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El gobierno de Bush dividido por el trato a los prisioneros

Por Armando Maronese - 4 de Noviembre, 2005, 0:13, Categoría: EE.UU. y sus acciones

El gobierno de Bush, está envuelto en un profundo debate interno sobre si se debería adoptar el lenguaje de la Convención de Ginebra -que prohíbe todo tratamiento "cruel", "humillante" y "degradante"-, en una nueva serie de normas del Departamento de Defensa para tratar a los sospechosos de terrorismo.

Según funcionarios del gobierno, los partidarios de ese criterio -entre los que figuran algunos funcionarios de los departamentos de Estado y de Defensa, y veteranos abogados militares-, sostienen que acercar al derecho internacional las políticas militares sobre prisioneros, impediría nuevos abusos y generaría respaldo en el extranjero para la lucha contra los extremistas islámicos.

Quienes se oponen -incluidos ciertos colaboradores del vicepresidente, Dick Cheney, y algunos altos funcionarios del Pentágono-, argumentan que el lenguaje propuesto es vago, ataría las manos del gobierno en la lucha contra el terrorismo y aun así no complacería a los críticos de Estados Unidos.

El debate ha demorado la publicación de una segunda importante directiva del Pentágono sobre interrogatorios, junto con un nuevo manual de interrogación del ejército que está casi listo, indicaron oficiales militares.

También acentúa una lucha más amplia entre altos funcionarios respecto de si se deben moderar o no las políticas de detención, que han provocado rechazo incluso de países estrechamente aliados a Estados Unidos.

Desde que comenzó el segundo mandato de Bush, según varios funcionarios, las fracciones dentro del gobierno norteamericano se han enfrentado por la revisión de las normas para los tribunales militares en Guantánamo (Cuba), la transferencia de algunos prisioneros encerrados allí y aspectos de las operaciones norteamericanas de detención en Afganistán e Irak.

"Todo remite a la pregunta sobre cómo quiere uno librar la guerra contra el terrorismo -afirmó un alto funcionario que promovió cambios-. Pensamos que se logra el mayor éxito al respecto si se forman alianzas."

El documento en discusión, conocido como la directiva 23.10 del Departamento de Defensa, incluiría en gran medida las orientaciones del secretario de Defensa, Donald H. Rumsfeld; si bien no enunciaría técnicas específicas de detención e interrogación, según los funcionarios, esos procedimientos tendrían que adaptarse a los criterios del Pentágono. No abarcaría el tratamiento de los prisioneros detenidos por la CIA.

El debate interno sobre la directiva del Pentágono, surge más de tres años después de que el presidente Bush decidió que la Convención de Ginebra no se adecuaba a la lucha contra el terrorismo. Refleja una controversia pública entre el gobierno de Bush y el senador republicano por Arizona, John McCain, que por separado presiona legislativamente para prohibir "el tratamiento cruel, inhumano, o degradante" de cualquier detenido bajo custodia de Estados Unidos.

Un protagonista estelar en el debate sobre la directiva 23.10, es David S. Addington, que se desempeñó como asesor del vicepresidente Cheney hasta que fue designado el lunes pasado para reemplazar a Lewis Libby como jefe de colaboradores de Cheney. Según varios funcionarios, Addington atacó verbalmente a un asesor del Pentágono convocado para informarles tanto a él como a Libby acerca del documento preliminar, objetando el uso del lenguaje extraído del artículo 3 de la Convención de Ginebra.

El caso Abu Ghraib

Bryan Whitman, un vocero del Departamento de Defensa, confirmó que funcionarios del Pentágono estaban revisando cuatro documentos importantes, incluyendo dos directivas de altas esferas sobre interrogatorios y operaciones de detención, y sobre el manual de interrogación del ejército, como parte de su respuesta a las 12 importantes investigaciones y revisiones de políticas, tras el escándalo por los abusos en la prisión de Abu Ghraib.

Las políticas oficiales sobre detención, interrogación y procesamiento de sospechosos de terrorismo, vienen provocando desde hace mucho fricciones dentro del gobierno. Incluso algunos partidarios de esas políticas, han reconocido que las tensiones provienen en parte de la manera en que fueron impulsadas, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, por un puñado de abogados del gobierno que pasaron por alto la opinión de especialistas en derecho internacional, abogados militares, e incluso algunos funcionarios del gabinete que podrían haberlas objetado.

Muchos funcionarios señalaron que Addington, que ayudó a armar la estructura legal después del 11 de septiembre de 2001, sigue siendo un baluarte en el apoyo de esas políticas. Sin embargo, la política interna de esas cuestiones comenzó a cambiar en el segundo mandato de Bush.

Varios arquitectos de las políticas originales se fueron del gobierno. Y algunos otros altos funcionarios, que pusieron en tela de juicio aspectos de esas políticas con limitado éxito, han llegado a tener una voz más potente en nuevos cargos. "Los resultados podrían no ser muy distintos, pero las discusiones han cambiado, y habrá más todavía", dijo un veterano abogado militar.

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AM

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De The New York Times

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