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Cinco mil reclusos hacen huelga de hambre y la medida podría extenderse a otros penales

Por Armando Maronese - 29 de Septiembre, 2006, 3:26, Categoría: Legales - Justicia

Debido al colapso en la cárceles de todo el país y las falencias del sistema judicial de la provincia de Buenos Aires, los presos de 8 penales del conurbano reclaman que la prisión preventiva no supere los dos años. Alrededor de 5 mil reclusos establecieron una huelga de hambre. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense responsabilizaron al gobierno provincial. Solá, complicado por el caso López, y en busca de la reelección dijo que no tenía "soluciones mágicas" para el reclamo.

Felipe Solá, en plena búsqueda de la venia del Presidente para su postulación a la reelección en las elecciones 2007 por la Provincia de Buenos Aires, está complicado. La desaparición del testigo Jorge Julio López, y la terrible situación que atraviesan los reclusos en las cárceles de su jurisdicción, lo ponen en jaque. 

Ya son más de 5 mil presos de distintas cárceles de la provincia de Buenos Aires llevan adelante  una huelga de hambre en reclamo de una reforma de la legislación actual, informó el  miércoles el gobierno provincial, sin embargo representantes legales de los detenidos  dijeron a AP que la cifra asciende a 9.000 en 16 unidades.

Ayer, la Suprema Corte provincial se comprometió ayer a agilizar los procesos penales, en tanto que volvió a reclamar al gobierno de Felipe Solá nuevos órganos judiciales y mayor infraestructura para que los tribunales puedan cumplir su tarea.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que se reunieron este miércoles con el ministro Eduardo Di Rocco y el secretario de Derechos Humanos provincial, Edgardo Binstock, para analizar un petitorio presentado por los reclusos en huelga de hambre, responsabilizaron al gobierno provincial por las falencias del sistema judicial que generaron una rebelión de presos que no registra antecedentes en la última década.

La protesta se inició el 21 de septiembre en la Unidad Penal N° 9 de la ciudad de La Plata  y luego se extendió a más de una decena de penales de la provincia.

"La población penal involucrada en esta medida es entre 4.000 y 5.000 ciudadanos privados  de su libertad en siete u ocho penales de la provincia", dijo a periodistas el ministro de  Justicia de la provincia, Eduardo Di Rocco, tras un encuentro con los miembros de la Corte  Suprema bonaerense para analizar el conflicto.

No se descarta que más penales puedan sumarse a la extrema medida tomada por los reclusos,  que se encuentran además, en pésimas condiciones sanitarias. Avalando la posición de los presos, el jefe del Servicio Penitenciario provincial, Fernando  Díaz, calificó de "preocupante" la situación que se vive en los ocho penales y aseguró que  "el reclamo es para con la Justicia. Como se sabe, 75% de nuestros presos no tiene  sentencia firme".

El pedido de presupuesto que hizo la Corte es una respuesta a las declaraciones del Solá,  que había dicho que no tenía "soluciones mágicas" para el reclamo de los presos, y traspasó  la responsabilidad a la Justicia. "Históricamente el Poder Judicial ha requerido al Poder  Ejecutivo y al Poder Legislativo los medios y recursos necesarios para poder cumplir  adecuadamente sus funciones." La Justicia "carece de facultades para definir su propio  presupuesto", indicaron desde la Corte.

"Es una medida pacífica. No se ha generado ninguna violencia. Están reclamando cuestiones  que tienen que ver con el funcionamiento del Poder Judicial. No ingieren alimentos, pero sí  líquidos", explicó el abogado Roberto Cipriano García, quien se desempeña en el "Comité  contra la tortura", un organismo público encargado de velar por el respeto a los derechos  humanos en el ámbito provincial.

Los detenidos, en un petitorio dirigido a la Corte Suprema, denunciaron "una demora  innecesaria (en los procesos judiciales) y por ende denotada en un agravamiento de las  situaciones de detención legal de los internos" y reclaman a la legislatura y al gobierno de la provincia de Buenos Aires que reformen la  "legislación penal en materia de prisión preventiva y excarcelación". La prisión preventiva se aplica a los detenidos que por distintas circunstancias puedan  eludir el accionar de la justicia antes de su juzgamiento o que en libertad representen un  riesgo para la sociedad.

Por la legislación provincial actual, la prisión preventiva puede extenderse hasta ocho  años de acuerdo con cada caso. Ello, sumado a la lentitud de la justicia para juzgar a los  detenidos, ha derivado en una superpoblación carcelaria. Según cifras oficiales de 2005,  unos 32.000 presos sin condena se encontraban alojados en unidades penales y comisarías de  Buenos Aires.

Esta superpoblación fomenta también la violencia física en los penales. El año pasado más  de 70 presos perdieron la vida contra 63 del año anterior. "¿Cuántos de esos internos eran  inocentes según la Constitución por la que ningún habitante puede ser penado sin juicio  previo?", se preguntan los detenidos en el petitorio.

Armando Maronese

AP

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