Redacción Digital

Argentina ya no es un país de segunda, ni de tercera. Se parece más a un país de cuarta, sino miremos a quienes nos gobiernan y sus consecuencias. Una de ellas: Menores con licencia para matar y el Congreso cajonea la imputabilidad (a pedido)

Cada vez que un menor de edad aparece involucrado en un delito grave, vuelve a la tapa de los diarios el “debate sobre la imputabilidad penal”. Políticos oficialistas, opositores, periodistas, opinadores profesionales, en fin, todos reclaman cambios en las leyes o en la forma de aplicarlas. Unos piden represión explícita a los gritos. Otros son más sutiles y mechan en su discurso palabras como reinserción, resocialización, garantías y derechos.

La detención de 3 jóvenes de 15, 16 y 17 años aprehendidos por el crimen de Nicolás Castillo, el muchacho que el otro domingo esperaba el colectivo en Moreno y fue apuñalado en un intento de asalto, reavivó el debate que duerme la siesta en el Congreso.

Desde fines de noviembre de 2009, tiene estado parlamentario el polémico proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil que ha generado apoyos y rechazos en la sociedad, ya que por un lado organiza la escala de alternativas a la privación de libertad e instala como norma de cumplimiento obligatorio que la detención sea el último recurso, pero por otro nada indica que vaya a ser cumplida, ya que las leyes actuales y la Convención de los Derechos del Niño adoptada con rango constitucional ya lo impiden, y sin embargo no se cumplen. También resulta polémico el límite de edad al que se aplicará la ley, ya que incluye la franja desde los 14 años hasta los 16, límite actual para la sanción penal.

Quienes sostienen el proyecto coinciden en que al incorporar la franja de 14 y 15, permitirán el blanqueo de las detenciones ilegales de chicos de esa edad que comete a diario la policía, lo que permitirá el control efectivo sobre esas detenciones. Quienes cuestionan el proyecto aseguran que en lugar de poner freno a las detenciones, se está autorizando la ilegalidad estatal y consideran que sería lo mismo que legalizar la tortura para mantener mayor control sobre ella.

El proyecto aclara que “la libertad es la regla. La privación de libertad durante el proceso tendrá carácter excepcional y será aplicada como medida de último recurso y por tiempo determinado, siendo éste el más breve posible”. 

La media sanción también prohíbe el alojamiento en dependencias policiales, penitenciarias o de fuerzas de seguridad, y ordena que serán alojados en dependencias específicas y con personal capacitado. Y establece medios alternativos de solución de conflictos, además de especificar ocho tipos de sanciones diferentes en orden de gravedad creciente, y que son especificadas en el artículo 43: Disculpas personales ante la víctima; reparación del daño causado; prestación de servicios a la comunidad; órdenes de orientación y supervisión; inhabilitación; privación de libertad durante el fin de semana o tiempo libre; privación de libertad en domicilio; privación de libertad en centro especializado.

Este proyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil combinación de otros 3, del peronismo kirchnerista, el peronismo no kirchnerista y la UCR-Acuerdo Cívico y Social -bien al estilo progre-, declama con cuidado cuanto derecho y garantía procesal recordaron sus autores, e invoca a cada paso la constitución y pactos internacionales.

Parte del discurso para la tribuna se nota cuando dice que ningún proceso podrá durar más de un año, desde su inicio hasta la sentencia (4 meses en caso de flagrancia), términos que cualquiera que camina los tribunales sabe que sólo se pueden cumplir con condenas express, usando mecanismos como los juicios abreviados.

Con las actuales leyes vigentes los jóvenes en esa franja de edad, culpables o inocentes, son impunes. No se los juzga, porque son “inimputables” por su edad. Pero se lo interna en algún instituto, o si tiene suerte, es adicto y hay cupo, en alguna “comunidad terapéutica”.

El año pasado el kirchnerismo cajoneó –bien cajoneado- el tema, porque había elecciones. “Sabemos que temas que hacen a la  inseguridad normalmente se politizan. Un año electoral no aconseja hacer ese tipo de reformas porque no da como producto la mejor ley. Por lo tanto, no hay bloque en esta Cámara de Diputados que impulse el tratamiento de la sanción del Senado en este año”, admitió en 2011 la diputada Diana Conti, tras asegurar que la “desavenencia” entre los bloques es la edad de imputabilidad.

La transversalidad cristinista (desde Horacio Verbitsky a Eugenio Raúl Zaffaroni) se oponen a castigar a los menores. Zaffaroni sostiene que la baja de la edad de imputabilidad ya “lo hizo la dictadura militar en 1976, y tuvo que dar marcha atrás”. 

Sobre los menores, Zaffaroni dijo: “No tenemos en el país un serio problema de criminalidad violenta de adolescentes entre los 14 y los 16 años. A partir de los 16 hay responsabilidad penal plena. La delincuencia es siempre joven, pero en la franja etárea de los 16 y los 18 años para arriba. Entre los 14 y 16 tenemos muy pocos casos de homicidio, de modo que llevar eso al centro de la discusión política y postergar todo lo otro es el juego del avestruz directamente”.

Sería bueno para los "parlanchines" de las leyes, contarle como definieron otros países la edad de imputabilidad.

A modo de ejemplo, en Costa Rica la edad de imputabilidad es de 12 años, en Venezuela también a los 12, al igual que Honduras, México, Ecuador y El Salvador. En República Dominicana, Uruguay, Guatemala y Nicaragua es a los 13, mientras que en Panamá y Paraguay es a los 14. En la Argentina, esa frontera está fijada en 16 años y a bajar ese límite se comenzó a discutir en las últimas horas.

En tanto, en Europa, la edad de imputabilidad llega en Irlanda a establecerse en los 7 años; mientras que en Inglaterra es a los 10, en Francia y Grecia es a los 13; en Austria, Bulgaria, España, Holanda e Italia es a los 14, y en Noruega a los 15.

Pero mientras jueces, periodistas K y diputados de la UCR, Frente Peronista, Frente para la Victoria, Proyecto Sur, Socialismo, PRO, Frente Amplio Progresista y Partidos de izquierda en fin, todos, juegan al "don pirulero" atendiendo cada uno su propio juego, los menores siguen teniendo licencia para matar.

Armando Maronese