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La protección integral del menor

Por Armando Maronese - 9 de Mayo, 2006, 1:51, Categoría: Opinión

Largamente anunciada y proclamada como una panacea que resolverá los problemas de la minoridad argentina, fue promulgada a fines del año pasado, la ley de protección integral a la minoridad. La nueva norma deroga la ley del criticado sistema del patronato de menores, sancionada en 1919, y adecua nuestra legislación, a la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1989.

Luego de haber sido ratificada por nuestro país, era necesario un instrumento legal que incorporara principios y criterios actuales al tratamiento de las cuestiones que afectan a la minoridad, y que promoviera los mecanismos indispensables para su efectivo cumplimiento.

La razón de ser de esta ley es tutelar y dar satisfacción integral a los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Para ello, se subraya la necesidad de considerar al menor como "sujeto de derechos", lo cual no es nuevo -siempre lo fue-, pero la norma pretende acentuar este carácter como contrapuesto a otros derechos, o distinguiéndolo del error de considerarlo objeto de derechos de otros. Esa función protectora será sustentada por políticas públicas (esperemos que sea cierto), que contribuirán a fortalecer el papel de la sociedad doméstica.

Siguiendo las normas de la Convención de los Derechos del Niño se describen los principios, los derechos y las garantías que corresponden al menor, a la vez que se reafirma el compromiso estatal con la causa de los menores, que constituirá, es de esperar, una verdadera política de Estado.

Este tipo de derechos y su tutela, requieren un sistema de protección integral, que será asumido por los organismos existentes en distintos ámbitos jurisdiccionales. Su protección excluye la función tutelar del juez, que, en la antigua ley de patronato, podía privar de la libertad al menor por razones asistenciales, pero con los malos resultados por todos conocidos.

Justamente, sobre este tema, se publicó una estadística estremecedora: es internado el 46 por ciento de los chicos pobres o con conflictos; es decir que un niño en estado de abandono, con problemas familiares o conflictos con la ley penal, en la casi mitad de los casos termina en un instituto de menores. Ésta es una de las situaciones a las que pondrá fin la aplicación de la nueva normativa.

La solución deseada tiene que buscarse en el apoyo a la familia nuclear o amplia, mediante programas de ayuda, incluso económica. La realización de estas políticas, contará con la función que desde el Poder Ejecutivo habrá de encarar la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. También se instituye la figura del defensor, que velará por la protección y promoción de los derechos consagrados.

El Estado nacional y los Estados provinciales quedan comprometidos a llevar adelante las políticas que harán posible la efectiva realidad de la ley. Un signo revelador de la decisión con que se encare esta cuestión, lo dará la oportunidad y forma de la reglamentación de la ley, y las personas que sean elegidas para implementarla.

La nueva ley es generosa y llena de buenos deseos, y abre un panorama promisorio de tratamiento para los agudos problemas que afectan al sector más vulnerable de la sociedad. Sin embargo, hay que señalar que esta normativa es sólo un norte, ya que sin una clara conciencia social y voluntad política de atacar el problema de raíz, no se logrará nada más que tener una norma declamatoria más.

Armando Maronese

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