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Escándalo institucional

Por Dr. Jorge Rizzo - 11 de Abril, 2006, 14:38, Categoría: Corrupción - Violencia

Escándalo Institucional provocado por el Ejecutivo y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que, arrogándose potestades que la Constitución Nacional no le ha conferido, ha creado un formidable negocio que puede extenderse hasta unos MIL MILLONES DE PESOS AL AÑO que, como siempre, terminará siendo soportando por toda la sociedad.

 

En efecto, a instancias de la dirigencia que conduce al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), la legislatura sancionó la ley 1181, que creó la Caja de Seguridad Social para Abogados de Bs.As. (CASSABA), por la que, todo honorario que perciba cualquier letrado y/o procurador por cualquier tarea relativa a su ciencia, en el ámbito de la Ciudad, deberá soportar una retención del 5% para la previsión social, sean estos judiciales, extrajudiciales y/o administrativos. Asimismo, el cliente debe pagar una sobretasa de justicia al iniciarse cualquier juicio y al finalizar, debe realizar una "contribución" obligatoria de entre el 0,5 y el 1%, (además de lo que deba abonarle a su abogado), siempre a favor de la caja lo que, evidentemente, produce un encarecimiento del acceso a la justicia.

 

Las previsiones de recaudación solo de esta caja, son del orden de unos $250.000.000 anuales, de acuerdo a los cálculos de su propio Directorio. Demás está decir que, luego del supuesto éxito con los abogados, ya hemos podido relevar que aguardan en la legislatura unos siete u ocho proyectos de ley para "otras" profesiones esperando para ser, primero "colegiadas" y, luego, también tener su propia caja (médicos, psicólogos, ingenieros, martilleros, periodistas y, cualquier otro tipo de arte, oficio o profesión que no se desempeñe en relación de dependencia). La proyección del negocio, entonces, supera claramente, los mil millones de pesos al año, tomando a todas esas profesiones en su conjunto, lo que beneficiará no solo a quienes "dirijan" esas cajas, sino también a las arcas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que será ente de contralor.

 

Se debe saber, que la Constitución Nacional veda a la Ciudad de Bs.As. la posibilidad de creación de cajas como CASSABA en el 2º párrafo del art. 125, cuando dice textualmente: "Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para empleados públicos y profesionales..." La diferencia semántica entre "crear" y "conservar" no resiste, siquiera, un mínimo análisis. De allí, que la Legislatura porteña ha transgredido "concientemente" los límites que la Constitución le impone, pero, como bien se sabe, en Argentina, la violación a la Ley Fundamental es el deporte nacional.

 

Todo ello nos llevó a, alrededor de 500 abogados, a presentar en el mes de noviembre de 2004 un petitorio para que no se aplicaran los efectos de la ley, ante el Ministerio de Trabajo, la CSJN, Presidencia de la Nación, Ministerio de Justicia, Jefatura de Gabinete, presidentes de bloques legislativos de ambas cámaras del Congreso, la Legislatura, la Jefatura de Gobierno, el CPACF, la propia CASSABA, e incluso, los jefes de bloque del ARI en el Congreso y la legislatura de la Ciudad, por citar solo algunos de sus destinatarios. Nadie ha contestado, siquiera por cortesía.

 

Consecuentemente, una cifra cercana de abogados promovimos acción judicial tendiente a lograr la inconstitucionalidad de la ley y, una declaración de un magistrado que determine que la legislatura carece de competencias para dictar normas con alcances federales, en orden a lo dispuesto por el segundo párrafo del art. 125 de la C.N. Esa acción tramita ante el Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 7, a cargo del Dr. Milano.

 

Sin perjuicio de ello, otros "personajes" se han sumado a este desaguisado. Por ejemplo, la CSJN, antes de contestar el petitorio que le remitiéramos, emitió las Acordadas 6 y 19/05 por la cuales ordenó a los magistrados nacionales y federales "efectuar el control de pago" de las retenciones mencionadas, con lo que los firmantes de la misma han caído en claro caso de "prejuzgamiento" por lo que, oportunamente, serán recusados por los firmantes de la demanda. Tampoco los señores ministros de la Corte han cumplido con la obligación taxativa que, hace casi 150 años le impone el art. 3º de la ley 27 por el cual, antes de aplicar cualquier norma DEBEN REALIZAR EL CORRESPONDIENTE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD, es decir, si la ley a aplicar, se ajusta o no a los dictados de la Ley Fundamental. La Corte ha "olvidado", entonces, tamaña obligación.

 

Pero el escándalo no tiene final. A finales de febrero de 2005, la propia CASSABA "autorreglamentó" la ley 1181, a pesar que es potestad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo la "reglamentación de las leyes" (en este caso, habría correspondido al Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires). 

 

Una vez "autorreglamentada", sus dirigentes se hicieron presentes ante el Boletín Oficial (B.O.) de la Ciudad, a efectos que se realice su publicación, pero recibieron un lógico y rotundo "NO", por cuanto la CASSABA carece de la potestad de autorreglamentar leyes.

 

Con el objeto de neutralizar esa negativa de naturaleza constitucional, en la sección avisos oficiales del Boletín Oficial, pero DE LA NACIÓN (25 de agosto, Año CXIII Nº 30.274) apareció, sorpresivamente, publicada (páginas 60/65), esa autorreglamentación. Consultado por estos letrados mediante nota de estilo, el Director Nacional del Registro Oficial, Jorge E. Feijoo, se limitó a dar una serie de evasivas e inconsistencias que no pudieron justificar semejante "desprolijidad".

 

Si la ley (suponiendo por un instante que fuera constitucional), fue sancionada por la legislatura de la Ciudad, promulgada por el Jefe de Gobierno y publicada en el B.O. de la Ciudad ¿cómo es que ahora su reglamentación es publicada en el B.O. DE LA NACIÓN y no en el de la Ciudad?

 

Todas estas "anomalías" llevaron a que los abogados suframos en muchos casos "dobles imposiciones", por ejemplo, si litigamos en territorio de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal; en esos casos debemos soportar que se efectúen retenciones tanto para la Caja de la Provincia como para la CASSABA SIN QUE SE UNIFIQUE EL BENEFICIO EN UNA MISMA CUENTA (más allá que desde la CASSABA y el CPACF se mintió descaradamente sobre la existencia de un convenio de reciprocidad con la provincial que no existía, no existe ni existirá, en palabras textuales del presidente de la primera).

 

CASSABA no es más que una cabeza de playa en procura de la regulación de todas las profesiones  y las futuras "cajas". Ha sido un nuevo descubrimiento para la generación de "recursos" frescos, cuya recaudación acabará siendo sufrida por el bolsillo de toda la sociedad,  y sin perjuicio de estarse concediendo impunemente a la legislatura de "República de Cromañón" la posibilidad de convertirse en un monstruo sin limitaciones, ni siquiera aquellas que la propia Constitución Nacional le impone.

 

La presente es un mero resumen, comprensible para cualquier demócrata comprometido con las Instituciones de la República, sobre la acuciante situación que atravesamos los abogados y que por los notables intereses económicos y políticos que giran en derredor al tema, no ha salido a la luz  de la opinión pública de buena voluntad.

 

Se trata de un escándalo institucional. Deben las fuerzas democráticas nacionales tomar conciencia de que, si los abogados somos sorteados, caerá la "última barrera defensiva" e irán, como siempre, por todos los demás, por todo el resto de trabajadores independientes de la Capital Federal. Por ello, es obligación conocerlo, entenderlo y, sobre todo, acompañarnos para evitar una nueva violación de nuestra Ley Fundamental. No estamos frente a un "tema menor".

 

A su disposición para cualquier explicación más detallada o bien, la exhibición de nuestras presentaciones y, agradeciendo su seguro interés, la saludamos con la más distinguida de las consideraciones.   

 

  

 

P/"Gente de Derecho"

Dr. Jorge Rizzo

(15) 4936-5526

info@gentedederecho.com

www.gentedederecho.com

 

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