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La aduana de la discordia

Por Felipe Mendietta - 29 de Julio, 2006, 20:49, Categoría: Corrupción - Violencia

Polémica por la creación de la aduana en Santa Cruz.  ¿Será una zona liberada? ¿Por qué se aprobó con un trámite tan veloz? Estos y otros interrogantes dejó la aprobación en tiempo récord y sin debate, del proyecto para crear una aduana en el puerto de Caleta Paula, inaugurado en 1998 por el ex gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. La polémica ya está instalada. Una de las empresas beneficiadas es la pesquera Conarpesa, que controla gran parte del flujo de mercaderías de ese puerto a través, entre otras actividades, de una planta de secado de calamar, con permiso otorgado por la Legislatura de Santa Cruz en 2004.

La reacción de la oposición no se hizo esperar: la diputada Elisa Carrió calificó la iniciativa de "escandalosa" y denunció que la aduana en Caleta Olivia significará crear "una especie de zona liberada" para Conarpesa.

Cabe recordar, que Carrió y Conarpesa tienen una causa pendiente en Tribunales, luego de que la diputada vinculó a directivos de la empresa con la misteriosa muerte del titular de la firma Pesquera San Isidro, Raúl Espinosa, en enero de 2003.

La iniciativa, que pasó inadvertida para la mayoría de los senadores y la opinión pública, fue impulsada por Nicolás Fernández, senador santacruceño y kirchnerista, quien justificó la medida en el crecimiento de las exportaciones pesqueras de la región y la necesidad de "efectivo control de la actividad a través del asiento físico del guarda aduanero".

Para Fernández, no hay dudas de la necesidad de crear una aduana en Caleta Olivia, su ciudad de residencia. "La actividad pesquera es uno de los factores económicos principales, generadores de exportación de productos y de empleo", asegura Fernández en los considerandos del proyecto. El senador también aclara que a pocos kilómetros del puerto está la única planta procesadora en el país de aceite Omega3, la cual -según varias fuentes- es propiedad de Conarpesa.

El senador santacruceño esgrime también, sobre la base de datos oficiales suministrados por la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz, que el crecimiento en el movimiento anual de mercaderías y buques en Caleta Paula aumentó de manera exponencial desde 1998 hasta la fecha.

Omite un dato curioso: en Caleta Paula no se registraron exportaciones durante 2005, mientras que en otros puertos, como Puerto Deseado, donde no hay aduana, llegaron a 108.591,83 toneladas. "Es evidente que aquí hay movimiento, y no sólo pesquero", ironizó Carrió sin dar más precisiones. En febrero último, Kirchner y el entonces gobernador Sergio Acevedo, firmaron un contrato para ampliar el puerto de Caleta Paula, que demandará una inversión de 139 millones de pesos.

Fernández también es director suplente de Establecimientos 9 de Julio, surgido durante el gobierno de Néstor Kirchner y cuyo titular es su hermano Claudio Fernández, que sería socio de la actual titular del Banco Nación, Gabriela Ciganotto. Ciganotto tendría, según distintos medios santacruceños, una estrecha relación con el Ministro de Planificación, Julio De Vido.

Carrió y Conarpesa tienen una causa pendiente en Tribunales, luego de que la diputada vinculó a directivos de la empresa con la misteriosa muerte del titular de la firma Pesquera San Isidro, Raúl Espinosa, en enero de 2003.

Carrió también denunció que Conarpesa realizó aportes a la campaña que llevó a Kirchner a la presidencia, y la acusó de obtener prebendas, cargos que la empresa rechazó.

En su informe preliminar sobre gestión de recursos pesqueros, de 2004, Carrió citaba una nota dirigida al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, por parte de la Cámara Argentina de Pesqueras, Fileteras y Afines en la que acusaba a Conarpesa de tener "el uso exclusivo del Puerto de Caleta Paula".

El secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, acompañado por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, Judith Forstmann, anunciaron en Caleta Olivia la ampliación para el puerto de Caleta Paula a través del aporte de casi $ 140 millones por parte del gobierno de Néstor Kirchner.

La constructora que llevará adelante la obra es Benito Roggio e Hijos S.A., cuyo trámite de licitación pública fue convocado por el Estado Nacional a través de la Secretaría de Jaime, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, comandada por el ministro Julio de Vido.

Pero resulta que anteriormente, olvidaron contar que, el 28 de junio último, y luego de un veloz trámite, el Senado aprobó y giró a la Cámara baja un proyecto para crear una aduana en Caleta Paula.

La iniciativa, que pasó inadvertida para la mayoría de los senadores y la opinión pública nacional, fue impulsada por el senador santacruceño e incondicional del Presidente, Nicolás Fernández, quien justificó la medida en el crecimiento de las exportaciones pesqueras de la región y la necesidad de "efectivo control de la actividad a través del asiento físico del guarda aduanero".

Aprobado sobre tablas y sin debate, el proyecto (también apoyado por la senadora y hermana del Presidente, Alicia Kirchner), se encuentra bajo análisis en la Comisión de Economía de Diputados que preside el radical Luis Borsani (UCR-Mendoza), pero generó la inmediata reacción de parte de la oposición.

La diputada porteña Elisa Carrió, calificó la iniciativa de "acto escandaloso" y denunció que la aduana en Caleta Olivia significará crear "una especie de zona liberada" para la empresa pesquera Conarpesa, que controla buena parte del movimiento de mercadería de ese puerto a través, entre otras actividades, de una planta de secado de calamar, con permiso otorgado por la Legislatura de Santa Cruz en 2004.

La distancia de 76 km que separa a Caleta Paula de la aduana más cercana, Comodoro Rivadavia, Chubut, es una de las razones esgrimidas para justificar la iniciativa.  Según Carrió, sin embargo, "es ridículo decir que esa aduana está lejos, cuando hay sólo 39 en todo el país y las distancias en la Patagonia son enormes".

El senador santacruceño esgrime también, sobre la base de datos oficiales suministrados por la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz, que el crecimiento en el movimiento anual de mercaderías y buques en Caleta Paula, aumentó de manera exponencial desde 1998 hasta la fecha.

Fernández, archiconocido como un defensor a ultranza del Gobierno en el Senado, es abogado y tiene 47 años. A contramano de los recientes encontronazos de la pareja presidencial con la prensa, el senador es socio gerente de la editora Centenario SRL que publica el diario Tiempo de Santa Cruz. Según datos de la AFIP, la editora tiene, hasta noviembre de 2005, cinco embargos.

En su informe preliminar sobre gestión de recursos pesqueros, de 2004, Carrió citaba una nota dirigida al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, por parte de la Cámara Argentina de Pesqueras, Fileteras y Afines en la que acusaba a Conarpesa de tener "el uso exclusivo del Puerto de Caleta Paula".

En abril de 2004, la interventora de la Dirección Nacional de Pesca, Nélida Videla Sánchez, fue separada de su cargo por el secretario del área, Miguel Campos, luego de denunciar la falta de controles y "posibles actos de corrupción" y fisuras en la fiscalización estatal de las actividades pesqueras de las empresas, entre las cuales mencionó a Conarpesa.

Fuentes de la Comisión de Economía indicaron a La Nación que el tratamiento del proyecto "no es prioritario". El bloque arista solicitó al titular de la Cámara baja, Alberto Balestrini (FV-Buenos Aires) que el proyecto pase también por la Comisión de Presupuesto, dada la competencia de la AFIP en la recaudación de impuestos aduaneros, e intentará frenar el proyecto de uno de los hombres del Presidente.

El proyecto de ampliación de Caleta Paula supera los 139 millones - Las obras a ejecutarse en esta etapa comprenden la ampliación del actual recinto portuario hacia el oeste, en un frente de 160 metros en sentido norte-sur, y una longitud de 150 metros medidos en sentido este-oeste, y una obra de control de deriva litoral en el lado sur del acceso al puerto.

La mayor longitud del recinto portuario que se obtendrá con la ampliación del puerto mejorará las condiciones de frenada de los buques mercantes que ingresan en Caleta Paula, adecuándolo a los de mayor eslora. Permitirá además ampliar el muelle existente, lo que dará la oportunidad de instalar en el fondo del recinto portuario un elevador de buques, que por sus características pueda atender prácticamente a todas las embarcaciones que operan desde el Puerto de Caleta Paula.

La constructora Benito Roggio e Hijos SA llevará adelante la obra - El trámite de Licitación Pública fue convocado por el Estado Nacional a través de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

El secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime dijo que "es el esfuerzo de la Nación, de la Provincia y del Municipio, es el esfuerzo de todos los argentinos porque estamos tirando todos para el mismo lado". De esta manera explicó que "éste es el ejemplo que le estamos dando al país desde la presidencia del compañero, del amigo Néstor Kirchner", seguidamente aseveró que "el objetivo fundamental que tenemos es recuperar este país que se destruyó tanto, pero hay una muy importante esperanza en la gente de que las cosas se están haciendo todos los días con sacrificio y con esfuerzo", por esos motivos ratificó: "estamos consolidando un proyecto nacional que es lo más importante".

Conarpesa y De Vido - Julio De Vido, mano "negra" derecha de Kirchner y principal artífice del polémico envío de los 532 millones de pesos a cuentas bancarias en el exterior, posee la atribución de intervenir en la fijación de las políticas de transporte, comunicaciones, energía y minería. 

La cartera de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que maneja De Vido, concentra saneamiento, obras públicas, vivienda, explotación y aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos, actividad vial y organización de la inversión pública, una "gran caja". Asimismo, los complejos Binacional Yacyretá y Salto Grande, que generan importantes dividendos al Estado, también quedaron bajo su dominio.

Es en ese marco, en el cual De Vido "colocó" a Ricardo Jaime en su cargo de secretario de Transportes, un lugar más que estratégico si de hacer negocios se trata. Tanta es la confianza de Kirchner en De Vido, que hasta llegó a delegarle sectores que han dependido históricamente de Presidencia de la Nación, como las áreas de "desarrollo urbano" y "energía atómica".

Desde sus días como gobernador en Santa Cruz, Kirchner ha tenido en De Vido a uno de sus mejores colaboradores a la hora de hacer tareas oscuras. "Tal como ha ocurrido casi siempre durante la gestión de Kirchner en la provincia de Santa Cruz, el trabajo sucio es encomendado a Julio De Vido", comenta Daniel Gatti, autor de la biografía del primer mandatario "El amo del feudo".

Cabe destacar que Jaime y De Vido aparecen relacionados con la kirchnerista empresa Conarpesa. El ministro de Planificación se vincula con la muerte de Raúl Cacho Espinosa, competidor directo de la firma referida.

El asesinato que conmovió al poder K - Raúl "Cacho" Espinosa fue asesinado en la ciudad de Puerto Madryn el 30 de enero de 2003. Este crimen puso en el tapete el oscuro mecanismo del financiamiento político, que en este caso involucraría al propio oficialismo.

Por los datos recabados por la justicia y en ámbitos parlamentarios, el crimen se convirtió en algo más que un episodio policial. Y es que los acusados de instigar el homicidio (Juan Alvarez Cornejo y su hijo Fernando) son los titulares de la sospechada Conarpesa.

Como consta en la causa judicial, tres meses antes de su muerte, Espinosa mantuvo una reunión con Julio De Vido, a quien -según declaraciones de la esposa del difunto, Lorena Galbarrus-, le habría planteado manejos cuestionables de Conarpesa y la hipótesis de que podrían atentar contra su vida, cosa que posteriormente sucedió. A pesar de la gravedad de lo sucedido, De Vido siempre mantuvo un férreo silencio sobre la cuestión.

El financiamiento del kirchnerismo y el negocio de la pesca se mezclan en la investigación del crimen de empresario sureño - Los acusados de instigar el homicidio ( ex en algún momento, Juan Alvarez Cornejo y su hijo Fernando) fueron los dueños de Conarpesa, firma con numerosos negocios con el kirchnerismo, que Espinosa había abandonado tiempo antes para fundar la competidora pesquera San Isidro.

"La vinculación de Conarpesa con Néstor Kirchner es evidente, así como la financiación -no explícita- con que dicha firma beneficiara en la campaña electoral al actual Presidente", denunció en su momento la diputada nacional fueguina Fabiana Ríos, colaboradora de Elisa Carrió. "La empresa acusada de asesinar a Espinosa pagó parte de la campaña política de Kirchner por la que este le estaría debiendo favores", sostuvo Ríos en su despacho del Congreso.

Y los nombres relacionados con el actual Poder Ejecutivo que mantenían vínculos, tanto con Espinosa, como con la misma Conarpesa, fluyen por todos lados. También consta que al regresar de un viaje a España, Espinosa se encontró con que en un acto de Kirchner en Puerto Madryn, Chubut (donde finalmente lo mataron) la pesquera mencionada había prestado todo el apoyo logístico, por lo que muy indignado, Espinosa decidió quitarle toda la publicidad al ahora presidente de su auto de carrera.

En aquellos días los gestos de acercamiento entre el actual primer mandatario y la cuestionada firma eran notables, a tal punto que al llegar a Madryn -de acuerdo a la narración a "Río Negro" de una fuente de primer nivel-, Kirchner fue recibido por Juan Alvarez quien lo llevó a un acto político, y a posteriori concurrieron juntos a ver un partido de básquet donde Conarpesa le entregó a Kirchner una plaqueta. La camiseta del equipo pesquero lleva un slogan de campaña del kirchnerismo.

¿Quiénes fueron los encargados de recaudar los aportes de Conarpesa y del propio Espinosa (aunque no aparezcan blanqueados en la declaración de ingresos y egresos) para la campaña presidencial? Diversos testimonios señalaron a Rudy Ulloa y Claudio Uberti. El primero fue chofer de Kirchner y ahora es propietario de un multimedio (el diario "El Periódico Austral" y FM del Carmen). Por su parte, Uberti -sostuvo un allegado a Carrió-, sería quien hoy está al frente de Organismo de Concesiones Viales bajo la férula del influyente De Vido.

Otro nombre que aparece en esta historia, es el de Héctor Antonio (hijo del tristemente legendario peronista Jorge Antonio) quien tiene la empresa Pescafina, que controla directamente a Conarpesa y tiene su domicilio en el mismo edificio; incluso tienen contratos de comodatos sobre algunos barcos, entre otras cosas que prueban el nexo comercial.

Desde el ARI aclaran que no existe una relación directa entre el gobierno nacional y el crimen en cuestión, sino que sería una disputa empresaria llevada al plano criminal.

Según revela un extenso informe confeccionado por gente del ARI -partido de Elisa Carrió- Conarpesa "se funda a mediados de los 70. Según testigos de identidad reservada, los dueños eran los Alvarez que manejaban la parte comercial pero siempre estaba por detrás Pescafina S.A. En esa empresa comenzó a trabajar Raúl 'Cacho' Espinosa, llegando a ser vicepresidente. Luego Espinosa se va de la empresa y funda Pesquera San Isidro S.A. manteniendo relaciones de rivalidad y competencia hasta su muerte. A su vez, la primera esposa de Espinosa cedió los derechos que tenía en San Isidro S.A a Juan Alvarez, aunque ahora esa parte podría haber sido comprada por Héctor Antonio, quien además habría ofrecido comprarle su parte a Lorena Gabarrus (segunda mujer de Cacho Espinosa), madre de los mellizos de Espinosa y testigo de su muerte". 

Oportunamente, Capefa (Cámara Argentina de Pesqueras, empresas Fileteras y Afines), denunció la operatoria de Conarpesa para quedarse con pesqueras, al amparo de los gobiernos provinciales de turno. Entre otras cosas, Capefa pide que "se dejen sin efecto los permisos usufructuados por Conarpesa con prácticas ilegales coimeando, presionando o extorsionando, mediante testaferros y en triangulación con empresas o empresarios argentinos".

El informe del ARI: Relación entre Conarpesa y Pescafina argentina y española - 1) De las constancias del expediente criminal (fs. 265) surge que Juan Alvarez consultó a Ignacio Pesquera, gerente de Pescafina, para negociar con la ex esposa de Espinosa la sesión de sus derechos sobre Pesquera San Isidro. En el membrete de este fax figura Pescafina en un extremo y Conarpesa en el otro. En la página oficial de Conarpesa que figura en Internet, el Sr. Héctor Antonio, hijo de Jorge Antonio e integrante de Pescafina a aparece como el contacto comercial de Conarpesa.

2) La relación entre Hector Antonio y los hermanos Alvarez, se remonta al origen mismo de Conarpesa y mantuvieron relaciones comerciales permanentes hasta el definitivo control a partir del año 2000. No sólo Pescafina intervino en el acuerdo de sesión de los derechos de Alicia Martínez, sino que el propio Héctor Antonio ofreció a la segunda mujer de Espinosa comprarle las acciones de San Isidro correspondientes a la parte de los mellizos hijos de Espinosa y Gabarrus.

3) Toda la documentación corrobora la tesis de que detrás de los Alvarez está Hector Antonio. Hector Antonio, hijo de Jorge Antonio es quien estuvo involucrado en la quiebra fraudulenta de diversas empresas pesqueras en la década del ochenta. Una de esas empresas, Estrella de Mar, estuvo ligada a la investigación de la mayor operación de tráfico de cocaína, ya que la cocaína era acomodada en envases para transportar langostinos con el logotipo de Estrella de Mar. Por último, a través de la misma empresa Estrella de Mar se vinculó a los Antonio con el BCCI, según consta en el Informe de Lavado de Dinero.

4) Desde el año 2000, fecha aproximada desde cuando Pescafina controla totalmente a Conarpesa, ambas empresas tienen su sede en la misma dirección y en el mismo piso: Salguero 2731, 7° piso", Buenos Aires.

Felipe Mendietta

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