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Alumnos indocumentados

Por Armando Maronese - 3 de Diciembre, 2005, 19:43, Categoría: Opinión

La posesión de documentos que certifiquen la identidad de las personas, es una obligación legal para adultos y menores.

El trámite de obtención ante el Registro Nacional de las Personas (Renaper), tiene su inicio con la partida de nacimiento y luego debe actualizarse a los 8 y a los 16 años. La falta del documento de identidad obstaculiza tempranamente el desarrollo de una actividad tan fundamental como la escolaridad.

Si esa certificación importa mucho a cada individuo, la existencia de miles de indocumentados origina un severo problema en diversos sentidos para el ordenamiento de la administración pública. Esta realidad se fue haciendo patente en los niveles de la educación general básica. Las cifras de las que informa la provincia de Buenos Aires, demuestran la vastedad de la cuestión, ya que el relevamiento emprendido por la Dirección de Psicología y Asistencia Social en esa jurisdicción ha permitido saber que en las escuelas de ese territorio hay 72.714 alumnos sin la documentación obligatoria.

Esta anómala situación no debería tener vigencia, puesto que al inscribir a los menores los padres deberían haber presentado el documento de identidad. Sin embargo, la reiteración de esa carencia y el afán de no postergar el derecho a la educación, entendido como cuestión prioritaria, llevó a admitir la inscripción de esos alumnos, aunque fuese en términos provisionales.

El camino para salvar una irregularidad tan significativa, fue instrumentar los medios para que el alumno indocumentado cumpliese el trámite en la escuela misma. A ese efecto, se otorgaron las mayores facilidades: los adultos responsables del menor fueron eximidos de presentarse y de abonar la tasa correspondiente, cuando el director de la escuela lo justificara.

Desde luego, el problema no concluyó ahí, porque existen otras dificultades por superar. Por ejemplo, chicos que carecen de la partida de nacimiento porque nunca la tramitaron o la han perdido. Algo más complica la solución: en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 16.000 escuelas. Tanto por la densidad de población de algunos distritos como por las distancias que median entre las escuelas y los registros civiles, la tarea reclama la colaboración de municipios y centros de gestión porque las posibilidades de traslado de las comisiones del Renaper están superadas.

En suma, la tarea referida en todo el territorio de la República es compleja y reclama la cooperación de otros organismos. La flexibilidad acordada por las escuelas es razonable, pero exige como contrapartida el mayor compromiso de los adultos responsables de los menores, para que se cumplan las previsiones legales. Cuando esto no ocurre, es elemental suponer que existen situaciones clandestinas o ilegales que requieren otro tipo de acciones para clarificar.

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Armando Maronese

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