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Con el monopolio del comercio exterior, 8 de 10

Por Armando Maronese - 2 de Octubre, 2005, 21:22, Categoría: Peronismo: régimen, caída e historia

Poco antes del comienzo de la gestión de Perón, el gobierno militar decidió monopolizar el comercio exterior, medida que sólo puede comprenderse debido a la experiencia de la guerra, con la que el comercio había tenido múltiples interferencias.

 

El comercio internacional había perdido su carácter multilateral desde las crisis de los 30 y la Segunda Guerra. Las negociaciones se hacían como parte de convenios bilaterales. A ellos, una vez terminada la guerra, se incorporaron países de Europa occidental, central y del Este, bajo el control soviético.

 

El Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI) fijaba un precio de compra a los productores y negociaba las cosechas en los mercados externos a otro precio. Los precios de los alimentos, entre 1946 y 1948, tuvieron un alza notable, debido al aumento de la demanda, con el fin de la guerra. El IAPI compró en el país a los productores a un precio inferior al que vendió.

 

La tendencia se revirtió luego debido a la reconstitución de la producción y a los envíos de alimentos subsidiados, y el IAPI tuvo pérdidas al haber comprado a un precio superior a aquel al que podía vender, al cambio oficial. Los productores recibían un subsidio por el precio doméstico más elevado, pero tenían una pérdida al liquidarse sus divisas al tipo oficial, notoriamente subvaluado.

 

La compra a los productores a un precio más bajo que el internacional, en un período de alza internacional de precios, evitó un gran impacto sobre los precios internos, lo que probablemente fue uno de los objetivos del gobierno. Pero el IAPI cumplió otras funciones.

 

El artículo 17 del decreto del presidente Farrell, de 1946, disponía que los recursos del IAPI se formarían con las diferencias entre la compra y la venta de divisas en sus operaciones con el exterior, para las que se le daba al Instituto el monopolio. No sólo se incluyeron los recursos provenientes de las operaciones de cambio, sino también los provenientes de las diferencias entre los precios de compra (locales) y los de venta (externos), para las exportaciones, y de compra (internacionales) y venta (locales), para las importaciones.

 

Por otro lado, el IAPI no sólo actuó en el mercado externo, sino que, en casos como el del trigo, también actuó en el mercado interno. Sus operaciones abarcaron entre el 60 y el 90% del valor de las exportaciones y debían rondar entre los 500 y los 700 millones de dólares.

 

Pero el IAPI no financió sus operaciones sólo con recursos propios, sino que lo hizo, en gran medida, con créditos de la banca oficial, del Banco Nación y del Banco de Crédito Industrial, redescontados por el Banco Central. Esta fue una fuente de recursos de enorme importancia, que le permitió al gobierno un amplísimo margen de discrecionalidad, ya que esos recursos no estaban sometidos al control del Congreso, en la votación del presupuesto y en la ejecución de los gastos en las cuentas de inversión.

 

Con ellos, el gobierno financió la nacionalización de servicios públicos, la compra de bienes de capital, de las empresas del Estado, los gastos corrientes del sector público, subsidios a las industrias (las más importantes, aceiteras y frigoríficos) y subsidios a la producción agrícola y ganadera, para mantener bajos los precios de los alimentos.

 

El Banco Central se convirtió en el principal instrumento para financiar los objetivos políticos. Aunque no fue el único, ya que deben añadirse los diferenciales de cambio y la deuda pública que se colocó en las cajas de previsión, fue, probablemente, el más importante.

 

Con creación de dinero, el Banco Central financió operaciones del IAPI, el rescate de las cédulas hipotecarias y el redescuento de la operación corriente del Banco Hipotecario, la compra de empresas de servicios públicos que se nacionalizaron, como la Unión Telefónica, y necesidades fiscales por montos muy significativos.

 

Con la nacionalización de los depósitos de los bancos comerciales que pasaron al Banco Central se reorientó el crédito por medio de los redescuentos. El dinero volvía a los bancos, aunque no necesariamente a éstos. Los oficiales recibieron la mayor parte de los redescuentos. El Banco Central pagaba a los depositantes el interés, pero a una tasa que, en términos reales, resultó negativa.

 

La Memoria del Banco de 1946 decía: "A través del redescuento de las carteras bancarias se pueden ahora regular eficientemente el volumen y la orientación del crédito, en la medida en que el desarrollo ordenado de la economía lo requiera". El crédito ayudó principalmente a los sectores público e industrial.

 

Durante todo el peronismo, esos créditos aparecieron en los activos de los bancos oficiales, y los redescuentos en el Central, aunque, de hecho, fueran incobrables. Así se lo reconoció en 1957, cuando se emitió un bono del gobierno para sustituir, en el Central, los créditos por redescuentos incobrables. Las deudas de los bancos por los redescuentos fueron condonadas contra la cesión de sus créditos a la entidad que debía liquidar el IAPI.

 

La deuda que asumió el Estado en 1957 no estuvo registrada en la Tesorería, ya que para los bancos eran deudas de organismos descentralizados (y de empresas y gobierno al IAPI) redescontadas por el Banco Central que, como no se recuperaron, o sólo muy parcialmente, fueron financiadas con emisión de dinero. Ese bono cubrió el déficit en el que en sus operaciones habían incurrido empresas y organismos descentralizados.

 

El déficit fue financiado con créditos que nunca se pagaron y para los que el Banco Central había emitido dinero.

 

Los montos anuales que no se registraron en el presupuesto ni en la cuenta de inversión, deberían agregarse al déficit anual del gobierno. La parte de la deuda de cada año que se incorporó al bono de saneamiento por $ 27.599 millones representó en 1949 un 32,5% del gasto público de ese año y un 4,5% del PBI; en 1950, un 3,1% del gasto y un 0,4% del PBI; en 1953, 1954 y 1955 volvió a alcanzar cifras muy considerables: 23,7%, 31,5% y 25% del gasto publico y 2,8%, 3,7% y 2,7% del PBI, respectivamente.

 

Esta deuda nominal que no estuvo registrada y que pasó a la Nación fue licuada por la inflación.

 

El bono de saneamiento fue de $ 27.6 mil millones, mientras que si se hubieran mantenido las deudas en dinero constante habría sido de $ 73.7 mil millones, lo que implica que la inflación licuó deuda del gobierno por $ 46 mil millones.

 

Por suponer que no había en el sector privado capitales suficientes para obras de gran envergadura, o porque se trataba de sectores estratégicos, el gobierno se hizo cargo de un gran número de empresas, algunas existentes, como YPF; otras que fueron nacionalizadas, como las de trenes (faltando sólo un año para que pasaran a manos nacionales), teléfonos, marina mercante y energía, y otras que fueron deliberadamente creadas, como Aerolíneas, Somisa, YCF, etc. Se abarcó a las empresas de servicios públicos, pero también a las actividades extractivas e industriales.

 

Las empresas del Estado, por el volumen de su facturación, estuvieron entre las más importantes del país. Se supone que una empresa pública debería gestionarse del mismo modo que una privada, con el objetivo de maximizar sus beneficios. No fue así en el gobierno peronista porque no siempre se asignaron a las empresas estatales los objetivos de producción de bienes y servicios, sino que les fueron impuestos otros: dar empleo, subsidiar el consumo vendiendo a precios menores a sus costos, etc.

 

También fueron distintos el financiamiento y los riesgos. Si las empresas estatales tenían déficit, recurrían al gobierno y no eran declaradas en quiebra. Con mecanismos tan confusos y complejos, la utilización de estas empresas para dar favores políticos y la corrupción en su gestión fueron bastante generalizados. Algunas empresas compraban a otras empresas estatales insumos a precios mayores que los del mercado. Así, no es difícil comprender que los resultados fueran muchas veces negativos. En gran medida, los déficit fueron financiados con créditos bancarios que redescontaba el Banco Central.

 

Otra forma en que el Estado intervino en la economía, causando enormes distorsiones y transferencias de ingresos, fue el control de precios, que se puso en funcionamiento en 1939, al estallar la guerra, en previsión de la escasez de abastecimientos, y que fue reiterado en 1946 y mantenido en adelante cuando ya no existía ninguna emergencia.

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