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Menores con licencia para matar
Por Armando Maronese - 14 de Agosto, 2012, 15:13, Categoría: Corrupción - Violencia
Argentina ya no es un país de
segunda, ni de tercera. Se parece más a un país de cuarta, sino miremos a
quienes nos gobiernan y sus consecuencias. Una de ellas: Menores con licencia
para matar y el Congreso cajonea la imputabilidad (a pedido) Cada vez que un menor de
edad aparece involucrado en un delito grave, vuelve a la tapa de los diarios el “debate sobre la imputabilidad penal”.
Políticos oficialistas, opositores, periodistas, opinadores profesionales, en
fin, todos reclaman cambios en las leyes o en la forma de aplicarlas. Unos
piden represión explícita a los gritos. Otros son más sutiles y mechan en su
discurso palabras como reinserción, resocialización, garantías y derechos. La detención de 3 jóvenes de 15, 16 y 17 años
aprehendidos por el crimen de Nicolás
Castillo, el muchacho que el otro domingo esperaba el colectivo en
Moreno y fue apuñalado en un intento de asalto, reavivó el debate que duerme la
siesta en el Congreso. Desde fines de noviembre de 2009, tiene estado
parlamentario el polémico proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil que
ha generado apoyos y rechazos en la sociedad, ya que por un lado organiza la
escala de alternativas a la privación de libertad e instala como norma de
cumplimiento obligatorio que la detención sea el último recurso, pero por otro
nada indica que vaya a ser cumplida, ya que las leyes actuales y la Convención de los
Derechos del Niño adoptada con rango constitucional ya lo impiden, y sin
embargo no se cumplen. También resulta polémico el límite de edad al que se
aplicará la ley, ya que incluye la franja desde los 14 años hasta los 16,
límite actual para la sanción penal. Quienes sostienen el
proyecto coinciden en que al incorporar la franja de 14 y 15, permitirán el blanqueo de las detenciones ilegales de
chicos de esa edad que comete a diario la policía, lo que permitirá el control
efectivo sobre esas detenciones. Quienes cuestionan el proyecto aseguran que en
lugar de poner freno a las detenciones, se está autorizando la ilegalidad
estatal y consideran que sería lo mismo que legalizar la tortura para mantener
mayor control sobre ella. El proyecto aclara que “la libertad es la regla. La privación de libertad durante el proceso
tendrá carácter excepcional y será aplicada como medida de último recurso y por
tiempo determinado, siendo éste el más breve posible”. La media sanción también
prohíbe el alojamiento en dependencias policiales, penitenciarias o de fuerzas
de seguridad, y ordena que serán alojados en dependencias específicas y con
personal capacitado. Y establece medios alternativos de solución de conflictos,
además de especificar ocho tipos de sanciones diferentes en orden de gravedad
creciente, y que son especificadas en el artículo 43: Disculpas personales ante
la víctima; reparación del daño causado; prestación de servicios a la
comunidad; órdenes de orientación y supervisión; inhabilitación; privación de
libertad durante el fin de semana o tiempo libre; privación de libertad en
domicilio; privación de libertad en centro especializado. Este proyecto de ley de
Responsabilidad Penal Juvenil combinación de otros 3, del peronismo
kirchnerista, el peronismo no kirchnerista y la UCR-Acuerdo Cívico
y Social -bien al estilo progre-, declama con cuidado cuanto derecho y garantía
procesal recordaron sus autores, e invoca a cada paso la constitución y pactos
internacionales. Parte del discurso para la
tribuna se nota cuando dice que ningún proceso podrá durar más de un año, desde
su inicio hasta la sentencia (4 meses en caso de flagrancia), términos que
cualquiera que camina los tribunales sabe que sólo se pueden cumplir con
condenas express, usando mecanismos como los juicios abreviados. Con las actuales leyes
vigentes los jóvenes en esa franja de edad, culpables o inocentes, son impunes. No se los juzga, porque son “inimputables” por su edad. Pero se
lo interna en algún instituto, o si tiene suerte, es adicto y hay cupo, en
alguna “comunidad terapéutica”. El año pasado el
kirchnerismo cajoneó –bien cajoneado- el tema, porque había elecciones. “Sabemos que temas que hacen a la inseguridad normalmente se
politizan. Un año electoral no aconseja hacer ese tipo de reformas porque no da
como producto la mejor ley. Por lo tanto, no hay bloque en esta Cámara de
Diputados que impulse el tratamiento de la sanción del Senado en este año”,
admitió en 2011 la diputada Diana Conti,
tras asegurar que la “desavenencia”
entre los bloques es la edad de imputabilidad. La transversalidad
cristinista (desde Horacio Verbitsky a
Eugenio Raúl Zaffaroni) se oponen a castigar a los menores. Zaffaroni sostiene que la baja de la
edad de imputabilidad ya “lo hizo la dictadura militar en
1976, y tuvo que dar marcha atrás”. Sobre los menores, Zaffaroni
dijo: “No tenemos en el país un serio problema de
criminalidad violenta de adolescentes entre los 14 y los 16 años. A partir de
los 16 hay responsabilidad penal plena. La delincuencia es siempre joven, pero
en la franja etárea de los 16 y los 18 años para arriba. Entre los 14 y 16
tenemos muy pocos casos de homicidio, de modo que llevar eso al centro de la
discusión política y postergar todo lo otro es el juego del avestruz
directamente”. Sería bueno para los "parlanchines" de las leyes, contarle como
definieron otros países la edad de imputabilidad. A modo de ejemplo, en Costa Rica la edad de imputabilidad es
de 12 años, en Venezuela también a los 12, al igual que Honduras, México, Ecuador y El Salvador. En
República Dominicana, Uruguay, Guatemala y Nicaragua es a los 13, mientras que en Panamá y Paraguay es a los 14. En la Argentina,
esa frontera está fijada en 16 años
y a bajar ese límite se comenzó a discutir en las últimas horas. En tanto, en Europa, la edad de imputabilidad llega
en Irlanda a establecerse en los
7 años; mientras que en Inglaterra es a los 10, en Francia y Grecia es
a los 13; en Austria, Bulgaria, España,
Holanda e Italia es a los 14,
y en Noruega a los 15. Pero mientras jueces,
periodistas K y diputados de la UCR, Frente Peronista, Frente para la Victoria, Proyecto Sur,
Socialismo, PRO, Frente Amplio Progresista y Partidos de izquierda en fin, todos, juegan al "don pirulero" atendiendo
cada uno su propio juego, los menores siguen teniendo licencia para matar. Armando Maronese |