristinismo está
recogiendo lo peor del peronismo de los años 50 y 70, zanja, por fin, un
peronista que fue funcionario de los Kirchner. Cristina Kirchner se había prometido
superar al peronismo. Peronista era su marido, solía decir. Sin embargo, se
abrazó devotamente a Eva Perón, que sólo dejó frases sueltas, duras y
arbitrarias. Cristina Kirchner regresó al peronismo inicial del brazo de Eva
Duarte. La Presidente
pertenece a una generación para la que el último Perón, más sereno y amigable,
es un "traidor". Una visión propia e improbable de la historia le
permite ahora separar a Perón de Eva, quien, sin embargo, murió fanáticamente
fiel a Perón. La democracia de 1983 nunca había vivido
un clima de persecución del Estado como el que sucede ahora. La herramienta más
usada es la AFIP
y, por supuesto, la descalificación pública de las personas. Hubo un antes y un
después para la libertad de expresión con el caso de Rodrigo Saldaña, un
ejecutivo de una empresa inmobiliaria cuya situación fiscal fue expuesta por la Presidencia por cadena
nacional. Saldaña había contado simplemente los problemas de su empresa luego
del cepo cambiario. Ningún argentino, consultado por el
periodismo sobre problemas concretos, quiere ahora dar su nombre. El precedente
se agravará en adelante con el caso del director de cine Eliseo Subiela, a
quien le negaron la compra de dólares para viajar a un festival en Lima
auspiciado por la cancillería argentina. Subiela contó su caso al periodismo y
el director de la AFIP,
Ricardo Echegaray, le respondió exhibiendo su supuesta situación fiscal con
aderezos descalificatorios. El mundo bloguero y twitero le llama la Gestafip, aludiendo a una
mezcla de Gestapo y AFIP. Lo cierto es que el secreto fiscal ha dejado de
existir en el país. Jueces y fiscales aceptan en reserva que
reciben fuertes presiones del Gobierno para salvar a los amigos y para destruir
a los enemigos. A veces son conversaciones amables, pero otras veces son
métodos brutales. Algunos de esos funcionarios judiciales han recibido sobres
anónimos. Llevaban adentro fotos de esos funcionarios en lugares públicos,
compartiendo momentos de distensión con amigos. No hacían nada malo. Pero la
percibieron como lo que era: una notificación de que son seguidos por los
servicios de inteligencia oficiales. Esos funcionarios llevaban en los
tribunales (o llevan) cuestiones sensibles para el Gobierno. El adoctrinamiento de
estudiantes de escuelas por parte de La
Cámpora sembró el temor entre los propios docentes. Es
probable que muchos de ellos ni siquiera le informen en la Capital al gobierno de
Macri de tales incursiones, como les ordenó el ministro Esteban Bullrich. No es
adoctrinamiento. Enseñamos la verdad, justificó la Presidente. La
verdad es siempre relativa, pero nunca estará en las manos inapelables de una
pequeña y sectaria facción política. Una ex secretaria de un ex funcionario
importante de los Kirchner acaba de ser despedida de la YPF estatizada, en revancha por
las posiciones críticas de su anterior jefe. La empleada no tenía jerarquía ni
relevancia en la petrolera. La Unión Industrial no celebrará el
Día de la Industria,
justo cuando cumple 125 años. La habitual comida estará organizada por el
Gobierno en Tecnópolis, que licuará la presencia de la central industrial con
representaciones de la CGE,
de CAME y, quizá, de La
Salada. No hablará ningún representante de la UIA. Los empresarios
están estragados de temor. El último caso fue aleccionador. Un empresario de la
industria láctea deslizó algunas críticas a la situación nacional en el
reciente coloquio anual de la Unión Industrial de Córdoba. Veinticuatro
inspectores de la AFIP
le cayeron al día siguiente en las oficinas de su empresa. El cristinismo cree,
además, que la Unión
Industrial de Córdoba, más independiente y liberal que la
central nacional, es un instrumento de José Manuel de la Sota. Los casos de
hostigamiento a Daniel Scioli, a Macri y, pronto, a De la Sota servirán también para
aumentar el miedo (que preexistía) entre muchos gobernadores, más vulnerables
política y financieramente que aquellos. Sólo la Justicia puede intervenir
una empresa, pero el Gobierno tomó esa decisión por sí solo con frecuencia en
meses recientes. Son los casos de YPF y de la ex Ciccone. Funcionarios
oficiales y la Gendarmería
podrían repetir tales acciones en otras compañías privadas. Los empresarios lo
saben. Un líder empresario habló hace pocos
días con dirigentes de La
Cámpora para decirles que el problema económico del país es
la falta de inversión más que la inflación. El empresario trataba de
explicarles las razones de la desconfianza, pero un camporista le replicaba con
los argumentos de su jefa: la culpa es de los bancos, que serán obligados a dar
créditos. Tampoco tomaremos créditos, le respondió el industrial. ¿Por qué?,
inquirió el camporista. Respuesta: ¿Para qué voy a endeudarme para agrandar mi
empresa? ¿Para que Moreno me diga cuánto cuestan las cosas y a quién tengo que
venderle, para que Kicillof me indique cuánto debo ganar y para que Marcó del
Pont me ordene qué debo hacer con el dinero que gané? El camporista se
enfureció aún más. En una reciente y dramática exposición
en la Academia
Nacional de Periodismo, el director del diario Perfil, Jorge
Fontevecchia, advirtió que el próximo 7 de diciembre el Gobierno podría
intervenir los medios audiovisuales del Grupo Clarín con tropas de la Gendarmería. Si
eso ocurriera, esas imágenes de gendarmes metiéndose por la fuerza en medios de
comunicación no serán vistas por los argentinos. Un apagón audiovisual
sucederá, concluyó Fontevecchia, un viejo crítico de Clarín que carece de
intereses en medios audiovisuales. Señalaba, así, que el resto de la televisión
está bajo control directo o indirecto del Gobierno. El propio Gobierno bate el
parche de que el 7 de diciembre cambiará el ecosistema de los medios en el
país, aunque la Corte
Suprema nunca dijo eso. Sólo se caería una cautelar, si no
hubiera antes una sentencia sobre la constitucionalidad de un artículo, y comenzaría
a correr el plazo de un año para desinvertir. Pero el kirchnerismo podría estar
instalando la idea de que existe un reloj implacable para dejarle lugar a la
posterior arbitrariedad. Después vendrán, si aquella advertencia
se cumpliera, por los pocos diarios independientes que quedan. Para que la
política del miedo funcione, el periodismo debe perder la voz, la imagen y las
palabras. Por Joaquín Morales Solá |