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Adopción por parejas homosexuales

Por Armando Maronese - 24 de Septiembre, 2005, 2:46, Categoría: Opinión

La aspiración de ciertas parejas, formadas por personas homosexuales, de que se les reconozca la aptitud legal para adoptar hijos sigue generando controversias.

 

Como se ha dicho muchas veces, el matrimonio es una institución que nace de la naturaleza y que está destinada a unir a la mujer con el varón para la realización del amor mutuo, para la consecución de los fines personales de los esposos y para la procreación y educación de los hijos. A partir de esa definición, he sostenido en reiteradas oportunidades que las uniones de dos personas del mismo sexo, aunque fundadas en una opción personal que debe ser respetada, no pueden constituir un matrimonio. Reconocer esa verdad no es practicar una discriminación, pues es la naturaleza -no la ley- la que se opone a que esa unión sea asimilada al matrimonio.

 

Debe reconocerse la buena voluntad de las parejas de homosexuales que aspiran a tramitar la adopción de un hijo. Cuando dos personas dispuestas a constituir una familia, más allá de que pertenezcan al mismo sexo, intentan adoptar una criatura -con todos los sacrificios que supone la crianza de un hijo-, están poniendo de manifiesto el deseo de volcarse a un loable propósito.

 

Adoptar un hijo no es tarea sencilla: exige afrontar gastos y hasta privaciones, tanto en el orden material como en el espiritual, que no pueden ser desconocidos. Basta con tener en cuenta que sumar un hijo al grupo familiar supone destinar un cuarto de la casa para él, asumir compromisos de orden moral, social y económico significativos y tomar a cargo -en suma-, responsabilidades que van a alterar por completo la rutina cotidiana de la pareja que toma esa decisión. En tal sentido, resulta muy destacable que nada menos que 600 matrimonios o parejas decididas a casarse, se hayan postulado en estos días para adoptar a una niña de tres años y a su hermanita de un año y medio que sufre una miocardiopatía aguda, que al nacer fueron abandonadas por su madre.

 

Por lo tanto, de ningún modo puede recibirse con expresiones desdeñosas o de rechazo airado el deseo de los homosexuales de convertirse en padres adoptivos. Es necesario evitar argumentaciones o razonamientos que puedan resultar agraviantes para quienes -hay que insistir en esto-, abrigan una aspiración tan generosa y respetable como es la de adoptar un hijo.

 

El problema de fondo, reside en que la adopción no es una institución creada para llenar vacíos o para satisfacer la aspiración de una pareja, por respetable y digno que sea ese sentimiento. La adopción está instituida para servir al presumible interés del niño o menor que la familia quiere incorporar a su seno. Y, desde ese punto de vista, son claras las razones que hacen desaconsejable la incorporación de ese niño o menor a un hogar formado por homosexuales: no puede ignorarse que la existencia de esa clase de familias, está lejos de gozar de una plena aceptación social o de suscitar un mínimo consenso en la comunidad.

 

La opción de una persona adulta que se inclina hacia la homosexualidad debe ser, por supuesto, respetada. Pero un niño o menor tiene derecho a una educación que de ninguna manera comprometa de antemano su porvenir o su libertad de elegir, llegado el momento, la vida sexual que mejor satisfaga sus requerimientos personales. Una cosa es respetar la libre decisión de un adulto de mantener relaciones homosexuales, y otra muy distinta es aceptar que un niño o menor sea incorporado a un ámbito cotidiano de influencia que pueda inducirlo a optar por estilos y conductas que, en definitiva, son contrarios a la naturaleza humana.

 

Quienes tienen a su cargo la protección de la niñez, en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, están obligados a tomar los recaudos necesarios para evitar que los menores reciban una formación contraria a la que supuestamente ha de conducir a su normal desarrollo. El menor no debe recibir una educación que, de acuerdo con básicos criterios de razonabilidad, pueda exponerlo a entrar en conflicto con principios que imperan mayoritariamente en la sociedad.

 

Aparte de esa razón fundamental, inspirada en el interés sustancial del menor -al cual debe subordinarse plenamente la institución civil de la adopción- hay otro motivo que conviene tener en cuenta. La misión de la ley no se agota en la función regulatoria y ordenadora de las conductas individuales y sociales. La ley tiene, además, una función educadora o docente, en el sentido de que sus disposiciones señalan y definen modelos de conducta ejemplares o deseables. En orden al desarrollo de los patrones de normalidad moral y social, está claro que esos modelos pasan por el paradigma de la familia tradicional, estructurada sobre la base de la unión del varón y la mujer, como lo prescribe la ley de matrimonio civil.

 

Por lo tanto, no es posible aceptar que las parejas constituidas por homosexuales accedan a la institución civil de la adopción. Esa posibilidad debe quedar reservada a los matrimonios o, en todo caso, a las personas individuales que puedan garantizar que el menor recibirá una formación acorde con los lineamientos y principios del sistema de costumbres consagrado por la moral pública tradicional.

 

El factor principal que se debe considerar, es siempre el interés del menor. Así como en el caso de dos hermanos, se debe priorizar la posibilidad de que ambos sean adoptados por la misma familia, en cualquier otro caso se debe favorecer siempre la adopción que brinde las mayores garantías posibles, de que el menor accederá a una educación orientada a lograr su desarrollo normal y armónico, y su plena inserción en la sociedad.

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