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Ordenan la detención de Isabel Martínez de Perón, Cafiero y Ruckauf

Por Armando Maronese - 2 de Noviembre, 2006, 14:08, Categoría: Corrupción - Violencia

Una causa por desaparecidos en San Rafael, Mendoza, tomó un giro inesperado. El Juez Raúl Acosta dispuso la detención de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón (Isabel), de Carlos Ruckauf, Antonio Cafiero, ministro de Economía en los años 1975 y 1976 (en reemplazo de Celestino Rodríguez), Ángel Federico Robledo, Manuel Arauz Castex, ex canciller; Tomás Vottero, ex ministro de Defensa y Carlos Emery. Cabe destacar que la mayoría de ellos, de ser detenidos, podrían gozar del arresto domiciliario.

Un giro inesperado tomó la causa por desapariciones que se ventila en el Juzgado Federal de San Rafael, a cargo del juez Raúl Acosta. Es que, según trascendió, el magistrado llevó la investigación a épocas del gobierno de María Estela Martínez de  Perón (Isabel) y dispuso la detención de la ex presidenta, de Carlos Ruckauf, entonces ministro de Trabajo y ahora legislador nacional; Ángel Federico Robledo, ex ministro del Interior (fallecido); Manuel Arauz Castex, ex canciller; Tomás Vottero, ex ministro de Defensa, Carlos Emery, ex ministro de Bienestar Social y Antonio Cafiero, ministro de Economía en los años 1975 y 1976 (en reemplazo de Celestino Rodríguez).

Cabe destacar que la mayoría de ellos, de ser detenidos, podrían gozar del arresto domiciliario debido a su edad. En el caso de Ruckauf, su detención no podría llevarse a cabo porque está amparado por sus fueros, pero sí podría ser citado a declarar en la causa. 

Tres decretos - Los ex ministros del Ejecutivo Nacional, junto al ex presidente provisional del Senado Ítalo Argentino Lúder, rubricaron tres decretos que, según la opinión judicial, los implicaría directamente en acciones de terrorismo de Estado y puntualmente en la desaparición de, al menos, una persona en San Rafael.

También se los responsabilizaría por la detención de menores que fueron enviados a la Penitenciaría provincial pese a la vigencia entonces de la ley 14.394 de Minoridad, que lo prohibía expresamente.

Según la resolución judicial, los hechos investigados se habrían producido durante el gobierno democrático del peronismo, antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976 y habrían salido a la luz tras las declaraciones prestadas por alguno o varios de los procesados por violación a los derechos humanos en el Sur provincial.

La medida, dictada por Acosta, ha sido dirigida al titular de  la Policía Federal Argentina, delegación San Rafael y al ministro de Gobierno de la Provincia, Sergio Marinelli, para que aporten los datos "patronímicos" (todos los datos personales y domicilio actualizado) de las personas mencionadas, en forma urgente. Según fuentes legales éste sería el paso previo para solicitar la detención de las personas.

Silencio de Acosta - Ante el trascendido, se consultó al juez federal Acosta, pero éste se abstuvo de aportar datos y sólo se limitó a decir que "toda la causa está bajo secreto de sumario". Al preguntársele sobre si había librado una orden al ministro de Gobierno de la Provincia y a la Policía Federal para que aportasen los datos filiatorios de la ex presidenta, Ítalo Lúder (fallecido), Antonio Cafiero y los ex ministros nombrados, sólo respondió: "Deben consultar al ministro Marinelli y a la Policía Federal".

Los orígenes de la resolución - Según la misma fuente que reveló la decisión judicial, el juez se basaría en la responsabilidad directa que tuvieron los integrantes del Gobierno Nacional (presidente y ministros), en el dictado de los decretos 2.770, 71 y 72 de 1975. A través de ellos se constituyó un Consejo de Seguridad Interna y se facultó a los gobiernos provinciales a suscribir convenios que colocaban " bajo su control operacional", al personal y a los medios policiales y penitenciarios provinciales, que les fuesen requeridos por el citado Consejo "para su empleo inmediato en la lucha contra la subversión".

También se facultaba a las Fuerzas Armadas "bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación que será ejercido a través del Consejo de Defensa, proceder a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias, a efectos de aniquilar (1) el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país", se indicó.

Es de destacar que en esta época estaba en vigencia una ley, la 20.840, antisubversiva, que permitía detenciones por esas presuntas acciones, lo que a entender de la Justicia haría menos entendible el dictado de los decretos en cuestión.

(1) El que escribe, recuerda perfectamente bien esa época y la orden no fue de aniquilar, sino de exterminar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país. Por lo tanto, el inicio del exterminio que se sucedió de ahí en más, tuvo su origen en un gobierno democrático -elegido por el pueblo-, cuando la entonces presidente de la Nación, María Estela Martínez de Perón, dio la orden al entonces General Bussi para incendiar el monte tucumano si hacía falta. Y Ahí estuvo la gran falla de ese gobierno democrático, como la de los militares que se sucedieron. Omitieron usar la Ley para juzgar.

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Armando Maronese

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