Redacción Digital

Debe haber una mayor equidad social, pero para eso no se pueden derivar constantemente fondos de la Anses, perjudicando a millones de jubilados que están muy lejos del 82 por ciento móvil.

Que el sistema previsional argentino está en situación de riesgo, lo sabemos todos. En especial, los jubilados y pensionados cuyos haberes están varias veces atrás de lo que les correspondería por ley, tal como lo ha dictaminado la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Y ello porque el 28 por ciento de los fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) es destinado a otros fines, como el auxilio financiero a la provincia de Buenos Aires para que pueda pagar el medio aguinaldo; planes de vivienda; el pago de 1,2 millón de pesos en pensiones no contributivas que otorga el Ministerio de Desarrollo Social; los 3,5 millones para la asignación universal por hijo; las pensiones a ex combatientes; varios planes de empleo, y hasta el reparto de computadoras a chicos en edad escolar.

Estos datos están consignados en informes fidedignos presentados a la Justicia por legisladores de la oposición y representantes de diferentes organizaciones sociales, por abogados, consultoras privadas, universidades y empresas.

El ministro y el viceministro de Economía, Hernán Lorenzino y Axel Kicillof respectivamente, fueron denunciados penalmente y podrían ser objeto de citaciones, indagatorias, procesamientos e incluso fallos condenatorios. De ahí la gravedad de un tema que preocupa a todos los argentinos, que temen por su propio futuro y el de sus hijos. Porque es precisamente el futuro lo que está en juego, el de millones de personas que trabajan y aportan a un sistema que debería darles un mínimo de seguridad.

El sistema previsional vigente en nuestro país es el llamado de “prestaciones definidas”, lo que significa que se garantiza al aportante que cobrará una jubilación equivalente al 82 por ciento del salario que recibió como trabajador durante su vida laboral.

La Corte Suprema, en el ya célebre caso Badaro, estableció que la jubilación debía estar entre el 70 y el 82 por ciento móvil del salario actualizado de los últimos años, con la condición de que el beneficiario haya hecho aportes durante 30 años y tenga la edad establecida para jubilarse, o sea 65 años para los varones y 60 años para las mujeres. Pero el 82 por ciento móvil está muy lejos de cumplirse en la práctica, en la inmensa mayoría de los casos, pese al fallo sobre movilidad aprobado por la Corte.

Todos los argentinos están de acuerdo, obviamente, en que tiene que haber una mayor justicia distributiva, un mejor y más racional reparto de la riqueza, menos pobreza, menos desocupación, menos marginalidad. Pero estos incuestionables derechos sociales no pueden ser ejercidos a costa de los jubilados, que trabajaron y aportaron durante décadas y que merecen, a la hora del retiro, una vida digna y decorosa.

Para esos otros grandes problemas hay que buscar necesariamente otras alternativas.

Por Armando Maronese