Redacción Digital

¿Y por casa cómo andamos? Es seguro que la presidente Cristina Fernández de Kirchner no coincidiría con Thomas Jefferson, presidente de los Estados Unidos, que más de 200 años atrás afirmó: "Si tuviera que decidir entre un gobierno sin prensa y una prensa sin gobierno, no vacilaría un instante en preferir lo segundo".

Es probable que hoy, la jefa del Estado, puesta a elegir entre un país con prensa y otro sin ella, prefiera esta última opción. Después de todo, Néstor Kirchner confesó alguna vez que prefería a los fotógrafos a los periodistas porque aquéllos no hacían preguntas. Y la propia Cristina Fernández se ocupó de aclarar más de una vez que no necesita del periodismo como intermediario, pues ella se comunica directamente con el pueblo, cadena nacional mediante.

La Presidente volvió a criticar días pasados a la prensa, durante un acto de YPF en Ensenada. Ésta vez arremetió contra una serie de notas escritas por el periodista Marcelo Bonelli en Clarín, y denunció que su mujer y un socio de él recibieron dinero de la empresa petrolera, supuestamente por "publicidad no convencional", lo que le dio pie para reclamar con vehemencia "una ley de ética" para el periodismo en la Argentina.

El mensaje presidencial tuvo sugestivas omisiones. Por empezar, no mencionó que el Estado nacional no sólo es el principal aportante de publicidad, sino que la administra en forma totalmente arbitraria, favoreciendo a aquellos medios y periodistas más afines al oficialismo y castigando a los críticos del Gobierno. Tampoco dijo que el kirchnerismo siempre se negó a considerar cualquier proyecto de ley, tendiente a fijar mecanismos objetivos para asignar la publicidad oficial.

Más llamativo aún es que mientras la Presidente pide una ley de ética para periodistas, incumple el Código de Ética de la Función Pública.

Entre otras cosas, olvidó que, siendo primera dama y candidata a senadora, en 2005, empleó el helicóptero presidencial para hacer campaña, cuando el artículo 27 de ese código señala que los bienes del Estado no pueden ser empleados para fines particulares o propósitos que no sean los específicamente destinados.

Olvidó que ella y su familia se beneficiaron adquiriendo terrenos fiscales en Santa Cruz a precios irrisorios, cuando el artículo 26 del código, sobre ejercicio adecuado del cargo, estipula que el funcionario no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia, algo que tampoco debe haber recordado Amado Boudou cuando recomendó al grupo que se quedó con la imprenta Ciccone.

Por Fernando Laborda