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Inseguridad: nuevos retrocesos

Por Armando Maronese - 27 de Septiembre, 2006, 15:17, Categoría: Opinión

Mal que les pese a los funcionarios que se erizan cuando se menciona el tema, la inseguridad provocada por el auge del delito en sus más diversas variantes sigue haciendo acto de insolente presencia en todo el país.

Por eso, mientras el anuncio oficial de la suspensión del permisivo proyecto de reformas del Código Penal significó un aporte de sentido común a la lucha contra la criminalidad, el trágico saldo de otra apresurada excarcelación demostró, entre otros ejemplos de la misma clase, a qué oscuros puertos puede conducirnos la tolerancia excesiva, sobre todo si hace acto de presencia en el momento en que los jueces evalúan la peligrosidad de un delincuente o de un imputado para determinar si es factible excarcelarlo.

Daría la impresión de que hay quienes, casi siempre por estar interesados en demostrar lo contrario, que pretenden negar que la mayor parte de nuestra sociedad -sea cual fuere su nivel social-, ha dejado atrás la mera aprensión y, lisa y llanamente, ahora siente el opresivo acoso del miedo a ser víctima de la inseguridad que no sólo se ha adueñado de la vía pública, puesto que también ha invadido los ámbitos privados. Ese sentimiento es colectivo y es generado por la impotencia y la indefensión a las cuales nos sentimos sometidos cada vez que tenemos noticia de otro acto delictivo que, por su extrema crueldad, desde hace mucho tiempo ha excedido los términos de la mera rapiña.

Razón sobrada para indignarse tuvieron, pues, quienes tomaron conocimiento del propósito de promover el tratamiento parlamentario de un proyecto de reformas del Código Penal -influido por las teorías abolicionistas del derecho penal-, sobre el cual llovieron críticas razonables. La línea propugnada para materializar esas modificaciones para nada cosméticas era conocida, mas no por ello menos conflictiva. Una comisión de juristas había elaborado una propuesta en que, entre otros puntos por el estilo, se eliminarían las penas por la tenencia de drogas, se autorizaría el aborto en determinados casos y se atenuarían las sanciones por el empleo de armas para delinquir, violaciones y homicidios de policías.

Es positivo que el Gobierno les haya prestado atención a esas autorizadas críticas y se haya sentido obligado a reflexionar acerca de la conveniencia de seguir adelante con aquellas intenciones reformistas. En forma escueta, el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, informó que la reforma del Código Penal "no es una prioridad" y debe ser sometida a un largo proceso de consultas. Cabe inferir que, en buen romance, el Presidente no estaría dispuesto a asumir el costo político de un cambio en materia penal tan totalizador que, de manera inevitable, despertaría mayores resistencias aún en la sociedad.

Esa posición se ha visto robustecida por hechos aberrantes recientes. Uno de los presuntos autores del impiadoso doble homicidio en ocasión de robo cometido en una parrilla de Colegiales había sido dejado en libertad pocos días antes contra el pago de una fianza ínfima, dados los antecedentes del beneficiado por esa tan apresurada medida judicial: 400 pesos.

Episodios como el aquí relatado son apenas un botón de muestra de una situación que se está agravando en forma paulatina. Las demandas de protección, seguridad y justicia han comenzado a hacerse oír en plena calle, al compás del descrédito que va impregnando las estadísticas oficiales.

Sería prudente que se les prestase atención a esos reclamos. Como se ha expresado en tantas oportunidades, la presunción de que el Estado no puede o no atina a darle cumplimiento a su inexcusable obligación de defender a la sociedad y preservar la convivencia social, podría promover la tentación de la defensa por mano propia. Nada más ni nada menos que el último peldaño de la anomia y antesala de la anarquía.

La solución, sigue siendo, a mi entender, lo que siempre he afirmado: más allá de la necesidad de adecuar la legislación a las nuevas necesidades que sí hacen falta, no se trata sólo de redactar nuevas reformas o más leyes, sino de hacer cumplir las que ya existen y las que se legislarán, pues de nada vale tenerlas dentro del Código Penal, si ahí permanecen dormidas.

Armando Maronese

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