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La oposición elevó una denuncia de fraude institucionalizado a la OEA

Por Gustavo Ybarra - 28 de Octubre, 2006, 20:09, Categoría: Corrupción - Violencia

POSADAS.- Las severas irregularidades detectadas en el proceso electoral misionero, llegaron ayer a estrados internacionales. El Frente Unidos por la Dignidad (FUD), que se opone la reforma constitucional para instalar la reelección ilimitada, denunció al gobierno del kirchnerista Carlos Rovira ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por "fraude institucionalizado" y violación al derecho ciudadano de votar en elecciones auténticas que consagra el Pacto de San José de Costa Rica.

"El fraude ha comenzado en el proceso preelectoral, mediante acciones que impiden a la oposición toda posibilidad de competir en condiciones de igualdad con el oficialismo", afirma el escrito. Se intentó obtener alguna respuesta del oficialismo, pero el gobernador Rovira prefirió mantener el muro de silencio que levantó a lo largo de toda la campaña electoral.

La presentación está dirigida a John Bhiel del Río, representante de la OEA en Montevideo -el organismo no tiene sede en Buenos Aires-; consta de cuatro carillas e ingresó, vía fax, cerca de las 17 a las oficinas de la capital uruguaya.

El texto está firmado por el diputado provincial opositor y miembro de la junta directiva del FUD Jorge Galeano, quien explicó las razones de la jugada. "Queríamos dejar sentadas nuestras denuncias antes del domingo, porque para nosotros la sociedad ya dijo que no a la reelección indefinida de Carlos Rovira", sentenció.

La presentación le garantiza al FUD haber instalado sus denuncias de fraude electoral en un organismo internacional, pero también le da al frente opositor un nuevo envión mediático de cara a los comicios de mañana. Ese día, cerca de 700.000 misioneros tendrán que votar 35 convencionales constituyentes para que reformen, o no, el artículo 110 de la Constitución provincial con el objetivo de autorizar la reelección indefinida del gobernador y del vicegobernador.

En la denuncia, se asegura que la campaña electoral "está plagada de serias irregularidades que demuestran la existencia de un fraude institucionalizado". "En efecto, el fraude ya ha comenzado", agrega el escrito, en el que se enumeran los casos que, a criterio de la oposición, configuran esas irregularidades.

Así, se mencionan la negativa del gobierno provincial a proveerle al FUD de los fondos partidarios que reciben las fuerzas políticas para sus campañas proselitistas y el mantenimiento de la jueza del Superior Tribunal de Justicia Cristina Leiva al frente del Tribunal Electoral "pese a las gravísimas denuncias por su parcialidad y vínculos con el poder político".

Uso de fondos - También se comentan la "utilización indiscriminada y ostensible de fondos y bienes públicos para la campaña del gobernador", el uso de la "policía de Misiones en funciones ilegales de espionaje político y amedrentamiento" y las "amenazas y hostigamientos sobre los sacerdotes católicos de Misiones que adhieren al FUD".

Bajo el acápite de "Hechos que demuestran la acción fraudulenta del gobierno", se explica el caso de los 31.000 DNI (documento nacional de identidad) sin fotos, en poder del registro provincial de las personas. "Se ha comprobado que tales documentos son objeto de un uso ilegal por parte del partido gobernante", afirma Galeano en su escrito. "Basta que el tenedor del documento, que no tiene fotografía, se presente a votar para que su sufragio sea autorizado por la autoridad de mesa", agregó.

Según el FUD, de esta manera, "el partido gubernamental podría contar con 31.000 votos fraudulentos en las próximas elecciones y la misma cantidad de ciudadanos no podrá emitir válidamente su voto, pues habrán votado por ellos".

Por último, el frente opositor, cuyo primer candidato es el obispo emérito Joaquín Piña, sostiene que la autenticidad de los comicios del domingo está en riesgo porque "no compiten dos partidos: por un lado, lo hace el aparato gubernamental que utiliza ostensiblemente su poder económico y de recursos humanos dependientes, y, por el otro, un frente político-social".

"Si a esa absoluta disparidad de fuerzas se agrega que desde el mismo gobierno se promueve el uso fraudulento de las instituciones y la manipulación de los documentos de identidad para sumar votos oficialistas, estamos frente a un proceso creciente de fraude electoral que podría terminar de consumarse el día 29 de octubre", concluye la denuncia.

Por Gustavo Ybarra

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