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Rechazan un conflicto de Poderes que planteó Solá

Por Armando Maronese - 3 de Septiembre, 2005, 0:30, Categoría: Política - Políticos

El Senado pidió a la Corte que desestime el recurso del Gobernador. El Senado bonaerense hizo una presentación en la Suprema Corte de Justicia bonaerense para reclamar al tribunal que rechace el "conflicto de Poderes" planteado por el gobernador Felipe Solá con la Legislatura por la aprobación de la ley que modifica el régimen jubilatorio de los empleados del Banco Provincia. 


La presentación de la Cámara Alta, suscripta por la vicegobernadora Graciela Giannettasio en su carácter de presidenta de ese cuerpo -donde se redactó el proyecto original que finalmente se convirtió en ley-, contó con el patrocinio del reconocido abogado constitucionalista Daniel Sabsay.


En el escrito de veinte carillas, el Senado señaló que el planteo del Gobernador es "incoherente y contrario a sus propios actos" y afirmó que la medida adoptada por Solá "constituye una suerte de 'atajo' para desconocer una decisión fundamental de la Legislatura".

Además, acusó al Gobernador de apelar a un "argumento falso" con el objetivo de "paralizar la facultad de insistencia del Poder Legislativo" ante un veto del Ejecutivo.


Y se sostuvo en ese sentido que se produce "un desequilibrio en la relación entre los Poderes en desmedro del Legislativo, convirtiendo al Ejecutivo en un todopoderoso capaz de desconocer la voluntad del primero, destruyendo su primacía en materia legislativa, que es su función por antonomasia".


La Vicegobernadora también aseguró que de este modo el Legislativo "se convierte en una suerte de prisionero del Ejecutivo".


EL VETO DE SOLA


La polémica ley fue aprobada por la Legislatura el 1º de junio y, exactamente un mes después, fue vetada por Solá, ya que consideró que la norma es "inviable" porque "tiende a incrementar el déficit" de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Bapro.


En los fundamentos del veto, el Gobernador destacó que ese déficit "deberá ser soportado exclusivamente por nuestra Provincia, quedando fuera de la cobertura financiera de la Nación".


También dijo que resultan "especialmente grave" las previsiones que definen que el derecho a las prestaciones se regirá por la ley vigente a la fecha de cese de la actividad, de la muerte del causante o del día presuntivo de su fallecimiento declarado judicialmente.

Solá sostuvo además que la ley "violenta manifiestamente la actual regulación en la materia" y señaló que "tampoco resulta valorable" el diseño del directorio de la Caja, conformado por un presidente, ocho vocales titulares e igual número de suplentes, de los cuales sólo cuatro -en total- serán designados por el Ejecutivo, "invirtiéndose las proporciones lógicas".


RECHAZO DE LA LEGISLATURA


El veto del Ejecutivo fue rechazado el 3 de agosto por la Legislatura -con el voto de la totalidad de los senadores y diputados que asistieron a las sesiones-, por lo cual el Gobernador decidió recurrir a la Corte bonaerense para plantear un "conflicto de Poderes".

En la presentación realizada la semana pasada, Solá planteó que la ley avanza sobre el Presupuesto provincial porque generan "nuevos gastos" y que, por esa razón, corresponde al Ejecutivo y no al Legislativo definir su redacción.


La respuesta de la Legislatura llegó a través de la Vicegobernadora, quien "en representación del Senado" hizo una presentación en la Corte para solicitar al tribunal que rechace el "conflicto de Poderes" que planteó Solá y disponga "la inmediata promulgación de la ley sancionada".


Giannettasio recordó en el escrito que el proyecto de ley "tomó estado parlamentario el 24 de noviembre de 2004 después de varias reuniones en las que participó, entre otros, el ministro de Economía (Gerardo Otero)". Y agregó que se trató de una iniciativa "ampliamente conocida por la propia Gobernación y por funcionarios del Ejecutivo, que no formularon observaciones".


Luego de explayarse sobre las razones por las que considera que no existe el "conflicto de Poderes" planteado por Solá, remarcó que "la demanda analiza en forma aislada algunas medidas que podrían tener impacto económico negativo en el esquema del sistema vigente, pero no tiene en cuenta otras modificaciones que también debieran ser analizadas porque tienen impacto en sentido contrario al indicado por el Gobernador".


Agregó que "la ley modifica el esquema financiero del sistema, por lo que resulta necesario analizar la cuestión en forma global porque en dicho marco el impacto presupuestario a que hace referencia el Gobernador para fundar la denuncia, carecerá de sustento cierto y actual".


"IMPROCEDENCIA" Y "TERGIVERSACION"


Tras remarcar que el reclamo de Solá es "improcedente", Giannettasio sostuvo que "además de las cuestiones que a criterio del Gobernador implican un 'nuevo gasto' o erogación, plantea otras objeciones que no tienen implicancias presupuestarias y respecto de las cuales no se fundamenta la existencia de conflicto de Poderes".


En la presentación del Senado se recordó asimismo que la financiación del sistema previsional está "asegurada" por el convenio firmado con el gobierno nacional, que se comprometió a dar un anticipo en dos cuotas -a cuenta del déficit- de 200 millones de pesos. Por eso, insistió en destacar que, contrariamente a lo que sostiene Solá, "no hay nuevo gasto ni aumento del déficit previsional en lo inmediato como consecuencia de la nueva ley".


Por último, se afirmó que el Gobernador "incurre en grosera tergiversación" cuando cuestiona el nuevo sistema de gobierno de la Caja de Jubilaciones, ya que con la ley anterior el Ejecutivo "no designaba ningún vocal y ahora no sólo designa dos, sino que mantiene otros dos a través de los destinados por el Banco y sus afiliados".

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