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Sanciones para el acoso sexual

Por Armando Maronese - 1 de Junio, 2006, 23:43, Categoría: Legales - Justicia

Si en los próximos días prospera en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley aprobado el 10 del actual en el Senado, la figura del acoso sexual será incorporada en el Código Penal como una variante de la de coacción, que ya figura en su artículo 149 bis.

 

De acuerdo con el texto, que obtuvo 46 votos en favor y sólo uno en contra, será castigado con una pena de prisión efectiva de entre cuatro meses y cuatro años todo aquel que, "abusando de una relación de superioridad jerárquica, laboral, docente o de índole similar, efectuare un requerimiento de carácter sexual, para sí o para un tercero, bajo la amenaza de causar a la víctima, en caso de no acceder, un daño en el ámbito de esa relación".

 

De la urgente necesidad de contar con un señalamiento expreso sobre este caso especial de coacción, es testimonio el dato aportado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1996: según el informe de este organismo realizado en 36 países, la Argentina es uno de los países con más alta tasa de acoso en el mundo -los otros son Francia, Inglaterra, Canadá y Rumania-, ya que el 16,6 por ciento de las mujeres argentinas dicen haberlo sufrido durante el año anterior a la encuesta, y a esto habría que agregarle los datos sobre casos de hombres acosados, si bien éstos casi no se denuncian.

 

La iniciativa viene también a reparar otra falta de parte de nuestro país, porque hace 11 años que, al ratificar la Convención Interamericana de Belem do Pará, la Argentina había asumido ante la comunidad internacional un compromiso de legislar en materia de acoso y de adoptar políticas para combatirlo, como ya lo hacen España, Francia, Portugal, Brasil, Ecuador, Costa Rica y Guatemala. Aunque vale la pena dejar constancia de que, desde 2002, existieron en el Congreso de la Nación distintos proyectos que buscaban subsanar el vacío legal, pero que no tuvieron éxito.

 

El proyecto fue presentado en junio del año último por la entonces senadora frepasista Diana Conti, a partir de un texto elaborado conjuntamente por el jurista Ricardo Gil Lavedra y el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Bossert, verdaderos mentores de la iniciativa. El único rechazo a esta iniciativa en la votación, provino de la senadora peronista formoseña Adriana Bortolozzi, quien se negó a apoyarla porque consideró que generará "más mano de obra en negro femenina" y también, porque la pena máxima prevista supera la contemplada para el delito de amenaza con armas de fuego.

 

A la primera objeción, correspondería observar que hace ya muchos años que recorre el mundo, la preocupación por el llamado acoso sexual y que es legítima "en cuanto mostraba a la atención pública las vejaciones a que expone a las mujeres en general la relación asidua, jerárquica o no, que se establece en muchos lugares de trabajo y estudio", para lo cual se reclamaba, además de la represión, la prevención. Porque también es cierto que los números que actualmente se manejan en las ONG dedicadas al tema, dan cuenta de que la situación se ha agravado durante la última década. Así la ONG Lugar de Mujer, que se dedica a asistir a víctimas de distintos tipos de violencia, denuncia que recibe hasta 70 llamados por mes de mujeres que se comunican directamente para preguntar qué pueden hacer ante un caso de abuso sexual.

 

Y el aumento se da, sobre todo y de manera preocupante, en la administración pública, como lo confirmó Olga Hammar, la presidenta de la comisión que se formó en el Ministerio de Trabajo, para atender justamente denuncias de violencia laboral y desigualdad de oportunidades hacia las mujeres. Hay que considerar también, que sólo en cinco provincias argentinas -Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Jujuy y Chubut-, existe algún tipo de leyes que sancionan el acoso, pero como son provinciales o locales, sólo pueden aplicarse en el ámbito de la administración pública. De todos modos, no hay registros en la misma comisión de que se hayan aplicado en distrito alguno.

 

El acoso sexual es, por definición, una violación a la integridad humana y, cuando se da en el ámbito laboral o académico, es también una violación al derecho de trabajar o estudiar en un ambiente digno y humano. Este tipo de acoso, en tanto manifestación pública y social de la violencia, empieza a ser considerado no sólo como un problema personal, sino como un problema social que limita la participación de las personas -mujeres u hombres- en su desarrollo dentro de la comunidad, porque socava la confianza del individuo, crea desequilibrio, tensión emocional y temor, y disminuye la autoestima y el rendimiento, y, cuando ocurre en el ámbito laboral, configura una violación del derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias.

 

Como lo recuerda el mismo Gil Lavedra, "a nadie puede escapar que la prevención del acoso sexual dependerá sustancialmente de normas y medidas de otra naturaleza, pero parece positivo que el legislador reafirme que se trata de una conducta que merece la más grave desaprobación de la comunidad y que, por eso, le impone la pena estatal".

 

Si el proyecto recibe finalmente también la aprobación de la Cámara baja, la sociedad argentina contará por fin con una ley que no sólo la equiparará con aquellos países más desarrollados en estos temas, sino que vendrá a sustentar la recuperación de valores indispensables para el crecimiento de la comunidad.

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Armando Maronese

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