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Solá enfrenta su primer escándalo de corrupción: Sobreprecios en colchones

Por Armando Maronese - 5 de Mayo, 2006, 2:29, Categoría: Corrupción - Violencia

El gobernador bonaerense, Felipe Solá y el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, fueron denunciado penalmente por un supuesto pago de sobreprecios que alcanzaría un incremento de hasta el 82% en la compra directa de colchones y almohadas para cárceles de la provincia.

El bloque de diputados bonaerenses del ARI presentó el miércoles una denuncia penal contra el gobernador bonaerense, Felipe Solá y su ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, por un supuesto pago de sobreprecios que alcanzaría un aumento de 82%, en la compra directa de colchones y almohadas para cárceles de la provincia.

El gobierno de Solá, mediante el subsecretario Administrativo de la cartera de Justicia, José Pérez Domínguez, desestimó la denuncia porque "no tiene ningún asidero" y dijo que "el valor al que fueron comprados (los insumos) está en relación con lo pagado por otros organismos oficiales".

La denuncia fue presentada en el UFI Nº2 y en el Juzgado Nº3 del dr. De Aspro. Por complejidad, en las próximas horas debería pasar a la UFIC Nº 8.

"Nuevamente, el gobierno de la provincia de Buenos Aires sorprende con su total impunidad y presenta un hecho bochornoso: un millonario negocio con un sobreprecio de 5 millones de pesos en la compra de colchones destinados a las superpobladas cárceles de la provincia de Buenos Aires, pagados un 82% más caros que los precios normales de mercado", sostuvo el diputado Horacio Piemonte, presidente del bloque del ARI de la provincia de Buenos Aires.


Los diputados presentaron en los tribunales una denuncia penal para determinar la responsabilidad de los funcionarios bonaerenses por "sobreprecios" pagados en la compra directa de 25 mil colchones y 25 mil almohadas para el servicio penitenciario. Se habría detectado que a fines de 2005 y durante el corriente año, el Poder Ejecutivo pagó un total de  $ 11.435.745.-, a razón de  $ 376,50 por cada colchón y $ 81,35 por almohada, lo que conformaba un precio final promedio de $ 457,85 por los dos productos. Los precios de plaza, a marzo de 2006, no superaban los $ 250.-, según pudo verificarse a través de cotizaciones pedidas en el mercado.


"La situación es un escándalo público ya que, aprovechando la emergencia, se pagaron 5 millones de pesos de sobreprecio. La justicia debe determinar la responsabilidad penal de aquellos que, amparándose en la función pública, la utilizan para hacer negocios en beneficio propio.", manifestó Walter Martello, diputado del ARI.

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Armando Maronese

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