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Salarios, ajustarse el cinturón

Por Armando Maronese - 1 de Marzo, 2012, 15:10, Categoría: Corrupción - Violencia

El Gobierno dejó en claro que llegó la hora de ajustarse el cinturón. La inusitada dureza oficial en la negociación salarial con los maestros, manda un claro mensaje para el resto de los sectores. Sin embargo, la política de moderación y de "sintonía fina" que busca imponer el Ejecutivo, choca con un contexto de conflictividad social y enrarecimiento del clima político.

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Hoy ya casi nadie lo recuerda - Pero "el relato" de la épica kirchnerista empezó hace nueve años, con un viaje relámpago de Néstor Kirchner a Entre Ríos para destrabar un paro docente que se había prolongado a lo largo de dos meses.

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El entonces presidente llevaba apenas tres días en su cargo, y se propuso que la primera medida importante de su gestión -con la que quiso dar una muestra de cómo sería su estilo personal-, fuera resolver ese problema que mantenía a los escolares de esa provincia sin clases.

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Encomendó a su entonces ministro de Educación, Daniel Filmus, que negociara con el gremio y con la gobernación provincial. Acordó que el Estado nacional se haría cargo de saldar una deuda de $ 96 millones, para lo cual incluso recurrió a un préstamo del Banco Mundial.

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A su llegada a Entre Ríos, los docentes lo recibieron con aplausos mientras Filmus se ufanaba que nunca antes un presidente había dedicado su primera acción de gobierno a la educación.

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Nueve años después las declaraciones del actual ministro de Educación, Alberto Sileoni, que acusa a los gremios de intransigentes y califica de "salvajada" y "extorsión" la convocatoria a un paro docente que dejó sin clases a seis provincias, muestran un fuerte contraste con aquella antigua imagen que el kirchnerismo intentó forjar.

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La queja de Sileoni, que se lamenta de que los maestros estén firmes en reclamar $ 3.000 de salario básico -en vez de apreciar la mejora de $ 100 en la propuesta del Gobierno que originalmente ofrecía 15,3 % de aumento y luego pasó a 19,6 %-, revela en realidad una cuestión más de fondo.

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Es que más allá de las dificultades existentes para mejorar el ingreso de los maestros -producto de arcas públicas más diezmadas-, y de que los gobiernos provinciales pudieran otorgar incrementos posteriores, lo que queda en evidencia es un claro cambio de actitud por parte del Ejecutivo.

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En efecto, el mensaje que se está queriendo enviar a todo el país, es que este año la moderación salarial será un eje central de la política oficial, siendo parte fundamental de esta etapa bautizada como de "sintonía fina".

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Y la demostración de esto es la disposición a asumir los "costos políticos" que hagan falta para sostener este lineamiento, aun cuando se llegue a un punto límite tal como queda reflejado en la situación actual, que muestra a seis millones de chicos sin clases y un agravamiento en las relaciones con los sindicatos.

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Una "fantasía" bajo presión - Las paritarias docentes vienen siendo, como todos los años, la negociación salarial seguida con mayor interés por todos los argentinos.

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Funcionarios del gobierno y de todo el arco empresarial no le pierden pisada, habida cuenta de que al tener el Estado que ocupar el rol de empleador, el porcentaje de aumento que acuerde con los gremios es luego tomado como referencia por los actores privados (compañías y sindicatos).

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De modo tal que no es un tema relevante sólo para maestros y padres con hijos en edad escolar, sino que se han constituido en "la gran referencia" para saber cuál será la tónica nacional, en materia de incrementos salariales, para el resto del año.

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Es por eso que desde hace ya unas semanas, quienes participan de estas negociaciones entendieron que un acuerdo que implicara una suba elevada -más cerca del 30% reclamado por los maestros-, sería interpretado como un relajamiento en el pedido de prudencia salarial.

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Algo así como una luz verde para que tanto las empresas como los gremios estatales y privados, volvieran a negociar cifras por encima de la inflación.

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En cambio, un incremento moderado -por debajo o cercano al 20%- como el que intenta sostener el Ejecutivo, implica un mensaje muy diferente para la CGT, líderes gremiales, empresas y la opinión pública en general: que desde el poder político no se avalarán "desbordes" que pudieran poner presión sobre la inflación o complicar aun más la rentabilidad y los planes de inversión de las compañías.

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"La intención del Gobierno de que el aumento salarial se ubique en torno al 18 % tendría, entre sus principales objetivos, "darle una a favor" a los empresarios. Puntualmente evitar que la rentabilidad continúe erosionándose", afirma un informe de la consultora Economía & Regiones firmado por su director, Alejandro Caldarelli.

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Pero el pronóstico de este experto es que no resultará fácil imponer un cambio de tendencia, luego de una política expansiva en términos de crecimiento en las remuneraciones.

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Sin ir más lejos, el año pasado las subas pactadas fueron de casi 30 % en promedio, unos "ocho puntitos" más respecto de una inflación que se ubicó en un 22%. "Este escenario quedaría minado de tensiones sociales", indica Caldarelli.

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En la misma línea el economista Carlos Melconian, se muestra escéptico sobre el éxito de la política gubernamental en materia salarial: "Hoy ya suena casi como algo histórico hablar de que sea factible ir por salarios al 18 por ciento".

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Para Melconian, el Gobierno incurrió en un error de apreciación al comprar "la fantasía que alguien le vendió de la des-nominalización de la economía, empezando por los sueldos".

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No obstante, el economista cree que a la luz de las dificultades terminará "tirando la toalla" en esa postura de moderación en las paritarias. Y predice que además, se revelará equivocada la visión de que usando como ancla a los salarios, se corregirán los problemas de competitividad.

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Claro está que en materia salarial, el debate no se reduce a una cuestión de querer sino de poder, al menos cuando entran en juego los sueldos de los empleados estatales. Este año luce más complicada la situación de caja de las provincias, en especial las de aquellas con economías poco diversificadas y con altos porcentajes de empleados públicos.

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Un informe de la consultora Analytica que dirige Ricardo Delgado, señala que los ingresos tributarios de las mismas no llegarán este año a lograr una mejora del 25 % (en 2011 habían marcado un repunte del 29 %), y que eso derivará en casos donde se tenga que pedir ayuda al Gobierno nacional para poder afrontar el pago de las remuneraciones.

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Entre las voces de alerta por las dificultades que tendrán las cuentas públicas, se destaca la del controvertido y polémico ex ministro Domingo Cavallo. En su blog personal, analiza cómo el actual nivel de gasto público alcanza al 41 % del PBI, cifra que supera en 10 puntos porcentuales el nivel que existía a finales del uno a uno.

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"Por primera vez desde 2003, el Gobierno de los Kirchner enfrenta el desafío que más tensiones creó en los gobiernos de Alfonsín, de Menem y de De la Rúa: cómo reducir un déficit fiscal que tiende a descontrolarse", advierte Cavallo. Y agrega que bajar el gasto público en proporción al PBI requiere "adoptar decisiones que no son populares, pero que si se postergan pueden dar lugar a costos sociales mucho más altos: aquellos que se derivan del descontrol inflacionario".

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Mal tiempo para un ajuste - El gran desafío del Gobierno además de sus propias limitaciones financieras para mejorar los ingresos del sector público, es el de enfrentar a una opinión pública sensibilizada y poco propensa a aceptar algo que tenga "olor" a un ajuste.

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A fin de cuentas y como dicen los politólogos, si algo ha constituido la base del apoyo popular de Cristina Fernández de Kirchner, eso ha sido el aumento en el poder adquisitivo.

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Las encuestas sobre la confianza de los consumidores muestran lo difícil que resulta una política de ajuste en un momento como el actual: en el último sondeo realizado por la Universidad Católica, un rotundo 83 % de los argentinos responde que para los próximos seis meses espera que su ingreso familiar se mantenga o aumente.

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Ir en contra de esas expectativas implica pagar un alto costo político para el Gobierno, justo en un momento en el que se avanza en un aumento de los servicios públicos. Aun así, las negociaciones con los docentes son un claro indicio de que esta vez el Ejecutivo está dispuesto a asumirlo, consciente de que aquellas épocas de otorgar unos puntitos más que la inflación tocaron su fin, y que ha llegado el momento de "ajustarse el cinturón".

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Pero el Gobierno no la tiene tan fácil. Es que en el caso "testigo" de los maestros, el sector arranca con un básico de $ 2.340, una cifra más vinculada a un país en crisis que a una nación que lleva ocho años creciendo a "tasas chinas".

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Llevarlo a una cifra cercana a los $ 3.000, tal como reclama el gremio, implica convalidar un incremento del 30 %, un porcentaje que el oficialismo quiere evitar por el peligroso antecedente que dejaría sentado.

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Y por si faltaba algún ingrediente adicional a este "mal tiempo" para la moderación salarial, el reciente aumento de las dietas de los legisladores completa un panorama que complica aun más las negociaciones.

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"En este momento no ayuda que el Congreso se suba los salarios el 100%, más allá de si el aumento es justo o no", se quejaba días atrás José Ignacio de Mendiguren, presidente de la Unión Industrial Argentina.

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De hecho la llegada de esta noticia justo en medio de las paritarias docentes, provocó expresiones de irritación entre los dirigentes gremiales.

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Señal de ajuste - Hace un año, también las negociaciones salariales con los docentes se habían constituido en el centro de atención. En ese momento tras doce meses con una inflación de 25 %, el incremento pactado fue del 27 por ciento.

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El diagnóstico de los analistas era que el Gobierno estaba validando un aumento en el "piso" del ajuste salarial y que los privados terminarían negociando unos puntos por encima, en cifras que oscilarían entre 27 % y el 35 por ciento.

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Los hechos les terminaron dando la razón: el promedio de las mejoras otorgadas por el sector privado fue del 28 %, con sindicatos de peso como el gastronómico, que llegó a pactar alzas siete puntos por encima de esta última cifra (35 %).

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La duda que se plantea ahora, es si tras la demostración de intransigencia por parte del Gobierno ante el gremio docente -y su apego a un moderado 19 %-, el mensaje oficial tendrá efecto en las negociaciones del sector privado.

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En principio, las expectativas no van en ese sentido. SEL, la consultora dirigida por Ernesto Kritz, afirma que la mayoría de los empleadores prevé aumentos de 25 % para sus empleados. Mientras que otro sondeo realizado por la consultora HuCap, revela que, para el personal fuera de convenio y la plana gerencial, se prevé no menos de 23 %, con posibilidad de mejoras en el caso de que las paritarias marquen subas más acentuadas para el personal sindicalizado.

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En medio de un panorama político súbitamente convulsionado, también parece que pasó mucho tiempo -pero en realidad fue hace apenas un mes-, cuando la presidente Cristina Fernández de Kirchner anunciara una nueva política, consistente en que cada sector debía someterse al juicio de un comité gubernamental que iba a ser quien determine si la cifra pactada de aumento tiene asidero en la productividad.

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El acto de la CGT realizado ayer -donde Hugo Moyano reiteró su negativa a la existencia de "techos" en las paritarias y en el cual avisó de que se usarán los métodos de lucha necesarios-, fue elocuente: el gesto de dureza del Gobierno en la negociación docente, no será un disuasorio suficiente ante una ciudadanía que tolera la inflación sólo con la condición de que los ajustes salariales la superen.

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¿Y qué pasa con la corrupción imperante si hasta el Vicepresidente está sospechado?

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Armando Maronese

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