Redacción Digital

La oposición en el Congreso citó a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, para que dé explicaciones sobre la polémica base de datos. Gendarmería nacional en el ojo de la oposición.

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La Gendarmería admitió ante la Justicia que tiene una base de datos denominada "Project X" ("Proyecto X"), que es utilizada ante protestas sociales y que fue calificada por referentes sociales y dirigentes de la oposición, como una herramienta para realizar "espionaje interno".

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El reconocimiento fue realizado en el marco de una medida preliminar pedida por el fiscal Gerardo Pollicita al juez Norberto Oyarbide, en relación a una denuncia de organismos defensores de los derechos humanos por supuesto espionaje contra sindicalistas y activistas que manifestaban contra la empresa Kraft-Foods en la Panamericana, en 2007.

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La polémica sobre la actividad desarrollada por la Gendarmería ante protestas sociales, derivó en la condena de todo el arco político opositor y en cuestionamientos al gobierno nacional, en general, y a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, en particular.

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De hecho, varios bloques parlamentarios presentaron un proyecto -que requería para que avance el apoyo de la mayoría kirchnerista-, para citar a la funcionaria para que de explicaciones sobre la polémica base de datos Proyecto X.

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La Gendarmería, el 22 de diciembre, envió una nota firmada por su titular -Héctor Schenone- al juez Oyarbide, en el que reconoció la existencia de las actividades de "prevención del delito", con uniformados vestidos de civil y sin identificación, incluso en protestas sociales que derivan en cortes de tránsito, y de la existencia de Proyecto X.

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De todos, en esa nota que tenía carácter informativo, la fuerza de seguridad no aceptó explícitamente que esa base de datos tuviera como objetivo el espionaje interno contra delegados gremiales y manifestantes de organizaciones sociales.

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La agencia DyN se comunicó con el ministerio de Garré para conocer su postura frente a la denuncia, pero desde la dependencia dijeron que "por ahora" no iba a hablar ningún funcionario sobre el tema.

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El canal de TV Todo Noticias, exhibió imágenes de cámaras ocultas sobre infiltraciones de Gendarmería para hacer inteligencia en protestas gremiales y cortes de ruta, lo que gatilló la denuncia en relación a que el "Proyecto X" estaría destinado a espiar a trabajadores y dirigentes sociales.

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El juez Oyarbide había solicitado informes a la Gendarmería sobre el contenido de la denuncia presentada por Darío Javier Hermosilla y Nidia Lorena Gentile, delegados de Kraft; Leonardo Norniella, delegado de Pepsico Snacks y organismos defensores de los derechos humanos, entre ellos Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.

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La abogada del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Myriam Bregman, avanzó más allá de la denuncia sobre la base de datos y advirtió que además esa fuerza "no" cumple con un Protocolo originado en el ministerio de Seguridad, que le impide a sus agentes actuar de civil a las manifestaciones.

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La letrada señaló que Gendarmería desconocería "el Punto 11 del Protocolo que viabiliza la ministra Nilda Garré, en dónde se les explica a las provincias cómo deben actuar y en dónde se ratifica que no pueden hacer inteligencia interna".

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De todos modos, tanto la abogada como los denunciantes y los opositores recordaron que la ley 25.520 de Inteligencia Nacional, prohíbe a organismos oficiales "obtener información" de datos de personas por el solo hecho de "adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales".

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Tras conocerse los detalles de las denuncias y el escrito de Gendarmería, diputados opositores pidieron que Garré asista a la comisión de Seguridad Interior de la Cámara Baja, para que informe sobre el alcance del Proyecto X.

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Se trata de un proyecto de resolución impulsado por la diputada Patricia Bullrich (Unión Por Todos), y que lleva también las firmas de los macristas Federico Pinedo y Gabriela Michetti, el peronista disidente Eduardo Amadeo, el radical Ricardo Buryaile, Gerardo Milman, así como de la legisladora del MIJD Ramona Pucheta, mientras que el radicalismo presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo responda si Gendarmería realiza "acopiamiento de datos de líderes de movimientos sociales y gremiales".

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Armando Maronese