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Intoxicación vs. Sofocón: un juego de palabras que puede ser mortal

Por Armando Maronese - 18 de Junio, 2006, 15:27, Categoría: General

Veinticinco alumnos menores de edad, fueron derivados a los hospitales locales, para su atención por un escape de gas. El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), hizo una presentación ante la Asesoría de Menores del sistema judicial bonaerense, impulsándola a realizar una acción judicial en representación de los menores que podrían estar afectados por el problema del suministro de gas en las escuelas marplatenses.


La nota fue elevada a la titular de la Asesoría de Menores Especializada número 3, de la doctora Adriana Franco, por el equipo que conduce el Suteba local, encabezado por el secretario general, Raúl Calamante.


Allí, el gremio se hace eco de la preocupación que existiría en el organismo judicial por la problemática existente en las escuelas de General Pueyrredón en materia de infraestructura.

Asimismo, el Suteba se pone a disposición de la Dra. Franco, para cualquier presentación judicial cuyo objetivo sea "accionar en defensa del derecho de los niños y, en nuestro caso, también por el de los trabajadores de la educación, los que comparten espacios físicos con los educandos".


De esta manera, el Suteba confirmó el adelanto realizado días atrás, en cuanto a la posibilidad de que distintos estamentos de la sociedad recurrieran a la Justicia por los problemas de infraestructura que padecen los establecimientos educativos marplatenses.


"Nuestro objetivo con esta presentación, es demostrar nuestra preocupación por la situación que están pasando los menores, que es igual a la que atraviesan los maestros", dijo Calamante.


El dirigente aclaró que "hoy el tema puntual es la calefacción, pero en las escuelas hay muchos más elementos de riesgo que nosotros venimos denunciando desde hace tiempo".

En este marco, explicó que el pedido a la Justicia es que "exija a las autoridades la elaboración de un plan concreto, que no sólo incluya las obras necesarias, sino también los plazos en que se realizarán, para que todos podamos organizarnos".


Aunque en la presentación el sindicato no prejuzga, la enumeración de hechos y circunstancias, parecen apuntar a la responsabilidad de la Provincia en tanto es la instancia encargada de velar por las condiciones en que se desenvuelve el sistema educativo público, igual que en el tema de las ambulancias en escuelas del distrito, que tampoco está resuelto todavía.

Controles
En su presentación ante la Dra. Franco, el Suteba recordó que el 29 de marzo de 2005, el Enargas dictó la resolución 3164 -que luego sería complementada con la 3514 del 24 de mayo de 2006-, según la cual todas las instalaciones de las escuelas del territorio nacional deben controlarse para ver si cumplen con las disposiciones vigentes.


Recordó que "de acuerdo a dicha disposición, la empresa prestadora de gas, Camuzzi-Gas Pampeana, es la encargada de realizar los controles. Sobre cada instalación debe presentarse un informe, luego corregir y adecuar las instalaciones a la normativa a través de personal matriculado.


"Cuando se producen escapes de gas, la empresa distribuidora debe retirar el medidor por razones de seguridad y exigir ajustar a la normativa para proceder a reconectar el servicio -continuó-. Si los equipos y sus conexiones no reúnen los requisitos pautados, los clausura, mediante una faja de seguridad".


Añadió que "hoy tenemos escuelas que presentan ambas situaciones, es decir sin medidor o con clausuras parciales y que no van a ser reconectadas hasta no cumplir las normas".

También destacó la "grave situación vivida en la ESB número 34, en la cual como consecuencia del mal funcionamiento de un equipo de calefacción, clausurado en el mes de enero pero que no obstante fue puesto en marcha sin mediar la habilitación de la Empresa Distribuidora, fueron derivados a los nosocomios locales, para su atención una docena de alumnos menores de edad".


Denuncias
Más adelante, el gremio especificó que "la demora en el comienzo de los trabajos de regularización ha generado un reclamo y denuncias por parte de nuestro sindicato, como así también la falta de transparencia en la contratación, control y pago por parte del Consejo Escolar de General Pueyrredón y de la Delegación Provincial de Infraestructura (DPI) delegación Mar del Plata".


En este sentido, recordaron que las actuaciones mencionadas derivaron "en una intervención y un proceso de investigación desde la DGCyE y una denuncia de nuestra organización ante la fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del doctor Pablo Poggetto".


También acotaron que "el Suteba cuenta con información según la cual el dinero destinado a pagar los trabajos de reparación de calefacción, fueron depositados oportunamente por la DGCyE, como así también hemos comprobado el bajo porcentaje de matriculados que realizan las obras, dado que sobre un padrón de casi 650 matriculados, trabajan en escuelas alrededor de 23".


Propuesta
Tras describir la situación, el Suteba sostuvo que "es posible imprimirle mayor celeridad a la ejecución de las tareas sin por eso saltear los pasos que las normas técnicas y de transparencia requieren".


Incluso consideró que para las obras de mayor envergadura "se podrían buscar métodos alternativos de calefacción, que permitan el dictado de clases en condiciones dignas y seguras para alumnos y trabajadores de la educación".

Por último, el gremio reiteró su apoyo a la actuación de la Asesoría de Menores y se puso a su disposición para "colaborar en resolver con celeridad este problema, así como para garantizar los derechos de los niños y del resto de los integrantes de la comunidad educativa".

Discusión planteada

La discusión planteada en Mar del Plata por las fallas en el sistema de calefacción de las escuelas marplatenses, sus posibles consecuencias y la identificación de sus responsables se parece, en muchos momentos, a una falacia tan disparatada que no merecería el menor análisis... de no ser, claro, porque de ella depende nada más y nada menos que la vida de miles de marplatenses.


Un ejemplo de lo anterior es la posición adoptada por la Dirección General de Cultura y Educación ante el caso de la intoxicación de veinticinco alumnos de la escuela 34: con la teoría de que el termostato estaba alterado, hasta la titular de la cartera provincial, Adriana Puiggrós, intentó deslindar responsabilidades, dejando entrever que se habría tratado de un sabotaje y no de una falla del sistema.


Este argumento deja de lado, con alevosía, un dato insoslayable: que los alumnos que terminaron en el Hospital Interzonal General de Agudos -HIGA- no sólo estaban sofocados por el calor sino también intoxicados con monóxido de carbono.


Así lo arrojaron los estudios que se les realizaron y así lo confirmó el director del establecimiento, doctor Rómulo Tamini, quien lo explicó claramente: "Había pruebas en sangre de que habían estado en contacto con emanaciones tóxicas".


En otras palabras: si bien pudo existir una manipulación del sistema de calefacción, también hubo una falla -grave- en el sistema. Un hecho no anula al otro.


Responsabilidades
¿Por qué les conviene a las autoridades entender que sólo se trató de un sofocón y no de una intoxicación?


Porque en el primero de los casos, la responsabilidad se diluye entre las autoridades del colegio, las transgresiones estudiantiles y la supuesta participación -casi imposible de ser probada-, de una tercera persona con fines oscuros. En el segundo de los casos, en el de la intoxicación, en cambio, la responsabilidad es directamente de la DGCyE.


No hay que olvidar, por otra parte, el contexto en el que se produjo el hecho: el Suteba denunciando las deficiencias estructurales de las escuelas marplatenses y haciendo hincapié, justamente, en el problema de calefacción que padecen las escuelas.


Como la intoxicación de los veinticinco menores aparece demasiado conveniente para la posición del gremio, se la desmerece afirmando que debe ser falsa o provocada.


En medio de esta tenebrosa dialéctica, se pierde de vista el hecho objetivo -confirmado por los médicos del HIGA-, de que corrió riesgo la vida de los estudiantes. Y que la misma situación podría estar produciéndose en decenas de escuelas.


Porque no hay que olvidar que las escuelas que actualmente están sin clases, son aquellas escuelas que por cumplir los controles exigidos por el Enargas, detectaron las deficiencias del sistema de calefacción. ¿Qué pasa entonces, con los establecimientos que todavía no comenzaron, siquiera, con las revisiones?


A nadie parece importarle. Y ante este corrimiento del eje de la discusión, parte de la responsabilidad le cabe -quizás a raíz de un error involucrado-, al propio gremio, que apuntó más a denunciar las aristas económicas del caso que a revertir el riesgo existente para los menores.


De hecho, recién el pasado viernes hizo una presentación judicial relacionada con la seguridad de los menores, mientras que el supuesto caso de corrupción se denunció ante el fiscal Pablo Poggetto hace más de un mes.


Mirando para otro lado

Sin embargo, no cabe duda que la mayor responsabilidad es del Estado, que discute la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad de los menores y clasifica a determinadas escuelas como de "alto riesgo" -según la situación socio-cultural de su alumnado-, pero mira para otro lado cuando es él mismo el que pone en riesgo la salud de los alumnos.


Tras el drama de Cromañón, todos los niveles gubernamentales salieron a controlar la seguridad de los espacios de concentración masiva casi con desesperación. Tuvieron que morir casi 200 personas y un jefe de Gobierno tuvo que perder su puesto, para que se tomara conciencia de la importancia del asunto.


En las escuelas de Mar del Plata, las deficiencias en la red de suministro de gas ya enviaron al hospital a decenas de alumnos de por lo menos dos escuelas: el año pasado de la 16, este año de la 34.


Como agravante respecto del caso capitalino, debe computarse el hecho de que no se trata de un tema que no esté en la agenda pública: con finalidades políticas o sin ellas, el Suteba viene denunciando el problema desde hace tiempo.


Que se descanse en la investigación judicial que está llevando adelante el fiscal Guillermo Nicora -necesaria pero no excluyente-, para el caso específico de la escuela 34, y no se tomen medidas más abarcativas, es preocupante.


Porque para la discusión mediática, argumentar que se trató de un sofocón puede servir. Pero en una ciudad con récord de pérdidas de monóxido de carbono como Mar del Plata, jugar con las palabras puede resultar mortal.

Armando Maronese

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Fuente: LC.net

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