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Fortaleciendo la tiranía

Por Mara Allende - 25 de Agosto, 2012, 20:35, Categoría: Opinión

El miedo como herramienta política. Una noticia casi imperceptible en la página 4 de “La Nación”, decía:

“MOSCÚ (EFE): La condena de 13 años y medio de prisión para el fundador de la petrolera Yukos, Mikhail Khodorkovsky, fue impuesta al juez que la dictó, denunció la secretaria del magistrado, Natalia Vasilieva. *La sentencia, y lo sé con certeza, la trajeron de Moscú*, dijo Vasilieva”. (loc.cit.).

Yukos es el nombre que adoptó la petrolera del Estado soviético al “privatizarse” durante la “perestroika”. Khodorkovsky fue el testaferro del aparato comunista designado para figurar como “dueño” de esa empresa. Probablemente es un ex-agente de la KGB como la casi totalidad del gobierno ruso desde que el comunismo fingió evaporarse por propia decisión. Ese mismo esquema se siguió con todas las empresas “privatizadas” de los países de detrás de la cortina de hierro.

Por lo tanto, el motivo de este artículo no es condolerme por la “condena” de Khodorkovsky. Lo escribo porque me interesa mostrar cómo funciona la “justicia” en los países marxistas, por más que el mundo occidental les haya otorgado patente de “democráticos”, y las noticias que prueban que en ellos no rigen las libertades que supuestamente son la esencia de la “democracia” salgan como ésta, al pié de una página interior y del tamaño de una píldora.

La secretaria del juez que condenó a Khodorkovsky, arriesgando su vida (probablemente ya esté muerta), reveló a la Agencia EFE cómo se “dictó” la sentencia condenatoria. Ese hecho debió ser motivo de una protesta de las Naciones Unidas, de una sanción contra el régimen ruso, de una declaración de las organizaciones “defensoras” de los derechos humanos. Pero nada de eso ocurrió.

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Lo mismo debería haber ocurrido hace rato con las parodias de juicios penales que se hacen en la Argentina desde hace por lo menos siete años, desde que Kirchner usurpó el poder. La casi totalidad del Poder Judicial argentino procede como aquel juez ruso, con la diferencia de que en la mayor parte de los casos, las sentencias no es necesario que les lleguen redactadas en la Casa Rosada o en el CELS de Verbitzky, sino que los jueces mismos ya han adquirido un sexto sentido servil que les indica cómo deben pergeñar las sentencias, para perder a quienes la tiranía quiere perder y para mantener inmunes de toda persecución judicial a los cómplices del régimen.

No hay ninguna seguridad de ninguna clase frente a esta arbitrariedad erigida en sistema. Cualquiera puede ser encarcelado en cualquier momento por jueces como Oyarbide, apenas el más conocido de la especie, y no tiene defensa posible. Es detenido, esposado (brutalidad inaudita copiada del cine de Hollywood o ruso), conducido a una cárcel común y después debe esperar que al juez se le dé la gana oírlo, permitirle saber de qué se lo acusa, con qué pruebas y recibir las que uno ofrezca. Y una vez logrado todo eso, deberá rogar a que se reconozca su derecho a estar libre, salvo prueba categórica en contrario por aquel viejo principio -abolido para siempre en la Argentina-, de que toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario en el marco de un amplio ejercicio del derecho de defensa.

Por si quedara alguna duda de eso, ahí están los 1.000 secuestrados de las FFAA y de la Policía en cárceles comunes, más los 120 que murieron por el maltrato de jueces y carceleros. Esos argentinos que han sido elegidos por la tiranía como muestra de su capacidad de dañar impunemente, no tienen esperanza alguna de que se reconozcan sus derechos. Y lo más increíble es que el resto del país, incluyendo a sus camaradas que están libres, les dan la espalda y no hay ninguna acción efectiva para reclamar su libertad.

Como si algo faltara para probar la inconcebible ilegalidad de esa persecución, el Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, durante su discurso de apertura del año judicial “pidió” que “no se politice la Justicia”  Lo “pidió”, como si fuera un simple hombre de la calle que ejerce el desconocido derecho de peticionar a las autoridades, y como si él no tuviera nada que ver con la evidente y escandalosa “politización” de la Justicia” ¿Acaso no es él, Presidente de la Corte Suprema, la máxima instancia judicial, la que tiene Superintendencia sobre todos los Tribunales y que debería ejercerla muy especialmente en los casos en que está en juego la libertad de las personas, y él, apenas “pide” que no ocurra lo que es el amargo pan de todos los días de los infelices argentinos? ¿Por qué no intervine de inmediato para que esto cese? Y si no puede, debería renunciar.

Pero no, ocurre que él mismo forma parte de este aquelarre judicial. Él mismo y en ese mismo discurso dijo lo siguiente:

“Los juicios por delitos de lesa humanidad seguirán adelante”, porque son el fruto de la “maduración de la sociedad de los reclamos de los organismo civiles, y también avanzan gracias a la existencia de una comisión tripartita de los tres poderes” (“La Nación”, 23/2/2011, pág. 7).

Esta frase es intolerablemente escandalosa por varias razones. Doy tres:

1) Porque revela el afán persecutorio contra las víctimas del odio, contra las FFAA anteriores a la usurpación de Kirchner; no es amor a la Justicia porque si fuera esto último, no podrían haberse negado las excarcelaciones, ni la prisión domiciliaria por razones de edad, violando abiertamente el derecho, ni admitir juicios orales con plebe linchadora de izquierda en las audiencias azuzando a los jueces para que condenen, ni admitido condenas sin pruebas, ni negado la asistencia médica a los “encausados”, casi todos ancianos.

2) Porque los “delitos de lesa humanidad” que tiene en mira Lorenzetti no son los de los terroristas, cuyos crímenes horrendos, por decisiones de la misma Corte Suprema a la que él pertenece, están exentos de esa calificación mientras la aplicó a los militares en forma retroactiva.

3) Porque reconoce abiertamente que las víctimas de estos procesos están siendo “juzgadas” por una “comisión tripartita de los tres poderes”, es decir, por una comisión especial lo cual está expresamente prohibido por el artículo 18 de la Constitución Nacional. O sea, Duhalde el secretario “de derechos humanos”, el Fouquier Thienville del Terror argentino, es uno de los “juzgadores” de los militares secuestrados como implícitamente lo reconoce este extraño Presidente de la Corte Suprema.

Podría decir mucho más. Podría citar muchos otros casos en los que se ve la más descarada arbitrariedad enseñoreada de los Tribunales. Pero creo que con lo dicho es suficiente. Sólo quiero agregar que esta situación crea en el país, al menos entre quienes tenemos amor a la Patria, a nuestra honra y a nuestra libertad, una sensación de inseguridad absoluta. Y a causa de eso, un miedo larvado, subconsciente, paralizante, se va extendiendo sobre todo el país. Esto es lo que la tiranía quiere y por eso están haciendo lo que hacen con el Poder Judicial, como uno de los varios modos que utilizan para clavarlo en el corazón de todos. Y con ese miedo disminuyen cada día más, las posibilidades de resistir el creciente poder tiránico y la inexorable erosión de nuestras libertades.

Por Mara Allende

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