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Así se compran votos y lealtades

Por Armando Maronese - 6 de Abril, 2006, 22:21, Categoría: Los Kirchner .Tiranías fascistas.

Kirchner gasta $ 25.000 millones en subsidios

El silencio de los empresarios, políticos y hasta periodistas alrededor de los aprietes y amenazas de la Casa Rosada tiene tres orígenes: quienes callan porque no tienen defensa para sus argumentos; quienes se mantienen mudos porque pueden perder demasiado si protestan; y quienes mantienen la "boca cerrada" porque son socios del Gobierno en algunos negocios.

Según el Presupuesto Nacional, por cada $ 5 que recaudará la AFIP en 2006, $ 1 irá a manos privadas a través de subsidios directos o indirectos. El monto es importante, si se considera que la relación es de $ 5 a $ 0,70 en gasto social o de $ 5 a $ 2 para las provincias para gasto político. En 3 años ha entregado cerca de $ 40.000 millones en subsidios, de acuerdo a investigaciones realizadas.

Una situación compleja

Néstor Kirchner está por cumplir su 3er. año de gobierno con un resultado infrecuente en la Argentina: tres años consecutivos de superávit fiscal. Nadie puede ignorar el notable éxito obtenido por Alberto Abad recaudando ingresos en la Administración Federal de Ingresos Públicos. El resultado ha sido tan abrumador que el superávit ocurre pese a que también se cumplió uno de los objetivos de los grupos empresarios y sociopolíticos pro-devaluación, en 2002: que el Estado volviera a dar subsidios. Y en 3 años la Casa Rosada ya habría entregado subsidios y desgravaciones impositivas por casi $ 40.000 millones, una cantidad de dinero cuatro veces mayor que la destinada al gasto social.


De acuerdo al Presupuesto 2006, el sector privado recibirá este año descuentos impositivos por $ 13.000 millones, subsidios directos por $ 10.000 millones, y una distribución desde los fondos fiduciarios por $ 1.200 millones. Son casi $ 25.000 millones en el año, que se suman a las diferentes partidas destinadas a asistencia social que provienen de los ministerios de Desarrollo Social, de Salud Pública y Jefatura del Gabinete de Ministros.


El monto de subsidios implica que por cada $ 5 que recaudará el Estado Nacional, $ 1 volverá a manos de un contribuyente privado o de una empresa estatal, que sumado a otro $ 1 que se gastará en obras públicas contratadas a empresas, resulta en una devolución de 40% del dinero que obtiene el Fisco del contribuyente; el problema es que ese dinero se asigna a muy pocos; la concentración del ingreso es la característica de estos tiempos, y coincide con una compleja verificación de la distribución de esa riqueza.


El proceso –que ha merecido muchas menos investigaciones que las que merecía-, implica un gigantesco proceso de redistribución regresiva del ingreso nacional que provoca que el público, el trabajador y las pymes, destinen enormes inyecciones de dinero para las grandes empresas, por decisión de la Casa Rosada, merced al tráfico de influencias.

El reparto de prebendas y subsidios, ocurre en un país donde las empresas pagan todos los años cerca de $ 20.000 millones en exceso, por la prohibición gubernamental de aplicar el ajuste por inflación a sus activos sobrevaluados o donde los consumidores aportan, también en exceso, debido a la inflación $ 5.000 millones más que en 2005.


De esta forma, tenemos un Estado generoso para con un grupo muy selecto de influyentes, pero también un Estado muy exigente con la mayoría de quienes no son los elegidos.

Mientras que el 40% de las empresas no paga ningún tipo de impuesto, la mayoría es gravada con una tasa de presión fiscal cercana al 50% de sus ingresos.


Por su parte, un trabajador que gane más de $ 1.800.- mensuales, debe destinar cuatro meses de trabajo para pagar todos sus impuestos del año.


Peor es el panorama si tenemos en cuenta ciertas denuncias acerca de que una cifra incierta, estimada en entre 10% y 20% de los subsidios, retornan a los funcionarios que los otorgan bajo la forma de coimas, lo que implica una devolución de favores por montos que rondan entre $ 2.500 millones y $ 5.000 millones.


Esto también explica la cantidad de ventanillas que se abren desde el Estado para conceder subsidios: la atomización asegura la falta de control o auditoría.


En la actualidad, gran parte del dinero que distribuye el Estado en subsidios, es consecuencia de la recaudación del cobro de derechos a los exportadores, del impuesto a los débitos bancarios y de Ganancias. Entonces, la generosidad de la Casa Rosada la pagan las empresas y los exportadores agropecuarios.


Hay que recordar que, cada año, el 25% del Producto Bruto Interno argentino se lo lleva el Estado Nacional a través de la recaudación impositiva y, semejante estimación, no considera a las sucesivas operaciones que realizan las provincias y los municipios con sus propias estructuras fiscales, lo que hace más gravosa toda actividad de los comercios y empresas, que terminan incrementando sus márgenes de utilidad para costear esos gastos. En consecuencia, todo lo termina pagando el consumidor final.


La kermese

Algunos afirman que todo impuesto es distorsivo, pero es un grave error conceptual. Hay impuestos que es lógico que los cobre el Estado como contraprestación de determinados servicios que presta a la comunidad. En cambio hay otros gravámenes, aplicados sin contrapartida por el Estado y que solamente obstaculiza la actividad económica y encarece el giro de los contribuyentes. Son distorsivos propiamente dichos. Caso típico: el impuesto inmobiliario. Este impuesto fue digitado por Perón como impuesto de emergencia y con un período máximo de un año. Todavía lo estamos pagando.


Con el producido por estos tributos, el Estado financia a actividades que no invierten lo necesario, por conveniencias políticas. Algunos ejemplos que figuran en el Presupuesto 2006:

* Promoción Industrial: $ 506,7 millones.


* Promoción no Industrial: $ 13,1 millones.


* Diferimientos (netos): $ 24,3 millones.


* Promoción de la Actividad Minera: $ 462 millones.


* Régimen de Inversión en Bienes de Capital Nuevos: $ 1.200 millones.


* Devolución de IVA por compras de Bienes de Capital: $ 500 millones.


* Fomento de la Educación Técnica: $ 18 millones.


* Inversión en Obras de Infraestructura: $ 300 millones.


* Promoción para Tierra del Fuego: $ 1.140 millones.


* Reembolsos Exportaciones de Puertos Patagónicos: $ 37,1 millones.


* Reintegro por venta de Bienes de Capital Nacional: $ 45,4 millones.


* Promoción y Fomento de la Investigación en el Desarrollo Científico y Tecnológico: $

0 millones.


* Inversión para Bosques Cultivados: $ 21,8 millones.


* Promoción para Pymes: $ 35 millones.


Entonces, en el texto del Presupuesto se oculta una kermese: desde promociones que vienen del 3er. gobierno de Juan Domingo Perón y el Proceso de Reorganización Nacional (el Acta de Reparación Histórica para las provincias de San Luis, La Rioja, Catamarca y San Juan) o la promoción para Tierra del Fuego, que provocó decenas de maniobras fraudulentas; pasando por fomento al sector minero, pese a que esos commodities gozan de los mejores precios de las materias primas en los últimos 50 años; y además acceden a varias devoluciones fiscales.


Parece increíble que una administración como la de Néstor Kirchner, que levanta la bandera de haber provocado el aumento de 35% en el PBI en tres años, y que asegura que ayudó a crear 3 millones de puestos de trabajos, financie sistemas o mecanismos de promoción de sectores industriales cuyo impacto no genera beneficio alguno a la economía.

Por ejemplo, el auge de Tierra del Fuego lo provoca el turismo, no la promoción industrial; ni hablar de la forestación financiada para que las fábricas de pasta celulósica se instalen en Uruguay, y la promoción de la exportación desde puertos patagónicos que beneficia a tres sectores que son tan rentables que no precisan de promoción: petróleo, pesca y aluminio.


Hasta ahora, no hay una investigación seria que precise el verdadero impacto de las promociones fiscales en la Argentina; muchos economistas afirman que los resultados pueden ser sorprendentes: desde las ensambladoras de San Luis pasando por un Instituto Nacional de Vitivinicultura que mantuvo ahogado al sector productivo, abundan los fracasos en las décadas del ´70 y del ´80 en la historia económica doméstica.


Gasto social y desgravación impositiva

El gobierno de Néstor Kirchner estableció un prolijo entramado burocrático y político para administrar el gasto social, y destinarlo a financiar el aparato electoral de la Casa Rosada, tal como quedó en evidencia durante las elecciones de octubre pasado.


Según el Presupuesto 2006, la Casa Rosada tendrá posibilidades de satisfacer algunas de las necesidades de casi 2,5 millones de ciudadanos, a través de diferentes canales.


En el fondo, no importa el nombre, son subsidios que, en muchos casos, padecen de una superposición de beneficiarios, pero por canales distintos.


Los programas vigentes son los siguientes:


* Plan Jefes y Jefas, casi 1.500.000 beneficiarios y 2.660 millones de pesos.


* Pensiones no contributivas, casi 102.000 personas con pensión a la vejez, 132.000 pensiones concedidas por legisladores nacionales (¡casi 200 por legislador!!!) y 139.000 por invalidez que suman $ 1.600 millones.


* Plan Familias con 420.000 mujeres beneficiadas y 688 millones de pesos.


* Programas Especiales con otros 150.000 beneficiados con $ 500 millones.


* Programa Acciones de Empleo por $ 400 millones.


* Pensiones para ex combatientes de Malvinas por $ 315 millones.


* Subsidio para casi 1,6 millón de jubilados en sus tarifas de servicios públicos que van a las privatizadas por $ 255 millones.


Sin embargo, las mayores distorsiones se observan en sectores productivos, los servicios, las privatizadas o los servicios públicos.


Casi todos ellos no fueron generados por el gobierno de Néstor Kirchner, y fueron provocados por la obstinación de no modificar las tarifas de los servicios públicos privatizados como el gas o el servicio eléctrico por un lado, o de otro tipo de servicios públicos como los colectivos, todo sin olvidar las medidas tomadas para evitar la crisis energética. Por ejemplo:


* Para la importación de gasoil para generar luz se pautaron $ 802 millones, en tanto que para la inversiones energéticas se destinarían otros $ 430 millones.


* Descuentos sobre los combustibles para la Patagonia: $ 1.000 millones.


* Subsidios para empresas públicas de servicios que dan pérdidas (como algunas centrales de energía o Enarsa) $ 525 millones.


* Subsidios para Trenes y Colectivos: $ 600 millones (suman también planes de inversión subvencionados).


* Transporte de Pasajeros (por boletos que el gobierno se obstina en no aumentar desde hace 12 años): $ 400 millones.


* Para pagar cuotas del Plan Canje automotriz que llevó a cabo Fernando de la Rúa, a pesar de que el sector fue uno de los que más creció y ganó en 2005, $ 115 millones.


La gran fiesta fiscal

Pero los casos más curiosos, son aquellos de sectores que están desgravados, por lo cual el Estado renuncia a recaudar diferentes montos de impuestos.


Una lectura rápida permite identificar beneficios a los sectores que más han crecido en los últimos tres años como el mercado impresor, los diarios o el sector financiero:


* No recaudación por desgravación de IVA a diarios o libros, a pesar de que el sector está trabajando al 90% de su capacidad instalada, según destaca el propio INDEC, hay presupuestados $ 500 millones.


* Los beneficios fiscales a la renta financiera, le prohíben al Estado Nacional recaudar cerca de $ 780 millones (a pesar de que los bancos ya tienen resultados positivos en sus balances desde hace seis meses).


* Los servicios no pagan IVA, lo que implica renunciar a casi $ 325 millones.


* Reducción de IVA para Prepagas por $ 300 millones.


* La construcción de viviendas cuenta con desgravaciones por cerca de $ 300 millones que no ingresarán a las arcas nacionales.


* Las devoluciones de IVA por el pago con tarjeta, también le quitan al Estado una recaudación potencial de casi $ 600 millones.


Según informó el propio Ministerio de Economía, desde 2004 el Estado Nacional ha dejado de recaudar cerca de $ 35.000 millones (incluyendo el estimado para el año 2006) entre los que cuentan $ 2.700 millones en Impuesto a las Ganancias, $ 7.300 millones de IVA, $ 1.300 millones en contribuciones patronales, $ 750 millones en comercio exterior y $ 125 millones en Bienes Personales.


El monto previsto de desgravación para el año 2006 (casi $ 13.400 millones de pesos) representa a casi 3 puntos del Producto Bruto Interno, el equivalente a un mes completo de excelente recaudación de la AFIP, o 2 veces el dinero que el Estado Nacional distribuirá en gasto social a nivel nacional.


¿Se puede dar el lujo la Argentina de desgravar o dar ventajas fiscales a ciertos sectores por $ 34.000 millones cuando tenemos 40% de pobres y el monto de perdón fiscal implica casi 2 veces el gasto social entre 2004 y 2006? Aunque parezca increíble, por cada $ 2 desgravados se da uno de asistencia social.


La gran Felisa

Pero como hemos visto durante muchos años, cada ministro de Economía viene con su libro bajo el brazo.


En el caso de Felisa Miceli se facilitó el desembarco en el Palacio de Hacienda, con un programa de $ 4.500 millones de préstamos otorgados por el Banco Nación que le dará aire hasta casi fines del presente año.


Mientras tanto y a pedido de uno de los hombres más cercanos al presidente, Julio De Vido, y la Casa Rosada, Miceli firmó el Plan de Inversiones públicas por $ 22.000 millones para los próximos 3 años, que podría ser ampliado, dado que para este año el programa tiene obras propuestas por $ 4.000 millones y $ 6.637 millones de transferencia de capital.

De esta forma, por dos caminos, Felisa Miceli se asegura inversiones por casi $ 30.000 millones, 25% del total de inversión que requerirá la economía argentina en el actual año.

Poco importa que se usen dineros públicos, poco importa que creen pocos puestos de trabajo, poco importa que tengan verdadero valor para la economía, son buenas para las estadísticas.

Así que recuerde: cuando pague sus impuestos la próxima vez sonría, ese dinero será usado por un funcionario público para perpetuarse en el Poder o para repartirlo entre amigos que, casi siempre, devuelven una parte al funcionario que firma el decreto.

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Armando Maronese

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