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Nuestra miserable clase política

Por Gallego Soto - 15 de Septiembre, 2006, 23:09, Categoría: Política - Políticos

Aunque hemos abordado el tema en otras ocasiones, volvemos a insistir sobre el asunto ante el hecho de que nada cambia entre quienes nos dirigen. Hace rato que dejamos la adolescencia, esa edad en la que todos creemos que cambiar el mundo es fácil y se logra sólo con buenas intenciones. Pese a esto, seguimos pensando que un cambio cualitativo es posible aunque lleve años disfrutar de sus beneficios y por eso, ante el mantenimiento de lo que está mal, tratamos el tema nuevamente.


Creemos fervientemente, y lo vemos en otros países, que la dirigencia política debe indicar los cambios que las sociedades necesitan para vivir mejor. Esos cambios, en muchas ocasiones, no representan necesariamente lo que la mayoría quiere que suele ser, en la mayoría de los casos, una suma de necesidades del momento que nunca constituyen objetivos sociales a largo plazo.

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No constituyen -para decirlo en otras palabras- políticas de Estado, sino soluciones para problemas cotidianos que en muchos casos generan problemas en el corto plazo. Vistas así las cosas, muchas veces los dirigentes deben encarar políticas que a primera vista parecen poco populares pero que, a poco de aplicadas, beneficiarán a la mayoría de la población.


Eso es lo que supone la responsabilidad de dirigir a un grupo social y no lo que vemos a menudo que es, en síntesis, acompañar a la sociedad en su habitualmente poco acertada percepción de la realidad. Hoy nuestra sociedad reclama mayor seguridad pública pero, paradójicamente, se opone a todo lo que represente ejercer algún principio de autoridad quizás como respuesta por oposición a los años de la última dictadura.


Tenemos entonces una situación explosiva: personas que exigen mayor seguridad pero que al mismo tiempo alientan o favorecen el incumplimiento de las leyes o se oponen a cualquier actividad del Estado que implique que el mismo ejerza su natural autoridad dentro del marco legal vigente.


Esto explica lo aparentemente inexplicable: frecuentes cortes de ruta (un delito perfectamente tipificado) para exigir, entre otras cuestiones, mayor seguridad o la aplicación irrestricta de un código penal más severo en cuyo caso los primeros en ir presos deberían ser aquellos que reclaman infringiendo leyes vigentes, léase impidiendo el libre tránsito proclamado como un derecho elemental en nuestra Constitución Nacional.


Y aquí, por ejemplo, es donde se nota lo lamentable de nuestros dirigentes. Casi todos ellos aducen que las protestas sociales no deben ser judicializadas y con esta actitud avalan la violación de la legislación vigente.


En las sociedades avanzadas no se judicializan aquellas situaciones no previstas en las leyes vigentes pero todo aquello que las leyes contemplan, como el corte de rutas al que nos referimos, tienen su correspondiente sanción cuando corresponde.


Existe este claro principio de autoridad y ningún funcionario duda en aplicar las sanciones que la ley estipula. Aquí, en cambio, se envían funcionarios varios a dialogar con los piqueteros y se los intima a que no corten las rutas. Luego de esto, estos funcionarios se retiran a sus oficinas sin haber impedido el corte de rutas porque los piqueteros explicaron amablemente que ellos no impedirían el libre tránsito mientras hacían justamente lo que decían que no iban a hacer.


Toda una parodia de autoridad propia de republiquetas y, lamentablemente, casi una tradición en nuestro país. Un párrafo aparte merecen las declamaciones de nuevos planes en materia de seguridad, luego de cada hecho de violencia que alcance a tener gran impacto social. Aparte de remover a los supuestos responsables de la ineficiencia policial, el gobierno sigue reclamando mayor eficacia por parte de la policía mientras que, por otro lado, no presta ningún apoyo político al buen accionar policial.


De esta forma, es evidente que jamás se llegará a la solución del problema. La clase política exige mayor eficiencia de la policía pero sanciona implacablemente el accionar policial cuando éste resulta molesto para el periodismo amarillista o para los especialistas en defender sólo los derechos humanos de los que delinquen. Toda una muestra de la más descarada hipocresía.


En cualquier país civilizado, la policía reprime en el marco de la ley cuando es necesario, y quienes violan las leyes saben que esto es así. Entre nosotros, en cambio, los delincuentes saben que siempre llevan las de ganar. Aún cuando se resistan a la autoridad, es virtualmente imposible que los políticos justifiquen o apoyen el correcto accionar policial.


Ante el menos atisbo de escándalo, el policía es sacrificado por su "brutalidad" aunque la misma haya sido necesaria para reducir al delincuente y se haya ceñido al orden legal vigente. Sería un interesante ejercicio intelectual analizar cómo se pretende lograr una mayor seguridad con acciones y actitudes políticas tendientes a lograr exactamente lo contrario.


Sería bueno para todos que la clase política se convierta realmente en nuestra clase dirigente y dirija, oriente y marque políticas de Estado en lugar de liderar la marcha de la sociedad hacia el abismo.


Por Gallego Soto

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