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Ética pública y omisiones legislativas

Por Armando Maronese - 15 de Octubre, 2005, 2:33, Categoría: Opinión

Luego de la reforma de 1994, la Constitución nacional incorporó la denominada cláusula de defensa de la democracia, con el fin de velar por la no repetición de actos que puedan atentar contra el orden institucional y el sistema democrático, a cuyos efectos define una serie de normas y sanciones contra quienes sean sus autores.

 

Asimismo, equipara dicho régimen con ciertos actos graves de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Por último, en ese mismo orden de ideas, le exige al Congreso la sanción de una ley de ética pública. Se trata de una norma que cobra en la actualidad gran trascendencia e importancia para luchar contra el nocivo fenómeno de la corrupción, que tanto afecta a nuestras instituciones.

 

Cumpliendo con el mandato constitucional, se dictó en 1999 la ley de ética en el ejercicio de la función pública, cuyo frondoso articulado contempla los deberes y pautas de comportamiento ético a los que están obligados los sujetos comprendidos, el régimen de declaraciones juradas, las incompatibilidades y conflicto de intereses, entre otros importantes tópicos.

 

Nos interesa ahora destacar que la norma prevé la creación de la Comisión de Ética Pública en el Congreso de la Nación, como "órgano independiente" y con "autonomía funcional". Esa comisión debe integrarse con once miembros, "ciudadanos de reconocidos antecedentes y prestigio público, que no podrán pertenecer al ámbito que los designe". Su nombramiento proviene de diferentes sectores institucionales, comprometidos sobre todo con la función de control.

 

Lamentablemente, el poder normativo fracasa irremediablemente si no existe voluntad política para integrar los órganos que habrán de controlar su cumplimiento.

 

Así, han transcurrido casi seis años desde la vigencia de la ley y todavía no se ha constituido esta comisión, que deberá ser su autoridad de aplicación. Ésta grave omisión, de la que los dirigentes políticos no parecen hacerse cargo, tiene, a su vez, numerosas consecuencias que comprometen la lucha contra la corrupción. Impide, por ejemplo, que se pueda, en el marco formal previsto por el legislador, recibir denuncias, quejas y controlar lo relacionado con las declaraciones juradas; imposibilita, además, que se preste el asesoramiento sobre las materias de su competencia.

 

Otra nefasta consecuencia, tiene que ver con una obligación contenida en la mencionada ley que ya es de cumplimiento imposible, al menos en lo que se refiere al aspecto temporal. En efecto, esta comisión debería haber propuesto al Congreso de la Nación dentro de los 120 días de entrada en vigor de la ley, las modificaciones a la legislación vigente, destinada a garantizar la transparencia en el régimen de contrataciones del Estado y a perfeccionar el régimen de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.

 

En este momento se avanza en la integración de la comisión, paso crucial para la conformación de tan ansiada institución. Por ello, y teniendo en cuenta los antecedentes de lo ocurrido en otros órganos de control, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación por el riesgo de que se designen personas que no posean la necesaria independencia de criterio.

 

Si se apunta a fiscalizar aspectos tan importantes de la vida pública, esa condición es básica. Alcanzar ese objetivo será muy difícil si el integrante de la comisión proviene de los mismos organismos que deberá controlar y fiscalizar. En esta materia debe regir un principio de oro: debe imperar la total autonomía entre controlante y controlado; de lo contrario, se corre el riesgo de entrar en una trama de complicidades e inacción que, lejos de inspirar un auténtico cambio de conductas, generará una vez más el rechazo de la opinión pública, profundizándose aún más la desconfianza de la ciudadanía en su representación política.

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