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Ordenó la justicia española la captura internacional de tres soldados de EE.UU.

Por Armando Maronese - 25 de Octubre, 2005, 20:51, Categoría: EE.UU. y sus acciones

Es una decisión que ya comienza a generar controversia. La justicia española ordenó la búsqueda, captura y detención internacional de tres militares norteamericanos -a efectos de pedir la extradición-, supuestamente implicados en la muerte del periodista español José Couso, el 8 de abril de 2003, en el Hotel Palestina, de Bagdad.

 

El periodista, de 37 años, trabajaba para la cadena privada española Telecinco y murió cuando un tanque norteamericano disparó contra el hotel en el que se alojaba gran parte de la prensa internacional que cubría la guerra. De hecho, en el ataque también murió el periodista de la agencia británica Reuters Taras Protsyuk.

 

En la notificación, el juez de la Audiencia Nacional española Santiago Pedraz, explicó que ésta es "la única medida efectiva para asegurar la presencia de los imputados en el proceso a disposición de la autoridad judicial española, a la vista de la nula cooperación judicial prestada por las autoridades estadounidenses para el esclarecimiento de los hechos".

 

En este sentido, Pedraz recordó que había cursado dos pedidos de ayuda judicial a Estados Unidos, uno el 21 de abril de 2004, en el que solicitó documentación, y otro el 6 de junio pasado, en el que pidió que se tomara declaración a los militares imputados "o bien que se autorizara el desplazamiento de una comisión judicial española hasta territorio estadounidense para la ejecución de esas declaraciones".

 

"Hasta la fecha no se ha recibido respuesta de la autoridad requerida sobre el cumplimiento de ambas solicitudes de auxilio", señaló la resolución, que desató todo tipo de reacciones, tanto en España como en Estados Unidos.

 

Los militares reclamados son, el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford, responsable de la unidad de blindados que disparó contra el Hotel Palestina, y el teniente coronel Philip De Camp, al mando del regimiento al que pertenecían los blindados.

 

Gibson fue quien abrió fuego, después de advertir que alguien los observaba con largavistas desde el hotel. En declaraciones a la cadena española Telecinco, un mes después del ataque, el propio sargento dijo: "No disparé inmediatamente sobre él. Llamé a mis jefes y les dije lo que había visto. Diez minutos después me llamaron y me dijeron que disparara sobre él, y eso hice".

 

El juez Pedraz les imputó en junio pasado, un delito contra la comunidad internacional tipificado en el artículo 611.1 del Código Penal, que comete quien "con ocasión de un conflicto armado, realice u ordene realizar ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias o actos de amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizarla".

 

Tras conocerse la notificación judicial, la abogada de la familia Couso, Pilar Hermoso, saludó ayer la decisión del magistrado, a la que calificó de "histórica". Sin embargo, recordó que Estados Unidos no extradita a sus ciudadanos, por lo que los tres militares reclamados posiblemente no podrán ser detenidos mientras no abandonen su país.

 

Más aún, se espera que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurra la orden de detención y pida que la resolución quede sin efecto. En este sentido, el fiscal general del Estado español, Cándido Conde-Pumpido, alegaría falta de jurisdicción, de competencia y de "título extradicional" para pedir la revocación del auto notificado por Pedraz.

 

Fuentes de la Fiscalía explicaron que el juez carece de competencia para investigar la muerte de un ciudadano español "producida en el ámbito de un conflicto bélico", y añadieron que no existe ningún delito de persecución internacional sobre el que sustentar la orden de detención.

 

"Buena relación"

 

Por su parte, el gobierno español hizo saber que "acoge con prudencia y respeto" la orden de captura internacional contra los oficiales norteamericanos, y descartó que esta decisión pueda tensar las relaciones entre ambos países. "Tenemos una buena relación con Estados Unidos y la cooperación judicial funciona", dijo el ministro de Justicia español, Juan Fernando López Aguilar.

 

En tanto, el gobierno de Washington informó ayer que no había recibido "ninguna notificación oficial" de la orden judicial, según declaraciones de un vocero del Departamento de Justicia. Una vez que España comunique a Estados Unidos la decisión judicial, "daremos los pasos y tomaremos las acciones apropiadas", dijo la fuente. "En estos momentos no puedo hacer especulaciones", añadió en alusión a la posible respuesta de su gobierno.

 

A su vez, al comentar la decisión judicial, el Pentágono afirmó ayer que "no hubo culpa ni negligencia" de parte de las fuerzas de ocupación en Irak. Ya en su informe sobre el ataque, el Pentágono indicó en noviembre de 2004 que sus fuerzas actuaron correctamente al abrir fuego, por suponer que en las ventanas del hotel se apostaba un enemigo.

 

Tras asumir el cargo en abril de 2004, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ordenó la retirada de las tropas españolas en Irak enviadas por su antecesor, José María Aznar, lo que hizo que se resintieran las relaciones entre Madrid y Washington.

 

Para Amnistía Internacional, la orden de detención es un "nuevo impulso" al concepto de justicia universal para España, mientras Reporteros Sin Fronteras la consideró un "avance" de "efectos políticos importantes".

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