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Fuego cruzado

Por Armando Maronese - 22 de Septiembre, 2005, 2:54, Categoría: Política - Políticos

Recientes estudios de opinión ayudan a discernir los valores que, muy pronto, habrán de influir sobre el comportamiento electoral. ¿Qué buscan los ciudadanos cuando ejercen su derecho a elegir a los gobernantes?  

 

Desde el inicio del debate en torno del republicanismo moderno, dos grandes argumentos cruzaron el espacio de la ciudadanía. Como a esa forma de gobierno no se la entiende, en clave moderna y contemporánea, sin la mediación del sistema representativo, la primera de estas versiones imaginó a un ciudadano autónomo, con capacidad para valerse por sí mismo y con los atributos necesarios para discernir, libre de las presiones de la demagogia y el dinero, sobre el bien general de la República.

 

Convengamos en que los ideales contenidos en este argumento conservan innegable actualidad. ¿Qué mejor escenario, como dijo Franklin D. Roosevelt en 1941, que aquel protagonizado por ciudadanos libres de la necesidad impuesta por las carencias económicas y sociales?

 

Esta idea de la libertad, que se abrió camino durante el turbulento siglo pasado, propuso, a modo de respuesta frente a las calamidades del totalitarismo, un proyecto de sociedad basado en la seguridad básica de la vida, el pleno empleo y el goce extendido de una trilogía de derechos: civiles, políticos y sociales.

 

Mutatis mutandis, y más allá de los cambios acaecidos con respecto al Estado de bienestar en los últimos veinticinco años, este repertorio de valores sobrevive con fuerza en la conciencia ciudadana. Cuando las encuestas (por ejemplo, las de la consultora Poliarquía) reflejan que en Buenos Aires -ciudad y provincia-, los principales problemas son, en primer lugar, la falta de trabajo y luego, por orden decreciente, la inseguridad ante delitos, la pobreza e indigencia, y la deficiente atención a la educación, este conjunto de respuestas está, espontáneamente, diseñando un cuadro en el cual resalta la fragilidad de nuestra trilogía de derechos.

 

Los porteños y bonaerenses quieren trabajo, seguridad y educación y salir de la encerrona a que los condena la pobreza y la indigencia; vale decir, exigen el goce de derechos civiles y sociales.

 

Resulta obvio señalar, en este sentido, que los derechos políticos, fundados entre nosotros desde mediados del siglo pasado en el sufragio universal masculino y femenino, son el medio necesario para garantizar esos derechos civiles y sociales, ahora heridos por sentimientos de privación de justicia.

 

Este debería ser, al cabo, el objetivo primordial de la libertad política plasmada en el sufragio universal.

 

Empero, a caballo del proceso de incorporación de un número cada vez mayor de ciudadanas y ciudadanos a las contiendas electorales, fue cobrando fuerza un segundo argumento que pretende convertir al ciudadano, en tanto sujeto de la soberanía, en un objeto apto para la manipulación de los expertos.

 

Mientras aumentaban vertiginosamente los recursos tecnológicos y el poder de la imagen, esta puesta patas arriba del principio republicano trajo como consecuencia el renacimiento de un viejo apotegma de raíz maquiavelista: gobernar es, en efecto, hacer creer.

 

De la mano de esta sentencia, mezcla de cinismo e inteligente sentido de la oportunidad, los comicios han pasado a ser una suerte de usina de votos manejada por profesionales entrenados en estos temas. Estos nuevos consejeros del príncipe, de acuerdo con la jerga en boga, se lanzan en procura de "instalar" la imagen de un candidato y mejorarla al ritmo de una auscultación constante de la opinión pública.

 

El ritmo de estas maniobras puede llegar hasta el punto de que los candidatos se vean constreñidos a cambiar su "discurso" cuantas veces sea necesario para alcanzar el premio de la victoria.

 

Este trajín, acaso frenético si crece la incertidumbre, erosiona el viejo argumento que concibe al ciudadano como una persona digna, dotada de autonomía. De imponerse estos criterios en forma definitiva, ya no prevalecería más la oferta de un candidato dirigida a sus conciudadanos, para convencerlos de la calidad de su programa, sino la demanda inducida de la gente que producen unos instrumentos al servicio de la captación de votos: encuestas, propaganda publicitaria, comunicación, etcétera.

 

Los mecanismos que pone en funcionamiento esta fábrica de creencias son, pues, tan variados como, a veces, inútiles. Esta apreciación deriva del hecho de que los electores no son, al cabo, tan manipulables como parecen. Más aún en una sociedad transida, con toda razón, por hondos sentimientos de desconfianza.

 

Si observamos el desenvolvimiento de la campaña electoral, es evidente que el Gobierno ha modificado sus discursos en consonancia con las señales provenientes de las encuestas.

 

En estos días se alude a los resultados positivos de la gestión gubernamental, sin abandonar, por cierto, algún condimento de confrontación frente a supuestos enemigos.

 

Mientras ese sube y baja cubre gran parte de la trama de los discursos, el Gobierno ha volcado al combate electoral un conjunto de recursos (clientelísticos, de movilidad con transportes oficiales y de propaganda, ostensible u oculta) que colocan a sus candidatos en un nivel de superioridad con respecto a los opositores.

 

Con esto quiero decir que el supuesto republicano, según el cual el Estado debe actuar con neutralidad ante la expresión plural de las diferencias, ha ido a parar al desván de los recuerdos.

 

Esto no es nuevo: en plena campaña se gasta más, se promueven iniciativas, se inauguran obras, se aumentan salarios y jubilaciones. Si, como habitualmente ocurre en la Argentina, el Estado se confunde generosamente con el Gobierno, el escenario está montado para una competencia en la cual hay candidatos que corren con ventaja, en especial cuando se fragmentan tanto el partido oficial como los de oposición.

 

Claro está que, sin un mínimo rendimiento gubernamental, la fábrica de creencias puede quebrar, o al menos empantanarse en un concurso de acreedores. Sobre esto no caben mayores especulaciones: el crecimiento anudado con el superávit fiscal mantiene firme, por el momento, el velamen de la administración.

 

El problema está en otro lado, en el frente de los precios, y abre serios interrogantes cuando, al congelar tarifas públicas, se demora un necesario sinceramiento para alentar la inversión.

 

Esta manera de conquistar votos provenientes de los que, sin mucha precisión, se denominan sectores medios está complicando el mediano y el largo plazo. Para ganar se hace creer que el precio de los servicios actuales no habrá de modificarse, con lo cual esa apuesta de tiro corto se transforma en fuente de nuevas dificultades durante el próximo año. Todo sea, en fin, por el laurel del triunfo, más cercano en la provincia que en la ciudad de Buenos Aires.

 

Con estos hechos a la vista, nuestra democracia prosigue avanzando en busca de un rumbo que libere al ciudadano del fuego cruzado de la manipulación del voto y de los gobiernos electores.

 

No será fácil avizorar el camino hasta tanto nuestro sistema representativo no sea capaz de impedir que las políticas de fondo hagan las veces de instrumentos tácticos y, por ende, aplicables según los cálculos de oportunidad al combate electoral.

 

Ignoramos cuándo llegará a cuajar este temperamento. Por ahora parece que no.

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AM

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